Las administraciones públicas no están obligadas a cumplir con los requerimientos que le hace el Defensor del Pueblo, cargo que ocupa el socialista Ángel Gabilondo desde noviembre de 2021. Pero sí a responder. Aunque numerosos organismos públicos ni siquiera llegan a hacerlo ante las peticiones de información o de ampliación de la misma, las sugerencias, los recordatorios legales o las recomendaciones que reciben.
En Murcia, por ejemplo, un 25% de sus ayuntamientos entorpecieron su labor durante el pasado año. Aunque no solo los consistorios no colaboran. Ministerios y consejerías también se incluyen en esta lista que se publica de forma anual.
"Entorpecedoras". Es así como desde la institución denominan a aquellos organismos que no han respondido al tercer requerimiento del Defensor del Pueblo como parte de una investigación de presuntas irregularidades. El pasado año 155 de ámbito estatal, autonómico, provincial, local y otros, cuya gestión pertenece en parte a la función pública, fueron calificadas como tal. De ellas, 134 eran ayuntamientos.
De esta manera, este grupo de administraciones, junto a la Diputación Provincial de Málaga, concentra casi un 90% de todos los organismos públicos que no colaboraron con el Defensor del Pueblo durante el pasado año.
Cabe destacar que en las pequeñas Administraciones, sobre todo locales, no se dispone de los mismos medios con los que pueden contar otros consistorios de grandes urbes como el de Madrid o Barcelona. Así, entra dentro de cierta normalidad que los municipios conformen buena parte de los organismos no colaboradores.
Tampoco son iguales los tiempos de respuesta ante una solicitud de información sobre cuestiones urbanísticas, como pueden ser las relacionadas con repartos de parcelas, como aquellas relacionadas con olores o ruidos indeseados.
Por ejemplo, es mucho más engorrosa la recogida de información sobre la solicitud de reconocimiento de titularidad privada sobre los metros de un terreno que ocupó el ayuntamiento granadino de Otívar, que la referente a las molestias generadas por un local hostelero en el municipio catalán de Sant Quirze del Vallès, o los ocasionados por este mismo tipo de establecimientos en el municipio murciano de San Javier.
Por esta razón resulta reseñable que la mayoría de expedientes sin respuesta municipal con los que cuenta el Defensor del Pueblo tras hacer tres requerimientos estén motivados por temas relacionados con la convivencia. De hecho, la mayoría de estas cuestiones tienen que ver con la colocación de contenedores o ruidos generados por locales hosteleros, como los mencionados anteriormente.
La ubicación de los ayuntamientos no colaboradores con el Defensor del Pueblo destaca por lo más o menos uniforme de su reparto geográfico. Pero también cabe destacar a aquellas provincias que no salen en el mapa: en 12 de las 52 no hay ninguna administración considerada entorpecedora por el Defensor del Pueblo. Son Huelva, Valladolid, Segovia, Navarra, Lérida, Castellón y las tres provincias aragonesas y vascas.
También destacan los porcentajes de consistorios no colaboradores respecto al total de municipios en la región. El mayor se encuentra en Murcia, seguida de Madrid, Las Palmas y Pontevedra, pero sin una proporción de no colaboración tan alta. Las tres cuentan con alrededor de un 8% de Ayuntamientos no colaboradores.
Algunas de estas Administraciones no es que hayan entorpecido la labor del Defensor del Pueblo por no colaborar en algún expediente durante el 2022, sino que algunas de ellas lo han hecho en más de uno sin estar éstos relacionados con una misma causa.
En esta ocasión y a pesar de que los Ayuntamientos continúan constituyendo la gran mayoría, con más de un 87%, también aparecen en el listado otras Administraciones Públicas con ámbitos de actuación más amplios y, por tanto, más medios. Es el caso del Ministerio de Universidades, que cuenta con cuatro expedientes con el tercer requerimiento del Defensor del Pueblo sin contestar. El departamento que encabeza Joan Subirats comparte este cuestionable liderazgo con el Ayuntamiento murciano de Cartagena.
A nivel autonómico se encuentran como entorpecedoras por más de una queja ciudadana la Consejería de Presidencia y Administración Pública de Melilla por inactividad administrativa en ambos casos, así como el departamento de Educación, Universidades, Cultura y Deportes del Gobierno Canario que cuenta con un expediente sin responder por falta de profesorado en la Escuela de Capacitación Agraria de Arucas y otro por el retraso en la declaración de Bien de Interés Cultural del lenguaje de silbidos procedente de la isla de La Gomera y el Hierro.