El fallo sobre el coronel Pérez de los Cobos obliga a Marlaska a devolverle tres años de sueldo

El Tribunal Supremo ha anulado el cese del coronel Diego Pérez de los Cobos en lo que supone un revés judicial para el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska. A través de un comunicado, el alto tribunal confirmó este martes el fallo de la primera sentencia del caso que consideró “ilegal” el cese y ordenó restituir al mando en su puesto al frente de la Comandancia de Madrid. Además, aquella resolución dictada por un juez de la Audiencia Nacional en marzo de 2021 condenaba a la Administración “al abono al mismo de las diferencias retributivas dejadas de percibir desde la fecha de efectividad del cese”.

El coronel Diego Pérez de los Cobos renunció a abandonar el cuerpo después de ser apartado hace ahora tres años y apostó por recurrir la decisión ante Interior y luego en los tribunales. La mayor parte de este tiempo ha desempeñado sus funciones al frente de la Intervención Central de Armas y Explosivos de la Guardia Civil. Fuentes de las fuerzas de seguridad consultadas indican que es un sueldo inferior al que se percibía como responsable de la Comandancia de Madrid, la más grande de España. Pérez de los Cobos recaló en ese puesto procedente del Gabinete de Coordinación de Estudios del ministerio y tras ejercer como mando único en la respuesta policial al desafío de referéndum ilegal de Cataluña.

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Fuentes de su entorno añaden que durante una fase estuvo percibiendo un salario aún menor. Diego Pérez de los Cobos contó con ofertas para marcharse a trabajar a la empresa privada. Resulta común que mandos de la Policía, la Guardia Civil o el CNI, cuando acumulan una larga trayectoria, recalen en puestos de seguridad de compañías comerciales donde se perciben grandes sueldos. Un ejemplo fue el caso del coronel Manuel Sánchez Corbí, cesado como jefe de la UCO de la Guardia Civil tras un enfrentamiento con el ministro Grande-Marlaska. Actualmente, trabaja para la empresa Acciona.

Cuando Pérez de los Cobos acudió a la Audiencia Nacional, en su recurso contencioso-administrativo pidió su “reingreso en el puesto de trabajo del que fue ilegalmente cesado, la jefatura de la Comandancia de la Guardia Civil de Madrid, así como el cobro de todas las retribuciones dejadas de percibir desde la fecha de efectividad del cese”. La resolución en la que se plasmó su destitución es de fecha del 24 de mayo de 2020. El juez central de lo Contencioso-Administrativo número 8 de la Audiencia Nacional, Celestino Salgado, condenó a la Administración a cumplir con ambas reclamaciones, restitución, pero también sueldo.

El Tribunal Supremo avanzó su resolución este martes: “La Sección Cuarta de la Sala Tercera de lo Contencioso-Administrativo ha estimado hoy el recurso de casación interpuesto por Diego Pérez de los Cobos Orihuel contra la sentencia de la [Sala de lo Contencioso-Administrativo] Audiencia Nacional de 15 de septiembre de 2021 que había confirmado en apelación su cese como jefe de la Comandancia de Madrid, sentencia que anula, luego se confirma la sentencia del Juzgado Central que en primera instancia había anulado el cese”. El alto tribunal añade en su breve comunicación que en los próximos días se conocerán el grueso de su sentencia y los argumentos por los que confirma aquel fallo del juez de la Audiencia Nacional.

Fuentes jurídicas del Supremo recuerdan que las sentencias de este órgano, por lo general, se limitan a confirmar o a anular resoluciones que son recurridas en casación. En el avance del fallo, conocido este martes, no dice que sea una estimación parcial ante la que los jueces aceptan solo parte de las pretensiones del recurrente. Lo que dijo la sentencia confirmada es que la "pérdida de confianza" alegada por Interior para cesar al coronel vino motivada por no informar del desarrollo de investigaciones y actuaciones de la Guardia Civil en el marco operativo y de Policía Judicial sobre la investigación judicial abierta al delegado del Gobierno en Madrid José Manuel Franco.

La vía penal

Estaba siendo investigado en el conocido como caso 8-M por la autorización de concentraciones multitudinarias, entre ellas, la marcha feminista del 8 de marzo, al inicio de la pandemia. "A pesar del deber legal de reserva y de la orden expresa de la magistrada, se cesó al recurrente por no informar del desarrollo de investigaciones y actuaciones de la Guardia Civil". Por tanto, el juez concluyó que "que el motivo de la decisión discrecional de cese era ilegal, en tanto que el cese estuvo motivado por cumplir con lo que la ley y el expreso mandato judicial ordenaban". "La legalidad no puede ser arrinconada por la discrecionalidad", recalcó el juez.

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Otras fuentes jurídicas consultadas por El Confidencial estiman que, una vez agotada la vía contencioso-administrativa, la sentencia firme del Supremo abre la vía a poder actuar contra el ministro Grande-Marlaska por la presunta comisión de un delito de prevaricación. Este escenario es extensible a otros miembros de la cúpula del ministerio, como el secretario de Estado de Seguridad que firmó la resolución o la ya exdirectora de la Guardia Civil María Gámez, que propuso el cese. Consideran las fuentes consultadas que, si el Supremo argumenta la ilegalidad en sus fundamentos jurídicos, el afectado cuenta ya con el apoyo de una sentencia que concluye que la resolución de su cese fue "injusta y arbitraria" y "dictada a sabiendas de su injusticia".

Esos dos argumentos son los elementos del tipo delictivo de la prevaricación, según indican estas fuentes. Recuerdan que ni Marlaska ni la directora general de la Guardia Civil que propuso el cese podían desconocer el motivo último por el que le cesaban, y que era un acto injusto. Añaden, además, que en el caso del ministro es magistrado de carrera y debe conocer las leyes.