El previsible nombramiento de Dolores Delgado como fiscal de Memoria Democrática ha provocado un incendio en la Fiscalía. Más allá de que parta como favorita para esta plaza que designa su sucesor, lo que verdaderamente ha enervado a parte de la carrera fiscal es el adelanto del Consejo para efectuar los nombramientos antes de que la maquinaria electoral lo impida. Con todo, la celeridad no se debe solo al avance de los comicios, sino a un procedimiento abierto en el Tribunal Supremo que afecta directamente a Delgado.
Se trata de unas diligencias que impulsó uno de los candidatos que compitió con Delgado para hacerse con la plaza de fiscal de Sala de lo Militar del alto tribunal. El fiscal general, Álvaro García Ortiz, designó en septiembre a su antecesora y mano derecha para esta vacante, lo que implicó su ascenso a la máxima categoría de la carrera fiscal.
De no haberse efectuado este trámite, la exministra de Justicia tendría que haber vuelto a su plaza en la Fiscalía de la Audiencia Nacional. La decisión de García irritó al Consejo Fiscal (ya que Delgado no fue la que más votos recabó) y también a los otros aspirantes. Tanto es así que, el que recabó el respaldo mayoritario de los seis vocales de la Asociación de Fiscales, Luis Rueda, recurrió el nombramiento ante el Tribunal Supremo.
En manos del Supremo
Rueda -que entonces era teniente fiscal del Tribunal de Cuentas- partía como favorito por su trayectoria en el órgano fiscalizador y también por su experiencia en la jurisdicción militar. Al respecto, fuentes fiscales consultadas por Vozpópuli explican que el alto tribunal podría acabar dándole la razón al recurrente, a quien el fiscal general ha purgado tras 16 años en el cargo.
De inclinar la balanza a su favor, se anularía el nombramiento de Dolores Delgado. Ello conllevaría la pérdida del grado más alto que goza en la carrera, a menos que ahora su antigua mano derecha le designe como fiscal de Sala de Derechos Humanos y Memoria Democrática. Así pues, la urgencia para celebrar el Consejo Fiscal de este jueves sería doble, ya que, si consigue su aspiración, no perdería su condición de fiscal de Sala incluso aunque el Tribunal Supremo anulara su designación en la Fiscalía de lo Militar del Supremo.
Cabe recordar que lo relativo al ascenso de Delgado ya generó polémica. En marzo del año pasado, cuando todavía era fiscal general del Estado, el PSOE 'coló' en una enmienda a la Ley Concursal una propuesta que reformaba el estatuto de los fiscales por la puerta de atrás para que la exfiscal general y sus sucesores fueran promovidos a la máxima categoría de la carrera una vez abandonaran sus cargos. Finalmente el partido socialista la retiró ante la controversia que provocó el movimiento.
Delgado no será la más votada
Meses después de este episodio, el Consejo Fiscal se prepara para vivir un polvorín, esta vez por la designación de la plaza de fiscal que se incluye en la nueva ley de Memoria Democrática. El malestar dentro del órgano viene en aumento desde que el lunes de la semana pasada García Ortiz les trasladara que el Consejo previsto para el 19 de junio se iba a adelantar al día 8. En el orden del día solo un asunto: el concurso discrecional.
Delgado recabará el respaldo de los dos vocales de la UPF y de los tres miembros natos del Consejo, mientras que el candidato Luis Ibáñez podría lograr el apoyo mayoritario de los seis vocales de la Asociación de Fiscales
Las fuentes consultadas por este medio sostienen que va a ocurrir lo mismo que cuando se votó la plaza de Fiscal de Sala de lo Militar, esto es, que no va a lograr el respaldo mayoritario del Consejo. Dan por hecho que Delgado obtendrá el apoyo de los dos vocales de la progresista UPF (a la que pertenecía la fiscal) más el de la teniente fiscal del Tribunal Supremo, la fiscal inspectora (ambos cargos nombrados bajo su mandato) y del fiscal general.
Por su parte, los seis vocales de la mayoritaria Asociación de Fiscales podrían decantarse por Luis Ibáñez, de la Fiscalía Especial Antidroga. Sin embargo, el criterio del Consejo no es vinculante, ya que es un órgano meramente asesor; de manera que prevalecerá lo que designe el fiscal general.
García Ortiz adelantó la cita de este jueves después de que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunciara que avanzaba las generales al 23 de julio. El movimiento sorprendió a los fiscales y se entendió como un intento para evitar que se frustrara los nombramientos pendientes de celebrar, ya que cuando cese el Gobierno lo hará también el fiscal general, como marca la Ley.
Aunque se votan vacantes de especial relevancia (como la Fiscalía de Sala de los Delitos de Odio o la Fiscalía Superior de Baleares), el foco se puso en la plaza a la que opta Delgado junto con otros tres aspirantes. Rápidamente el vocal Salvador Viada, presidente de la APIF, propuso al fiscal general que aplazara los nombramientos y los dejara en manos del siguiente fiscal general. De seguir adelante, le pidió que se abstuviera en lo relativo a Delgado a tenor del vínculo que tiene con ella.
El tándem Delgado-Ortiz
Viada recordó que cuando fue nombrada fiscal general del Estado, en enero de 2020, eligió a García Ortiz como fiscal jefe de la Secretaría Técnica promoviéndole así a la primera categoría de la carrera fiscal. Cuando cesó como fiscal general propuso a su mano derecha como máximo representante de la carrera fiscal y este, cuando tomó su cargo, le devolvió el favor ascendiéndola a la categoría de Fiscal de Sala de lo Militar.
Además, en enero de este año, García Ortiz allanó su camino a esta plaza de la Ley de Memoria Democrática al otorgarle el control de los asuntos en material de Derechos Humanos que lleva la Fiscalía General, tal y como informó este medio en exclusiva. Fuentes de la Fiscalía justificaron esta designación por su conocimiento de la materia y por el hecho de que la Secretaría Técnica -responsable hasta ese momento del asunto- estaba "saturada". Otras lo vieron como un claro avance del futuro nombramiento.
A la petición de Viada de suspender el cónclave de este jueves se sumaron los otros seis vocales de la AF, pero la cúpula de la Fiscalía reivindicó su actuación. Aprovechó las comunicaciones de Infofiscalía para recordar que son plazas aprobadas hace semanas en el BOE, antes de conocerse el adelanto electoral, y apeló a los nombramientos de otros fiscales generales a las puertas también de unos comicios generales.
Consuelo Madrigal, una de las señaladas en la respuesta, recogió el guante y pidió al fiscal general que rectificara públicamente por inducir a "error" al público. Según dijo, ella no acometió nombramientos tras conocerse la convocatoria de elecciones de 2015, sino que los postergó para preservar la imagen de imparcialidad de la institución.
Conflicto de intereses y dimisión
La Secretaría Técnica contestó apuntando que había efectuado más de una decena de nombramientos en 2016 a las puertas de unos comicios generales. La AF reaccionó con un duro comunicado en el que pidió la dimisión del fiscal general por esta "burda maniobra". Además defendió a Madrigal negando que efectuara nombramientos una vez convocadas las elecciones; tesis a la que también se sumó la APIF.
A todo ello también planea sobre Delgado un posible conflicto de intereses. Algunos vocales han advertido que la labor de la fundación de su pareja, el exjuez Baltasar Garzón, podría implicar una incompatibilidad para el puesto al que opta, teniendo en cuenta que versa también sobre materia relacionada con Derechos Humanos.
Es más, la APIF explicó que ella misma ha colaborado con estas actuaciones. Por ello reclamó sin éxito que se aplazara a la fecha inicial del 19 de junio, y que se estudiase primero si Delgado es compatible para el puesto, pero García Ortiz no ha dado respuesta a este requerimiento, de manera que el Consejo Fiscal se celebra este viernes partido en dos y con todas las miradas puestas en la candidatura de Delgado.
