La delegación territorial de Salud de Granada aparta a una funcionaria de la gestión de subvenciones tras denunciar ilegalidades internamente

A la consejería de Salud y Consumo se le acumulan los despropósitos e ilegalidades. Ahora se trata de la delegación de Granada, donde una funcionaria ha sido apartada de sus funciones al intentar ejercer su derecho legal a formular un voto particular en el acta de la Comisión de Valoración de las subvenciones para asociaciones de consumidores, con el que pretendía dejar constancia de una presunta ilegalidad, a lo que se negó el presidente de dicha Comisión, Francisco Luna Sempere, jefe del Servicio de Consumo.

La funcionaria, que prefiere mantenerse en el anonimato para no seguir sufriendo represalias, ha acabado denunciando su caso al Defensor del Pueblo Andaluz, por trato denigrante, y a la Oficina Andaluza Antifraude, por presuntas ilegalidades cometidas en subvenciones de consumo. Previamente había presentado las denuncias internamente sin resultado alguno: ni el delegado territorial de Salud de Granada, Indalecio Sánchez-Montesinos García, ni la consejera de Salud y Consumo, Catalina García Carrasco, actuaron con el sentido común que requería este caso (al margen de lo que exige el ordenamiento jurídico) tras recibir las denuncias de la citada funcionaria durante varios meses de 2022 y 2023, y en marzo de 2023, respectivamente.

Resulta inadmisible e ilegal que un presidente de un órgano colegiado, como ocurre con la citada Comisión de Valoración según las bases reguladoras, deniegue a un vocal de dicho órgano que manifieste su voto particular y que conste en el acta. Debe señalarse que, según el artículo 94 de la Ley 9/2007, de Administración de la Junta de Andalucía, corresponde a los miembros de los órganos colegiados “ejercer el derecho al voto y formular su voto particular, así como expresar el sentido de su voto y los motivos que lo justifican.”

Como poco, debería haberse abierto un expediente disciplinario o de actuaciones previas a dicho jefe de Servicio, para dirimir su posible responsabilidad en este caso, por oponerse a que la funcionaria pudiera ejercer su derecho reconocido legalmente. ¿Acaso el jefe de Servicio pretendía ocultar algún hecho?

Al contrario, de los hechos acontecidos posteriormente se deduce una resistencia numantina de los cargos políticos y directivos de la consejería de Salud y Consumo a actuar contra dicho jefe de Servicio, protegiendo al autor de esta grave ilegalidad, permitiendo, para colmo, que dicho jefe de Servicio la haya apartado de su función de tramitación de subvenciones tras denunciar lo ocurrido a los superiores jerárquicos.

Tal como relata la funcionaria en la denuncia presentada el pasado 19 de marzo a la consejera de Salud y Consumo, Catalina García, la funcionaria afectada ocupaba su puesto con carácter definitivo desde el mes de junio de 2022, tras ganarlo en un concurso de méritos. Antes de solicitarlo, se informó de las funciones del puesto que pretendía solicitar en dicho concurso, averiguando que se trataba de tramitar y gestionar las subvenciones en materia de consumo. Dicho puesto de trabajo lo había desempeñado antes otra funcionaria de forma provisional y, antes que ella, el funcionario que ocupa la jefatura del Servicio de Consumo, Francisco Luna. De hecho, como relata la funcionaria en su denuncia, al incorporarse a su puesto en la Delegación, el jefe de Servicio le preguntó si sabía algo de subvenciones, respondiendo afirmativamente, dado que había estado 9 años gestionando subvenciones en la Delegación de Igualdad.

Al mes de tomar posesión de su puesto, se convocaron las subvenciones destinadas a las asociaciones de consumidores, mediante la Resolución de 27/06/2022, de la Dirección General de Consumo (BOJA de 4/07/2022). En el mes de agosto comenzó a trabajar con las subvenciones tras recordarle al jefe de Servicio que no había recibido ninguna indicación suya para iniciar la gestión de las subvenciones. Tras iniciar los trabajos, el propio jefe de Servicio le remitió a la funcionaria un correo electrónico el 18 de agosto de 2022 con el siguiente literal: “…Me ha sido muy útil después de revisar las solicitudes, ver tus documentos de chequeo para que no se me escapara nada en los requerimientos. Magnífico trabajo, gracias (…) Saludos y enhorabuena nuevamente por tu labor…”. Es decir, el propio jefe de Servicio alabó su gestión, aunque más adelante la apartaría de estas funciones de tramitación de subvenciones por intentar reflejar en el acta de la Comisión de Valoración su voto particular.

El detonante de la situación denunciada por la funcionaria

El detonante de la situación lo constituyen dos hechos: uno, ciertas discrepancias que tuvo dicha funcionaria con el jefe del Servicio sobre la concesión de una subvención a una de las asociaciones, advirtiendo dicha funcionaria sobre ciertos incumplimientos por parte de dicha asociación; y dos, que el jefe del Servicio se negara como presidente de la Comisión de Valoración de las subvenciones a que ella reflejara en el acta su voto particular. Dicha funcionaria había sido designada vocal de la Comisión por el propio delegado territorial de Granada mediante resolución de 02/08/2022.

Ante la gravedad de lo ocurrido, y dado que la relación con el jefe de Servicio iba a peor, remitió un correo en octubre a la secretaria general de la Delegación, María Jesús Pérez Moreno, relatando los hechos. Entre otras manifestaciones, le informó que estaba siendo presionada por el jefe del Servicio “para obedecer sus órdenes y sus decisiones, derivando en acoso hoy, al decirle al jefe de servicio que no quería avalar con mi firma la propuesta provisional ya publicada, y que por ello renunciaba a la Comisión de Valoración de la convocatoria de subvenciones en régimen de concurrencia competitiva, destinadas a Asociaciones, Organizaciones y Federaciones de Asociaciones y Organizaciones de personas consumidoras y usuarias….”. Con dicha renuncia pretendía evitar las presiones y acoso denunciados.

Como no se resolvían los problemas, la funcionaria presentó un escrito por registro dirigido al delegado territorial, Indalecio Sánchez-Montesinos, exponiendo todos los hechos. El día 3 de noviembre, recibe una llamada de la secretaria general de la delegación diciéndole que el delegado quiere verla: se pone él al teléfono y le pide que vaya, que él quiere hablar con ella junto a la secretaria general y el jefe de Servicio.

La escena se la pueden imaginar. Como relata la denunciante, se había constituido una mesa con un claro efecto intimidatorio, que lógicamente le incomodaba como presunta víctima del acoso, por decirlo suavemente, en el que estaba presente el propio denunciado y presunto acosador. Los tres disponían del escrito que había dirigido la funcionaria al delegado territorial, Indalecio Sánchez-Montesinos. No es por nada, pero la incompetencia de este delegado ha quedado en evidencia con esta sorprendente actuación.

En dicha reunión, según se indica en la denuncia presentada por la funcionaria a la consejera de Salud, el delegado le dijo, entre otras cosas, que “no estaba interpretando bien las cosas, que se necesitaba su tiempo, que el jefe era Francisco Luna Sempere y que confiaba en él plenamente”. Los hechos posteriores evidencian que el tiempo no ha solucionado nada, sino que se ha empeorado la situación, a pesar de “su confianza plena” en el jefe del Servicio.

Según relata la funcionaria en su denuncia a la consejera, al delegado “le transmití mi estado de ánimo negativo, pues no me sentía cómoda con esa escena intimidatoria, dado que no me había dado la oportunidad de hablar a solas con él, como lo había hecho previamente con el jefe del Servicio…y me sentí discriminada (…). La pregunta que me hago, con todo el respeto, es la siguiente: cuándo hay sospecha de presiones o acoso laboral, ¿se interroga a la presunta víctima delante del presunto responsable? En mi caso, así ocurrió”.

Y ocurrió un hecho que, de ser cierto, raya en lo kafkiano. Indica la funcionaria en su denuncia a la consejera de Salud que “también me dijo el Delegado que conmigo no iba a hablar de trabajo, lo cual es sorprendente, dado que según los artículos 38 y 39 de la Ley 9/2007, de Administración de la Junta de Andalucía, le corresponde: …”, relacionando la funcionaria en el escrito todas las funciones legales del delegado territorial, al que le compete hablar de trabajo con cualquier funcionario de la delegación, obviamente. Es muy típico en la Junta que los altos cargos se escuden en los jefes (nombrados por libre designación) para no hablar con el resto del personal, porque en muchos casos quedarían en evidencia ante sus subordinados por su incompetencia y desconocimiento en la materia.

La funcionaria indica igualmente que tras “esta cita con el delegado, la secretaria general y el jefe de Servicio, el ambiente laboral se tensó, y mi estado de salud física y emocional lo resintió. El día 9 de noviembre pasado, el médico de cabecera me expidió la baja laboral, reincorporándome el pasado 10 de enero”. A partir de aquí, todo fue a peor, según relata: “las tensiones y discusiones con el jefe de Servicio han seguido, lo cual yo intentaba evitar. Por ejemplo, mis asuntos los ha tratado con compañeros antes que conmigo, hasta el punto de que me enteré a través de ellos de que me iba cambiar las funciones de mi puesto de trabajo”.

Según relata en la denuncia, el día 14 de febrero recibió la visita de la Asesora Técnica de Prevención Riesgos Laborales, informándole que “la Secretaria General (…) le ha pedido que me informe del protocolo de acoso y también me proporciona una copia del antiguo y del nuevo. En la conversación de más de una hora con ella me derrumbé anímicamente varias veces, llorando y sintiéndome muy mal. Ella me consuela, me apoya en esos momentos, pero dice que es grave lo que he indicado en el escrito, como:

“…Las presiones, el hostigamiento del Jefe de Servicio de Consumo, Francisco Luna Sempere van a mayor, lo último fue el jueves 9 de febrero. Fui a su despacho, dejé la puerta abierta, ya no la cierro, aunque él quiera hablar a puerta cerrada…”

Y sigue relatando a continuación: “A lo largo de la conversación con ella, deduzco por sus palabras que el acoso tiene que ser continuado, reincidente por lo menos 6 meses. A ello le respondo que se informe de los inicios, que fueron en septiembre y octubre, y que envié un escrito al delegado el día 27 de octubre, y que estoy sufriendo las consecuencias de ese escrito. Me dice la Técnico Laboral de Prevención de Riesgos Laborales que de ese escrito no tiene constancia (aun habiendo hablado con la Secretaria General, que lo conocía). Tampoco tenía información de la reunión mantenida posterior al escrito, el día 3 de noviembre cuando me llamó el Delegado Territorial a su despacho y estaban además de él, la Secretaria General y el Jefe de Servicio. Respecto a esta reunión comenta que no se debe actuar así.”

La consejera de Salud se desentiende de la denuncia presentada por la funcionaria

Por último, indica la funcionaria en su denuncia que “varios sindicatos se han puesto en contacto conmigo para conocer con detalle lo ocurrido, ante la gravedad de los hechos. De momento, he preferido acudir a la máxima responsable de la Consejería, con el fin de que adopte las medidas oportunas para solucionar definitivamente el asunto, de la que espero la máxima agilidad para resolver el grave problema expuesto en el presente escrito”.

A la consejera de Salud le corresponde la superior dirección, iniciativa, coordinación, inspección y evaluación en su ámbito funcional, correspondiéndole la responsabilidad inherente a tales funciones, y al viceconsejero de la consejería de Salud le corresponde desempeñar la jefatura superior de todo el personal de la Consejería. Sin embargo, en vez de tomar cartas en el asunto e interesarse por el presunto acoso de un jefe de Servicio a una funcionaria, la consejera Catalina García derivó la denuncia a la delegación, sabiendo que el delegado no había resuelto el problema y que había actuado de forma incorrecta, tal como había relatado la funcionaria, desentendiéndose de lo ocurrido. De hecho, le notificaron por correo a la denunciante desde la Secretaría de la consejera que “hemos recepcionado su documentación, la cual ha sido trasladada a la Delegación Territorial para conocimiento y efectos oportunos”. Y punto. Otro lavado de manos, como es habitual en dicha consejería.

El último acontecimiento ocurrido necesitaría ser investigado. El Real Decreto 625/2014, por el que se regulan determinados aspectos de la gestión y control de los procesos por incapacidad temporal en los primeros trescientos sesenta y cinco días de su duración, establece en su artículo 5 que “los partes de alta médica podrán también ser extendidos por los inspectores médicos del servicio público de salud…tras el reconocimiento médico del trabajador afectado”. Sin embargo, una inspectora de la delegación territorial de Salud y Consumo de Granada le ha dado el alta a dicha funcionaria sin un reconocimiento médico previo.

La funcionaria ha recurrido dicha alta al delegado de Granada con asistencia letrada, pero lo ha desestimado indicando que “…en el control indirecto realizado se ha valorado diagnóstico, medicación, síntomas, y características de su actividad laboral. No se refleja en historia clínica signos de agudización o alarma clínica. En tratamiento con…”. Es decir, el delegado Indalecio Sánchez-Montesinos reconoce implícitamente que no ha existido el previo reconocimiento médico a la paciente que exige la citada normativa. De hecho, no ha desvirtuado dicha alegación en la desestimación del recurso.

Al expedirle el alta médica, la funcionaria deberá acudir a su centro de trabajo bajo las órdenes del jefe de Servicio que ha denunciado por presunto acoso.

Entre los documentos obtenidos por la funcionaria tras sus múltiples denuncias, se encuentra un escrito suscrito por el jefe de Servicio con fecha 24/05/2023, titulado “Normas de funcionamiento de la Comisión de Valoración prevista en las bases reguladoras de las subvenciones…”. En el apartado denominado “Normas Generales de participación en la Comisión”, se indica que “todo trabajador del Servicio de Consumo de los grupos A1 y A2 que participe en la tramitación de las subvenciones formará parte de la Comisión de Valoración, debiendo cumplir lo establecido en esta normativa interna de funcionamiento…”.

Es decir, al haber apartado a la funcionaria denunciante de la función de tramitación de dichas subvenciones, el jefe de Servicio ha conseguido con esta norma que dicha funcionaria no vuelva a participar en la citada Comisión de Valoración. ¿Acaso no es esto un signo evidente de una represalia contra esta trabajadora por haber denunciado a los superiores jerárquicos lo ocurrido con el citado jefe de Servicio? Ante este cúmulo de despropósitos de los responsables de la consejería de Salud y Consumo, que no han actuado como exigía las circunstancias y, según se deduce de los hechos, han protegido al citado jefe de Servicio, la funcionaria ha denunciado todos los hechos ante el Defensor del Pueblo Andaluz, por el trato denigrante, y la Oficina Andaluza Antifraude, por posibles ilegalidades en materia de subvenciones a asociaciones de consumidores y por lo ocurrido en la citada Comisión de Valoración. A esta última institución le ha solicitado protección como denunciante, tal como está previsto en la Ley.