Opacidad autonómica: los 524 ayuntamientos vascos y navarros ocultan información a Hacienda

Los 271 ayuntamientos de Navarra y los 253 del País Vasco, incluidas sus diputaciones, hacen caso omiso a la Ley de Estabilidad Presupuestaria y Estabilidad Financiera que obliga al conjunto de las corporaciones locales españolas a suministrar al Ministerio de Hacienda "toda la información" necesaria para el cumplimiento de esta norma. Es una exigencia de Bruselas con el objetivo de aumentar la transparencia a que contribuye "la rendición de cuentas y un mejor control de la gestión pública".

Hacienda considera obligatorias las informaciones relativas al seguimiento, ejecución y liquidación presupuestaria de los ejercicios precedentes, el coste efectivo de los costes de los servicios prestados, las líneas fundamentales de los presupuestos en curso y los planes presupuestarios a medio plazo (2023-2025). Esta información debería haberse presentado en los primeros meses de 2023, y según la estadística de que dispone este departamento, el 86% de los municipios navarros han incumplido las seis demandas de información requeridas, otro 12% no han facilitado los datos de al menos cinco peticiones y el resto ha acumulado entre dos y cuatro omisiones. Mientras, un 14% de los ayuntamientos vascos no ha enviado la información completa, pese a los requerimientos; un 26% ha incumplido cinco de las peticiones y, por ejemplo, otro 10% ha sumado cuatro omisiones.

Según fuentes de Hacienda, muchas corporaciones consideran unilateralmente que no remiten los datos a la Administración General del Estado (AGE) apelando a su carácter foral. Sin embargo, ante esta posibilidad, la Orden Ministerial de 2012 que desarrolla esta Ley señala en su disposición adicional única que "la presente Orden será de aplicación a la Comunidad Foral de Navarra y a la Comunidad Autónoma del País Vasco". 

Los ayuntamientos que menos cumplen

Entre las localidades vascas que no han presentado la información presupuestaria se encuentra Bilbao (344.127 habitantes), con un presupuesto previsto en 2023 de 664 millones de euros; Vitoria (253.672), con una estimación de gasto de 435 millones; y San Sebastián (187.849), con una previsión de 462 millones. Estas tres corporaciones suman casi 1.600 millones de presupuesto.

También aparecen las vizcaínas Baracaldo (100.535 habitantes), Guecho (76.365), Santurce (45.749) o Portugalete (44.800), y las guipuzcoanas Irún (62.635 habitantes), Rentería (39.023), Eibar (27.282) o Mondragón (21.760 censados).

Mientras, en Navarra, destacan Pamplona (203.418 habitantes) con un presupuesto inicial de 259 millones; Egües (21.795) o Burlada (20.398 censados). La mayoría de estos municipios acumulan el incumplimiento de los seis parámetros informativos que estipula la norma.

En todo caso, este tipo de omisiones no tiene un régimen sancionador administrativo, económico o político ya que el legislador (los partidos políticos) se 'olvidó' de contemplarlo. Según dicha Orden, cuando no se cumplen estas obligaciones en el plazo determinado cada año, Hacienda requiere la información a los ayuntamientos y disponen de 15 días para su resolución. Pero si no la remiten, en entonces cuando se hace pública la lista de corporaciones incumplidoras. Es lo que ha hecho ahora Hacienda. Y aquí acaba todo, aunque en la Orden se manifiesta que "su cumplimiento sirve para mejorar la calidad y la confianza en la economía española" y al mismo tiempo "disipa incertidumbres sobre el funcionamiento de las Administraciones Públicas pues permite un seguimiento riguroso de la situación económica y financiera".

En realidad, la Ley de Estabilidad prevé "medidas correctivas", que se aplicarían a la hora de obtener subvenciones o ante la posibilidad de suscribir convenios con la Administración Central, pero sólo en el caso de incumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria, de deuda pública o de la regla de gasto. Es decir, el legislador no ha incluido la obligación de suministrar la información presupuestaria en este apartado de posibles sanciones.

Este tipo de omisiones no tiene un régimen sancionador administrativo, económico o político ya que el legislador (los partidos políticos) se 'olvidó' de contemplarlo

En el listado aparecen 4.301 ayuntamientos a nivel nacional (incluidos los vascos y navarros) que incumplen esta obligación informativa de la Ley de Estabilidad. Aunque hay corporaciones que disponen de un número importante de habitantes y de presupuestos elevados, en muchos casos se trata de pequeños y también medianos municipios sin medios técnicos ni capacidad administrativa, económica y financiera para gestionar unos presupuestos. Es otro problema de la reforma de la Administración Local siempre pendiente, mientras se sigue sumando entidades en lugar de promover fusiones o incluso la creación de contabilidades mancomunadas.

La mayoría son incapaces de llevar unas cuentas reales y en muchos casos el ministerio de Hacienda se ve obligado a hacer estimaciones a la hora de consolidar los datos estatales. A estos incumplimientos hay que sumar, además, 683 corporaciones que siguen sin informar de las liquidaciones de sus gastos de 2021 o, por ejemplo, las 594 respecto a 2020. 

Lo que ocurre en el resto de España

Esos 4.301 ayuntamientos incumplidores representan más de la mitad (53%) de la totalidad de los municipios y diputaciones existentes. Entre los grandes se encuentran, por ejemplo, el consistorio de Palma de Mallorca (415.940 habitantes), con un presupuesto global de 487 millones en este año; y los madrileños de Alcobendas (170.296 habitantes), con un gasto de 198 millones; Alcorcón (170.296), con una ejecución estimada de 184 millones; Parla (130.577), con una previsión presupuestaria de 120 millones; o Pozuelo de Alarcón (87.728), con un gasto valorado en 124 millones.

Hay que añadir también Orense (103.756 censados) y 297 millones de gasto; Lugo (97.211), con 118 millones presupuestados; o Alcalá de Guadaira (Sevilla), que cuenta con casi 76.000 censados y un coste de 123 millones. Todos ellos acumulan un presupuesto de casi 1.700 millones. Y entre los más pequeños, aunque también hay muchos que curiosamente tienen menos incumplimientos que otros de mayor tamaño figuran, por ejemplo, Villarroya (La Rioja), que cuenta con cinco habitantes y que incumple los seis requisitos de información demandados por Hacienda; Castilnuevo (Guadalajara), con seis habitantes y dos incumplimientos; Valtablado del Río (La Rioja), con ocho censados y cuatro omisiones; y con ocho ciudadanos aparecen Maján (Soria) con dos incumplimientos, y Villanueva de Gormaz (también de Soria), con seis faltas de información.

Por su parte, Valdepardo (Cuenca), con nueve habitantes, sólo incumple un parámetro (la ejecución del presupuesto del cuarto trimestre de 2021). En total, hay 58 pueblos con menos de 10 habitantes que no aportan la información requerida. 

Ranking de autonomías

Una gran parte de las omisiones se corresponde con la ejecución presupuestaria de 2021 y el coste efectivo de los servicios prestados. Al ser la región con mayor número de ayuntamientos (2.248), Castilla y León es la que tiene más incumplidores (1.470). Le sigue Castilla La Mancha, con 760 municipios (de los 919 existentes); y Aragón, con 319 corporaciones que omiten los datos de las 731 de la región. Detrás aparecen Navarra y País Vasco y también Andalucía, con 216 ayuntamientos incumplidores de los 785 de que dispone.

En términos relativos sale que tras Navarra y el País Vasco, que tienen al 100% de sus municipios afectados por esta omisión informativa, se sitúa Castilla La Mancha (83%), La Rioja (73%), Castilla y León (65%) y Madrid (61%). Entre las diputaciones que no cumplen, además de las forales, se encuentran la de Albacete, Cuenca, Málaga y el Cabildo de Fuerteventura (Las Palmas). Esas 4.301 corporaciones incumplidoras suman más de 15.000 omisiones informativas en su conjunto.