Bruselas corrige a Sánchez: el pago por uso de autovías es un compromiso de los fondos europeos

La Comisión Europea ha confirmado que el Gobierno se comprometió con el Ejecutivo comunitario a la introducción de un sistema de pago por uso de autovías como parte del plan nacional de inversiones y reformas que da acceso al Fondo de Recuperación acordado por la UE en 2020. "El plan de recuperación español, tal y como fue propuesto por España y aprobado por la Comisión y después por el Consejo, incluye el compromiso de adoptar una Ley de Movilidad Sostenible y Financiación del Transporte para diciembre de 2023", ha explicado Veerle Nuyts, portavoz de la Comisión Europea para Asuntos Económicos.

La introducción de peajes o al menos de un “mecanismo de pago” por uso de autovías formaba parte del sexto tramo de fondos y provocó un revuelo en la política nacional después de que Pere Navarro, actual presidente de la Dirección General de Tráfico (DGT), se refiriera la semana pasada a la medida como una "imposición" de Bruselas. "Bruselas nos impone, nos exige, poner peajes. Nos dice que el dinero que nos están enviando no es para conservación y mantenimiento de carreteras, es para otras cosas, con lo cual, debemos poner peajes como una exigencia si queremos recibir más dinero", señaló Navarro. El Gobierno desmintió esta información pocas horas después. Raquel Sánchez, ministra de Transporte, se mostró tajante: "Quiero desmentir categóricamente que el Gobierno esté pensando en la imposición de peajes por el uso de carreteras".

En realidad, el Gobierno tenía margen para negociar medidas con la Comisión Europea en el marco de su plan nacional, como demuestra el hecho de que se incluyera como uno de los hitos del plan la vinculación de las pensiones a la evolución del IPC a pesar de la oposición inicial del Ejecutivo comunitario. "Entendemos que el plan español se refiere a un mecanismo que entrará en vigor a lo largo del 2024 en línea con el principio de que el contaminante paga. Analizaremos esta medida cuando llegue la petición del quinto pago, esto no es una discusión para ahora", ha añadido la portavoz, aunque en realidad se trata de un compromiso del sexto tramo.

De hecho, aunque ahora el Gobierno niega que estuviera en sus planes, en agosto de 2022 el ministerio lanzó los trabajos para estudiar la implementación de estos mecanismos de pago encargando nueve informes de impacto a la consultora pública Ineco. Entonces, el Gobierno justificaba la implementación de esta medida señalando que formaba parte de las Recomendaciones Específicas de País (CSR, por sus siglas en inglés) y subrayaba que consistía en tomar medidas similares a las de otros países europeos, como Italia, Francia o Portugal.

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En las últimas horas, el Gobierno ha señalado que estaba trabajando para buscar alternativas, pero, en principio, la Comisión Europea, que se ha mostrado flexible a la hora de la implementación del plan, recuerda que esta obligación surge de un acuerdo del propio Ejecutivo con los técnicos comunitarios. En el propio plan que el Gobierno tiene a disposición del público se recoge que "la Estrategia de movilidad sostenible y la Ley de Movilidad y Financiación del Transporte" contempla "el desarrollo de un mecanismo de pago por uso de las carreteras de alta intensidad". En la actualidad los técnicos del Gobierno y de la Comisión trabajan sobre una adenda del plan con la que el Ejecutivo, que hasta ahora se había limitado a solicitar los casi 70.000 millones de euros en subvenciones, solicitaba también los 84.000 millones de euros en créditos ventajosos. En el marco de esa adenda se presentan nuevos hitos y objetivos, y el ministerio de Economía puede pelear también por modificar antiguos compromisos, aunque en principio tiene que justificar las razones detrás de ese cambio.

En un anexo de los documentos aprobados por la Comisión Europea y que forman parte del acuerdo entre el Gobierno y el Ejecutivo comunitario, en el que se recogen todos los hitos y objetivos, se señala que, "como mínimo", la nueva Ley de Movilidad Sostenible "contemplará la creación de un mecanismo de pago por el uso de las carreteras del Estado, que comenzará a funcionar a partir de 2024, con arreglo al principio de 'quien contamina paga'. El objetivo de esta medida es internalizar los costes externos del transporte por carretera, creando a tal fin incentivos para lograr una mayor eficiencia en este sector y propiciando una reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero".