En los trece años que han pasado entre la primera edición del libro y esta reedición, ¿en qué ha cambiado la percepción de Justicia en España? 

Creo que lo único novedoso y preocupante es que los jueces están adquiriendo, algunos sin pretenderlo, otros voluntariamente, un protagonismo que no les corresponde: están interfiriendo en asuntos políticos que nada tienen que ver con las funciones judiciales. 

¿Por ejemplo?

La intervención judicial en decisiones de política exterior del Gobierno, como la intervención de un juez cuando se decidió traer a España al líder del Frente Polisario, Brahim Ghali, para tratarlo de la covid. Es un asunto en el que solo debe intervenir el Parlamento, pero un juez no puede intervenir. También está el caso de la vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, que tuvo mucha carga ideológica.

Algunos jueces, entre ellos yo mismo, rechazamos en su momento las querellas dirigidas al expresidente Aznar por la guerra de Irak. Independientemente de que luego yo encabezara manifestaciones contra la guerra, pero los jueces, como tal, no tenemos nada que decir respecto a las decisiones de política exterior del Gobierno. 

Entonces, ¿hay jueces que están colaborando con la guerra judicial o 'lawfare'?

Por supuesto, hay jueces que están colaborando con ese lawfare. El sistema judicial español tiene posibilidad de que los jueces rechacen de plano cualquier querella o denuncia infundada. El Supremo lo ha hecho respecto a querellas de Vox. Pero otros jueces creen que si rechazan de plano una querella se puede pensar que han negado la tutela judicial efectiva. Pero no es así, ya lo ha dicho el Supremo: se debe inadmitir cualquier denuncia o querella que no tenga fundamento alguno y eso no vulnera ningún derecho. 

En los últimos tiempos asistimos a la continua judicialización de la política.

Sí, por poner un ejemplo, Ada Colau acumula 16 querellas y Pablo Iglesias y Podemos tienen otras tantas encima, aunque ya se han ido archivando. Es un terreno en el que no debemos entrar los jueces.

Usted dice en su libro que los jueces deben utilizar habilidosamente la inteligencia para conseguir la justicia. ¿Cómo se mide la inteligencia del juez, en la oposición?

La sensibilidad y la inteligencia que debe tener un juez no se adquieren por aprobar la oposición, sino que hay que forjarlas, hay que leer, hay que vivir, viajar, observar la realidad que nos rodea. Hay un aspecto que está en todos los textos internacionales, que es el trato respetuoso, cortés con los ciudadanos que llegan a las sedes judiciales. Sea cual sea la ideología del juez, en sus sentencias debe reflejar el razonamiento que ha seguido para creer a un testigo más que a otro. 

Y eso no quiere decir que al final acierte, pero es esencial la motivación de las sentencias para que no se pueda decir que había una predisposición del juez. 

¿Por qué en España no se evalúa cada cierto tiempo la salud mental de los jueces?

En Francia hay un test psicológico para ingresar en la escuela judicial. Yo creo que las sentencias dicen mucho de la salud mental de quien las firma. Un juez que no es capaz de dejar a un lado sus legítimas ideas es un juez desequilibrado. 

¿Debería cambiarse el sistema de oposición para acceder a la carrera judicial?

El juez o jueza debería ser culto, con sentido común, conocedor de la realidad, respetuoso... Pero la realidad es que el sistema de oposición fomenta todo lo contrario: es un sistema propicio para lograr jueces autoritarios, insensibles al conflicto social y muy sensibles a las posibles repercusiones mediáticas de sus resoluciones. 

Los jueces reciben en sus manos miles o millones de demandas de separación, herencias, custodia de hijos, y deben ser conscientes de que tienen en sus manos un material que afecta de forma muy sensible a la vida de los ciudadanos. 

Desde que el aspirante a juez sale de la facultad, con 22 años, hasta que llega a la escuela judicial ha estado encerrado, trabajando su memoria, sin contacto con la realidad. ¿Cómo va a saber luego lo que es un conflicto matrimonial? Hay jueces que se conforman con ser un funcionario mecanicista, autómata, cobrar al final de mes. Pero otros afortunadamente superan esa visión con su vocación. 

¿Deberían hacer huelga los jueces para lograr un aumento salarial?

La Asamblea General de Naciones Unidas y la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea ponen de relieve que el juez ostenta un poder del Estado y por lo tanto no tiene derecho a la huelga, igual que los parlamentarios, lo dice el artículo 122 de la Constitución, que distingue entre el Estatuto de los jueces y el de los funcionarios, que sí tienen derecho a la huelga. 

Ahora bien, los jueces tienen derecho a una retribución semejante a la de los demás poderes del Estado y que esté acorde al nivel económico del país. España es la cuarta potencia económica de la UE, pero la pensión de un magistrado del Tribunal Supremo de España es la mitad que la de su homólogo búlgaro. Les doy la razón a los jueces en cuanto a su reivindicación salarial pero no se puede conseguir usando un derecho de huelga que solo tienen los funcionarios de la función pública y a los trabajadores respecto a su patrón.

¿Es partidario de que se modifique el sistema de elección de los vocales judiciales del CGPJ?

Sí, creo que la Ley Orgánica de 1985 ha quedado desfasada. Pero tampoco puede ocurrir que la asociación judicial mayoritaria cope todos los nombramientos. Tendría que haber una representación equilibrada de todas las asociaciones. El tratado fundacional de la UE deja libertad a los países para que elijan si quieren tener Consejo General del Poder Judicial o no, como Alemania -que no tiene-, pero una vez que has elegido tenerlo no puede ser que los tres quintos de los parlamentarios escojan a los vocales como si fueran cromos. Abogo porque a los doce vocales judiciales los elija la carrera judicial.