Destapan una red marroquí que regularizaba a mujeres con falsas denuncias de malos tratos

Operación Casamentero. El nombre con el que culminó la investigación adelanta parte de su trasfondo, pero no todos los matices que encierra. Porque más allá de relaciones ficticias, lo que han revelado la Policía Nacional es una red para regularizar a mujeres inmigrantes con falsas denuncias de malo tratos y que operaba en las provincias de Granada y Almería. La organización, previo pago de entre 4.000 y 6.000 euros, buscaba a a potenciales agresores entre la comunidad marroquí en situación irregular.

Hasta el momento han sido detenidas cuatro mujeres y tres varones procedentes de Marruecos a los que se acusa de los delitos de acusación y denuncia falsa, simulación de delito, favorecimiento de la inmigración ilegal y pertenencia a organización criminal.

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Las pesquisas se iniciaron tras recibirse una denuncia en los Juzgados de Motril de un hombre marroquí al que habían prometido y no pagado la cantidad de 3.000 euros por protagonizar una falsa agresión física en público hacía una compatriota. Esta situación dio origen a un procedimiento penal por violencia de género en el que el hombre fue condenado con su conformidad en un juicio rápido en el que el supuesto agresor y la víctima simularon tener una relación sentimental.

De forma paralela la Unidad de Atención a la Familia y Mujer (UFAM) de la Comisaría de Motril comenzó a investigar una serie de casos de violencia de género entre ciudadanos marroquíes que compartían una serie de patrones comunes. Las pesquisas de los agentes “confirmó la existencia de una organización criminal” integrada por extranjeros de origen marroquí, asentada en los términos municipales de Gualchos (Granada) y El Ejido (Almería), que compatibilizaban su actividad como jornaleros agrícolas con la captación de mujeres marroquíes que estuvieran dispuestas a obtener ilegalmente residencia en España como falsas víctimas de violencia de género.

El pago a los falsos maltratadores incluía protagonizar una agresión en público y asumir la culpa durante el juicio

Las distintas indagaciones revelaron que cada una de ellas pagaba a la red entre 4.000 y 6.000 euros a la organización; mientras que los falsos maltratadores percibían una media de 500 a 1.000 euros por protagonizar una agresión física en un local público y asumir una condena judicial como autores de violencia de género contra su supuesta pareja.

Durante la investigación se llevaron a cabo dos registros domiciliarios en las localidades de Gualchos y El Ejido. En ellos se intervinieron dinero en efectivo producto de la actividad ilícita de los miembros de la red criminal, así como denuncias policiales, autos y sentencias judiciales sobre procedimientos por delitos de violencia de género. También se hallaron numerosos resguardos de envíos de dinero a Marruecos, que demostrarían pagos y distracción de los beneficios económicos obtenidos.

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Como consecuencia de este trabajo ha aflorado la regularización ilegal de al menos diez mujeres marroquíes, que habían denunciado ante los cuerpos de seguridad de Granada y Almería el haber sido víctimas de maltrato. Las sentencias dictadas en conformidad les otorgaron ilegalmente el derecho de residencia, que serán extinguidas a instancia del Grupo I de la Unidad Central contra las Redes de Inmigración y Falsedad Documental (Ucrif) de Granada.

Los tres principales investigados han sido puestos a disposición del juzgado de Motril al frente del caso, el cual ha adoptado contra ellos la prohibición de salida del territorio nacional.

La investigación de la operación Casamenteros ha sido liderada por las Brigadas Provinciales de Extranjería y Fronteras de Granada y Almería, junto con la Brigada Local de Policía Judicial de Motril.