El ITER minaba bitcoins y ahora no sabe cómo vender las monedas digitales

El Instituto Tecnológico de Energías Renovables (ITER), propiedad del Cabildo de Tenerife, lleva dos años buscando fórmulas para vender los bitcoins adquiridos mediante el minado de esta moneda digital en el mandato pasado, un mundo “opaco” en el que la corporación insular no debe participar, según su presidente, Pedro Martín.

El titular de la institución insular repasó ayer, en un Pleno extraordinario, las irregularidades detectadas en esta empresa pública, cuya función es impulsar las energías renovables, y citó deficiencias como falta de licencias urbanísticas, conexiones ilegales para obtener suministro eléctrico, cesión de terreno para albergues de animales, irregularidades laborales y adjudicación de contratos a dedo. Uno de los asuntos en los que incidió fue en la propiedad de bitcoins a nombre del ITER, para cuyo minado se utilizó el superordenador del instituto, y que ahora el Cabildo no sabe cómo liquidar.

El expresidente del Cabildo Carlos Alonso, actualmente al frente del principal grupo de la oposición (CC), justificó el minado de bitcoins no por la vertiente monetaria o financiera de la moneda digital, sino por el elemento tecnológico, el “blockchain”, que es “muy relevante”.
Con respecto a las irregularidades encontradas, Martín citó instalaciones fotovoltaicas sin licencia, edificaciones sin autorización, incluidos los principales edificios del ITER y sus viviendas bioclimáticas, ausencia de proyectos de urbanización y falta de permisos de actividad.

Denunció, además, que el consejero delegado de Canalink, que vivía en Barcelona y viajaba a Tenerife un par de veces al año, pasaba todo tipo de gastos por sus traslados y estancias, incluido un espectáculo medieval en el sur de Tenerife. Asimismo, se está tratando de resolver una cesión de 10.000 metros cuadrados de suelo industrial para un albergue de animales por 25 años prorrogables a una entidad privada alemana sin licencia ni título habilitante, dijo Martín.

Alonso, que reconoció que ha habido algunas irregularidades detectadas en las auditorías, defendió que siempre hubo control jurídico en los procedimientos de contratación. Denunció el estancamiento del ITER en esta legislatura. Zaida González, del PP, dijo que si se han detectado irregularidades el grupo de gobierno debe presentar las denuncias oportunas.