El presidente (o presidenta) que salga ungido de las urnas en las elecciones generales del próximo diciembre deberá enfrentarse al elefante en la habitación de las finanzas públicas: la deuda. La legislatura actual, marcada por una pandemia sin precedentes en 100 años y una guerra en el patio trasero de Europa, se cerrará con un roto en las cuentas públicas. Para que los Estados de la UE pudieran hacer frente a estos shocks, las autoridades europeas suspendieron la aplicación de las reglas fiscales entre 2020 y 2023. Sin embargo, la disciplina volverá el año que viene. Y tanto el Banco de España como la autoridad fiscal (la Airef) dan por hecho que habrá que apretarse el cinturón. 

Las dos instituciones coinciden en que el Programa de Estabilidad que el Gobierno remitió a Bruselas a finales de abril no garantiza que la deuda pública se reducirá a medio plazo. Este documento, avalado por la Airef pese a algunas discrepancias, prevé que el déficit público se reduzca desde el 3% en 2024 hasta el 2,5% en 2026. No obstante, la autoridad fiscal cree que el déficit —el principal alimento de la deuda pública— se estabilizará en el 3% durante todo el periodo. 

Pero el verdadero problema, más que en el déficit, está en la deuda. La senda que plantea el Gobierno prevé que el pasivo del 113 al 107% del PIB en 2026. Sin embargo, a partir de esa fecha, tanto la Airef como el Banco de España creen que la ratio de deuda volverá a subir a medio plazo. Algo incompatible con las reglas fiscales europeas, tanto en su formato actual como en la propuesta de reforma presentada recientemente por la Comisión Europea. 

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En este contexto, la autoridad fiscal y el supervisor bancario dan por seguro que hará falta adoptar medidas de ajuste adicionales a las que plantea el Ejecutivo actual, que fía el saneamiento en las cuentas fundamentalmente a la buena evolución de la economía y el empleo. Todo ello, en palabras de la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, "sin aplicar políticas de recorte" e intentando ayudar a los sectores afectados por la invasión de Ucrania.

La dimensión de ese ajuste, coinciden los dos organismos, debería rondar los 0,5 puntos de PIB anualmente (es decir, alrededor de 6.000 millones en euros de 2022). El Banco de España sostiene que con un ajuste así se podría reducir la deuda pública al 78% del PIB en 2040. Mientras que la autoridad fiscal estima que reduciendo el desequilibrio entre ingresos y gastos en 0,46 puntos en los próximos cuatro años —un ajuste total de 30.000 millones, en términos de PIB de 2027— la deuda caería al 85% del PIB en 2037. 

Para tener una idea de lo que representan ese ajuste en términos de contabilidad para España, 6.000 millones de euros es aproximadamente el presupuesto con el que cuenta el Ministerio de Educación para todo 2023 (5.976 millones, aunque las comunidades gastan otros 50.000) o el coste estimado de la rebaja fiscal a la electricidad y los alimentos en 2023 (6.139 millones).

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No obstante, si se cumplen las previsiones de déficit del Gobierno (más optimistas), el ajuste necesario sería más leve. En concreto, señala la Airef, de tres décimas sobre el PIB durante los próximos cuatro años. Es decir, un ajuste de unos 4.000 millones en euros de 2022 comparable al presupuesto del Ministerio de Ciencia e Innovación para este año (3.991 millones).

La importancia de calibrar bien

En materia de ajustes fiscales hay, básicamente, dos vías de actuación igualmente impopulares: recortar gasto o aumentar ingresos (fundamentalmente subir impuestos). Y ninguna de las dos está exenta de riesgos si se calibra mal. 

El propio Fondo Monetario Internacional (FMI), uno de los principales patrocinadores de la austeridad tras la crisis financiera de 2008, reconoce que los ajustes fiscales tienden a frenar el crecimiento económico. Esta es la razón por la que muchos de los procesos de consolidación fiscal que se intentan fracasan. 

Si el frenazo en el crecimiento por un ajuste fiscal es demasiado brusco, como ocurrió durante la crisis del euro, el remedio puede ser peor que la enfermedad. No en vano, tanto la deuda como el déficit se miden en comparación con el PIB, por lo que una ralentización del crecimiento también frena el saneamiento de las finanzas públicas. No hablemos ya de una recesión.