Los destrozos de Tsunami Democràtic ya van por 3 M y el juez quiere que Barcelona calcule su parte

La Guardia Civil trabaja para cuantificar de forma completa el daño económico provocado por las protestas lideradas por Tsunami Democràtic en 2019, en respuesta a la sentencia del procés que condenó a Oriol Junqueras y al resto de dirigentes catalanes ligados al Govern de Carles Puigdemont por los hechos del 1-O. En un escrito remitido a la Audiencia Nacional, los investigadores reclaman que se envíen mandamientos a distintas instituciones y empresas para completar la cifra de los destrozos. De momento, aseguran, la cuenta se acerca a los tres millones (2,7 millones), pero puede ser superior. Reclaman que el juzgado se dirija al Ayuntamiento de Barcelona para que el consistorio informe sobre las pérdidas sufridas en el mobiliario urbano y la calzada. La solicitud será atendida, informan fuentes jurídicas.

Los disturbios mantuvieron en vilo Barcelona durante varios días. Tsunami coordinaba acciones en distintos puntos y logró la adhesión de miles de personas. El procedimiento se centra en lo sucedido durante el bloqueo del aeropuerto de El Prat, en los cortes de la autopista AP-7 a la altura de Francia y en las proximidades del Camp Nou durante el clásico Barça-Madrid. Sin embargo, el enfrentamiento se extendió por toda la ciudad con lanzamiento de adoquines, hogueras y barricadas, y daños en escaparates y comercios.

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La información recabada por la Guardia Civil cifra en 1.217.595 euros el daño provocado a Aena, el operador aeroportuario en las instalaciones de El Prat. La protesta tuvo lugar el 14 de octubre de 2019 y derivó en disturbios y enfrentamientos con la policía. Los accesos por carretera y transporte público a la Terminal 1 y las conexiones con la terminal quedaron bloqueados por los manifestantes. Un pasajero francés de 65 años falleció como consecuencia de un infarto tras caminar cuatro kilómetros para alcanzar el punto de salida de su vuelo. Por su parte, Vueling se vio obligada a anular dos centenares de vuelos. El Instituto Armado calcula el perjuicio de esta compañía en 978.000 euros.

En cuanto al corte de la AP-7, la movilización que mantuvo entre el 11 y el 12 de noviembre de 2019 paralizada la autopista a la altura de la Junquera, la Guardia Civil ha presentado al juzgado una valoración de los daños de un total de 566.115 euros tras consultar con la concesionaria Acesa. Desde que se produjeron los hechos, decenas de personas quedaron imputadas por su participación en estas acciones, con resultado desigual. Uno de los manifestantes que participaron en la protesta del aeropuerto fue condenado a tres años y cuatro meses por desórdenes públicos y atentado contra la autoridad por rociar a los Mossos d’Esquadra con el polvo de un extintor. Medio centenar de los manifestantes de la autovía fueron finalmente exonerados. La Audiencia Nacional investiga ahora a los promotores en unas diligencias que, en origen, se abrieron por delitos terroristas o sedición.

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Además de la valoración citada, los investigadores han reclamado al juez que se dirija al Ministerio de Transportes para recabar su estimación de los desperfectos de El Prat y al Ayuntamiento de Barcelona por otra de las acciones organizadas por la plataforma. Unos 5.000 manifestantes convocados por Tsunami protestaron en el exterior del Camp Nou en Barcelona para exigir diálogo al Estado, bajo el lema #SpainSitAndTalk, "derechos, libertad y autodeterminación".

La instrucción de la Audiencia Nacional apunta que el grueso de la dirección política, la propaganda y la movilización de las bases de Tsunami fue liderado por altos cargos de ERC, con Marta Rovira en un lugar destacado. Las diligencias que instruye el juez Manuel García-Castellón también vinculan con la plataforma al historiador Josep Lluís Alay, responsable de la oficina de Carles Puigdemont.

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Por su parte, Jaume Cabaní se encargó del aparato de financiación. La operación Voloh, del Juzgado de Instrucción número 1 de Barcelona, contra el desvío de fondos públicos al procés destapó que Cabaní, ingeniero de formación, controlaba hasta 11 cuentas bancarias relacionadas con la red del procés en el exterior y que montó una sociedad mercantil en Estonia en agosto de 2019, solo unas semanas antes de que comenzaran las movilizaciones de Tsunami. Para evitar ser descubierto, Cabaní se comunicaba con el resto de implicados a través de mensajería cifrada y ocultando su identidad bajo el nombre en clave de Canabo.

La pata informática

La Guardia Civil también ha apuntado al publicista Sergi Miquel. Como reveló El Confidencial, su labor consistió en dirigir la célula de ingenieros e informáticos que desarrolló la aplicación que permitió a la plataforma anunciar por sorpresa las diferentes acciones que habían pactado previamente los responsables políticos. De Miquel dependían, entre otros, los técnicos Elíes Campo Cid, Jordi Baylina y Pau Escrich. Los cuatro fueron investigados por el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) con el programa Pegasus por su implicación en Tsunami.

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Además del liderazgo político de Marta Rovira, alias Matagalls, el sumario de la Audiencia Nacional también ubica al frente de Tsunami a otros políticos y empresarios de la órbita de ERC, como Oriol Soler Castanys, alias Rigoberto, que se encargó de la comunicación y propaganda; Oleguer Serra Boixaderas, alias Pare Carbasser, actual consejero ejecutivo de Òmnium Cultural, que asumió la movilización de las bases, y Xavier Vendrell, alias Índigo y Escobar, exconsejero de Gobernación y exmiembro de Terra Lliure, que también sacó a miles de personas a las calles y coordinó la colocación de escenarios, altavoces y cartelería con la empresa Iniciatives Events SL.