A. P. decidió apuntarse a un programa de intervención familiar de los Servicios Sociales de Castilla y León para mejorar la relación con sus hijas. Lo que jamás imaginó esta mujer es que, pocos meses después y sin aviso previo, llegarían a su casa los trabajadores sociales junto a la Guardia Civil para llevarse a sus hijas, notificarle que las habían declarado en desamparo y que le quitaban la tutela.

Con solo 12 años, las mellizas fueron ingresadas en un centro de menores a 80 kilómetros de su madre, sin darles explicación ni justificación alguna. Y así pasaron un año entero, hasta que el Juzgado de Primera Instancia de Ávila estimó el recurso de la madre, le devolvió la tutela y las niñas pudieron volver a casa. "No existía ni un solo dato de desprotección", dijo entonces el fiscal, que acusó a la Administración castellanoleonesa de actuar "con una desproporción abismal" ya que las menores "están con su madre bastante mejor que con la Administración".

El detonante fue un incidente que las niñas contaron a la trabajadora social durante una de las sesiones del programa. Lo hicieron a petición de la madre, y se resume en un forcejeo para quitarle el teléfono móvil a una de ellas después de discutir por un uso excesivo, en opinión de la mujer.

Ahora, el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León ha condenado a la Consejería de Familia autonómica a indemnizar con 150.000 euros a la familia (50.000 euros para cada una) por los daños ocasionados, según ha informado la Fundación Raíces, que asumió la defensa legal de la familia.

En su sentencia, el Tribunal incide en que no se realizó "ninguna audiencia con la madre, ni se le pidió aclaración o explicación, ni tan siquiera se explicó nada a las menores" a la hora de tomar la decisión".

"Este tiempo ha sido el más doloroso de nuestra existencia", reconoce la mujer. Habla de "impotencia", de "verte arrollada por un sistema poderoso que funciona contra ti, que no eres nadie".

Visitas de una hora al mes

Al trauma de la separación repentina se suma el choque que supuso para las niñas el paso por el centro. "El trato no se aleja del puede recibir el ganado. Al fin y al cabo eres el trabajo del personal del centro, y te acabas sintiendo como un número más, como la propiedad de la Administración, sin voz ni voto", asegura una de las chicas, ya mayor de edad y estudiante universitaria.

Las niñas relataron haber sufrido agresiones por parte del personal y que solo le permitían ver a su madre durante una hora un solo día al mes sin más motivo que el incidente del teléfono móvil.

"Es un secuestro, no creo que haya otro término para lo que hacen, te arrancan de un ambiente conocido y seguro, como es la familia y la escuela, y te llevan a un ambiente hostil y desconocido, Todo esto genera un estrés inmenso, miedo y un enorme desconcierto", recuerda la otra joven.

En su sentencia, el juez apunta que, pese a la "buena salud física y mental", las menores "tuvieron que ser atendidas por problemas de pérdida de peso y de salud mental", que sufrieron "cuadros de ansiedad" y "desarrollo de anorexia", que "empeoró el absentismo escolar y el desinterés y empeoramiento de sus calificaciones". 

Según denuncia Lourdes Reyzábal, presidenta de la Fundación Raíces, "en este caso logramos que las niñas pudieran volver con su madre y, tras seis años, se ha reconocido que la actuación de la Administración vulneró sus derechos, pero no puedo dejar de pensar que en nuestro país, miles de familias se enfrentan a situaciones semejantes".

Para Reyzábal, "nuestra legislación, a diferencia del resto de Europa, permite que el procedimiento de retirada de tutela se lleve a cabo mediante un procedimiento administrativo y no judicial, que no ofrece las suficientes garantías ni a los propios niños y niñas ni a sus familias, que ven su familia rota por un mero informe de los servicios sociales".

Su organización ya realizó estos apuntes y varias propuestas y recomendaciones durante la tramitación de la la Ley Orgánica de Protección Integral de la Infancia y Adolescencia frente a la Violencia (LOPIVI), sin embargo no fueron atendidas y la ley se aprobó en 2021.

"Si en España este procedimiento ya concedía un poder casi omnímodo a los técnicos de Servicios Sociales, hoy, en virtud de la LOPIVI, la indefensión de las familias es absoluta pues, se ha otorgado la categoría de agente de autoridad a los técnicos de la administración", sentencia Reyzábal.