Las viviendas en alquiler social en el mundo

El precio del alquiler en Madrid ha crecido un 33% desde 2008, pero los salarios apenas lo han hecho un 10%. Lejos de ser una excepción, el caso de la capital española ejemplifica una tendencia que está sacudiendo el mercado inmobiliario de toda la Unión Europea y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). No es un asunto menor: las familias cada vez deben destinar un porcentaje mayor de sus ingresos a costear un alquiler o una hipoteca, lo que en la práctica repercute en su calidad de vida y en las condiciones de la propia vivienda. De ahí que la vivienda pública, y dentro de ella la vivienda social, haya sido una herramienta habitual en muchos países para tratar que los ciudadanos accedan a un hogar digno sin que suponga un gasto inasumible o tengan que empeñar su futuro.

Ya sea bajo el nombre de vivienda social, pública, municipal o general, el alquiler social hace referencia a aquellos alojamientos residenciales reservados por el Estado para un grupo poblacional concreto (normalmente, en función de los ingresos) a precios de submercado. En España, por ejemplo, este tipo de viviendas están destinadas a las personas en riesgo de exclusión social, jóvenes o mayores de 60 años sin ingresos o con una renta tan limitada que no pueden acceder a una vivienda digna. Además, para que sea considerado alquiler social, el coste del alquiler no puede superar los 400 euros o el 30% de los ingresos anuales familiares.

Sin embargo, por muy garantista que parezca la vivienda pública en España, lo cierto es que esta apenas supone el 1,1% de todo el parque inmobiliario, muy por detrás de la media de la OCDE, que se sitúa en el 7%.