Dos condenados por los ERE piden la revisión de su condena por la nueva malversación

Dos exaltos cargos socialistas condenados por el caso de los ERE fraudulentos de Andalucía han solicitado a la Audiencia de Sevilla la revisión de sus penas de cárcel por el delito de malversación. Se trata de la exconsejera de Hacienda, Carmen Martínez Aguayo, y el exdirector general de IFA/IDEA, Miguel Ángel Serrano Aguilar. Las defensas de ambos han registrado sendos escritos en el tribunal hispalense como respuesta a la reforma del Código Penal impulsada por el Gobierno de Pedro Sánchez a finales de año. El resultado, de atenderse su petición más ambiciosa, sería la excarcelación de ambos gracias a la nueva malversación tipificada en el artículo 433 del Código Penal.

Martínez Aguayo fue la primera de todos los condenados que acató la ejecución de la sentencia e ingresó en prisión el 28 de diciembre, varios días antes de que se cumpliera el plazo. Cumple su pena de seis años de prisión en la cárcel de mujeres de Alcalá de Guadaíra, a escasos kilómetros de Sevilla. En su escrito, el abogado Víctor Moreno Catena reclama que su representada sea absuelta del actual delito de malversación del artíuclo 432 del Código Penal o que la condene por la nueva fórmula del 433 "en su modalidad no agravada". Eso provocaría la revocación de la condena de cárcel y Martínez Aguayo solo se quedaría con la pena de inhabilitación por el delito de prevaricación, tal y como ha adelantado Diario de Sevilla.

TE PUEDE INTERESAR

El fiscal general unifica criterio sobre la malversación y limita las posibles revisiones

Beatriz Parera Pablo Gabilondo

En caso contrario, el letrado reclama que se revoque la sentencia de noviembre de 2019 que condenó a los exaltos cargos por los ERE, absuelva a Martínez Aguayo de malversación según el 432 y la condene por el 433 en su modalidad agravada. La pena de cárcel sería, en ese caso, de 2 años, seis meses y un día, lo que no provocaría la excarcelación de la exconsejera, pero sí un acortamiento de su pena que acercaría los permisos y la concesión de otros beneficios penitenciarios.

La tesis de la que parte Moreno Catena es que el nuevo delito de malversación incluye "una modificación esencial", que consiste en "haber sustituido el verbo 'sustraer' por el verbo 'apropiarse". Esto apunta el letrado "viene a modificar la acción típica del mentado delito", por lo que los hechos por los que fue condenada Carmen Martínez Aguayo no se ajustan a esa definición. Sí se ajustan, abunda, a las del nuevo artículo 433, que se aplica al cargo público que "diere al patrimonio público que administrare una aplicación pública diferente de aquélla a la que estuviere destinado". Esto es lo que ocurrió, según la sentencia de la Audiencia de Sevilla, con los fondos de la partida 31.L que fueron distribuidos de forma irregular y son el origen del caso de los ERE.

La defensa de Griñán considera que la nueva malversación vuelve a la fórmula previa a 2015, por la que fueron condenados los exdirigentes del PSOE

En el caso de Serrano Aguilar, el letrado Juan Carlos Álferez defiende que la pena a imponer a su representado "deberá moverse en inhabilitación de empleo o cargo público de uno a tres años y multa de tres a doce meses, sin que proceda privación de libertad" por motivos similares a los esgrimidos por la defensa de Carmen Martínez Aguayo. Según entiende Alférez, el papel del exdirector de IDEA en el caso de los ERE, según los hechos probados, no está relacionado con que "la desviación presupuestaria haya causado grave daño al servicio al que originariamente estaban adscritos los caudales malversados". Esto es así, según el escrito del letrado, porque la sentencia de la Audiencia de Sevilla no alude a la legalidad o no de las ayudas que se concedieron por medio del procedimiento específico, sino a esa fórmula de reparto que sirvió para distribuir hasta 680 millones de euros y que sí se considera ilegal.

Estos dos exdirigentes socialistas son los primeros condenados por el caso de los ERE en solicitar esta revisión a pesar de que el mensaje que llegó de Moncloa durante la tramitación del Código Penal es que los cargos implicados en este caso de corrupción no podrían beneficiarse de la reforma. Sí lo ha hecho ya un implicado en otra de las macrocausas de corrupción de la etapa socialista, el expresidente de Invercaria, Tomás Pérez Sauquillo. Pero no está previsto que el principal condenado por estos casos, el expresidente José Antonio Griñán, haga lo propio.

TE PUEDE INTERESAR

José Antonio Griñán elude la cárcel para tratarse el cáncer de próstata

Carlos Rocha. Sevilla

La defensa del ex líder socialista, en manos de José María Calero, considera que la reforma aprobada por las Cortes y que entró en vigor el 12 de enero no permite a Griñán solicitar una revisión de la condena. El argumento que utiliza el letrado es que la actual definición del delito de malversación es una vuelta a la fórmula que había hasta 2015, cuando el Gobierno de Mariano Rajoy agravó el delito. Los ex altos cargos socialistas condenados por los ERE lo fueron por unos hechos que se remontan al periodo que va de 2000 a 2008, por lo que el tipo que se les aplicó fue el previo a la reforma del Ejecutvo del PP.