El tiro le ha salido por la culata a un subinspector de la comisaría de Granollers de los Mossos d’Esquadra. Este mando interpuso un recurso de apelación contra una condena de la Audiencia de Barcelona por sus vejaciones a una subordinada. El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) no solo ha confirmado la sentencia, sino que ha destapado la injustificable situación que vivían las agentes a sus órdenes.
Los magistrados ratifican los seis meses de cárcel que la Sección Séptima de lo Penal estableció en el 2021 para Antoni Xavier A.R. por un delito de acoso laboral. El tribunal también confirma una indemnización de casi 150.000 euros (“más los intereses legales”) para la mossa que presentó la denuncia. La cantidad deberá ser abonada por la aseguradora de la Generalitat, declarada responsable civil subsidiaria.
La comisaría donde ocurrieron los hechos
El TSJC considera probado que el acusado vejaba a su víctima con expresiones como estas: “Lo que tienes que hacer es operarte las tetas”, “¿Qué pasa? Tienes un hijo mío y no lo sé”, “¿Tienes la regla?”, “Ve a la peluquería, ponte guapa y espabila un poquito”, “Estás supersexy, me encanta ver a una mujer llorar, así demuestras que tienes sentimientos”. Y, cuando parecía que esto ya era el súmmum, otra vuelta de tuerca…
La instrucción de las diligencias reveló que la denunciante no era la única que tenía que soportar este calvario. Al menos hasta cinco mujeres policía de la comisaría de Granollers confirmaron las actitudes y palabras vejatorias del condenado. A una le llegó a decir que valía “la mitad” que sus compañeros masculinos. A otra, recientemente separada, “que estaba loca y que cogiera el coche y se fuera a follar, que es lo que le hacía falta”.
El condenado mostró un desprecio absoluto hacia la condición de mujer de la denunciante”
Un subinspector puede acumular mucho poder en una comisaría y tener muchos subordinados. Cabe preguntarse cómo hubiera tratado a las agentes el acusado si aún hubiera tenido mayores responsabilidades en el escalafón. Antoni Xavier A.R. se incorporó a la unidad de investigación de Granollers en el 2012. Un año después se reintegró en esta misma comisaría una agente que había estado de baja por maternidad.
La policía en cuestión solicitó y obtuvo una reducción de jornada para el cuidado de su hijo. Eso fue motivo suficiente para que el subinspector decidiera por su cuenta y riesgo que la mujer ya no siguiera realizando su trabajo en el área de policía científica a la que estaba destinada con anterioridad. La relegó a tareas “básicamente administrativas”, mostrando de esta forma “su descontento por la reducción de jornada”.
Una comisaria, rodeada de comisarios
El acoso laboral no acabó ahí. El acusado la trasladó a otra planta, donde ni siquiera “disponía de teléfono y extensión propia para realizar sus funciones”. Dejó de impartirle órdenes directamente y de avisarle de las reuniones de trabajo de la unidad porque “no servía como policía” o “valía la mitad que el resto de sus compañeros”. Como consecuencia del trato vejatorio, la agente cayó en una depresión y obtuvo la baja.
Mientras la agente estuvo sin trabajar, el subinspector visitó y exigió a otros agentes que visitaran la clínica donde recibía tratamiento para informarse de su estado y tratar de obtener información con la que desacreditarla. Como resultado de estas maquinaciones, según la sentencia del alto tribunal, la depresión de la mossa degeneró en “un trastorno bipolar” que motivó en el 2017 su incapacidad laboral permanente absoluta.
La magistrada Maria Àngels Vivas Larruy
El subinspector presentó recurso y pidió que se anulara la condena por entender que debía prevalecer su presunción de inocencia, ya que a su juicio la sentencia se basaba solo en el testimonio de una parte, la denunciante. También alegó que el trastorno bipolar tiene un componente genético del cual él no podía ser culpable. La sentencia, de la que ha sido ponente Maria Àngels Vivas Larruy, echa por tierra estas pretensiones.
La magistrada Vivas, una de las más experimentadas de Barcelona, durante años juez decana de la ciudad, concede “verosimilitud, persistencia y credibilidad” a la versión de la denunciante y recuerda que otras compañeras destaparon la reprochable actitud del investigado, responsable de que “hasta cinco personas de su unidad recibieran tratamiento psicológico debido al malestar desencadenado por su conducta”.
Un despacho de la comisaría de Granollers
El tribunal admite que, aunque pueda concurrir algún factor genético de predisposición en el trastorno bipolar, los peritos han establecido que hay una “vinculación causal” entre “la problemática laboral” y la enfermedad, “que pudo desencadenarse a raíz del tratamiento”. En el trastorno bipolar pueden influir “factores ambientales como el estrés continuado e incluso la medicación contra la ansiedad y la depresión”.
Los hechos son especialmente graves, razona el TSJC, porque “el acusado era el superior jerárquico de la denunciante” y “la baja maternal o las reducciones de jornada son un derecho no solo para todas las trabajadoras (…) sino una garantía que obedece a principios constitucionales” y “no susceptible de ser penalizada”, como debería saber el subinspector “por su formación”. Su hostigamiento resultó muy “doloroso”.
Una promoción de la Escola de Policia de Catalunya
El condenado mostró “un desprecio absoluto hacia la condición de mujer” de la denunciante, “con alusión a su físico y a sus necesidades”. Las vejaciones se produjeron a solas, en un despacho y a puerta cerrada. Pero no se trata de la palabra de una persona contra la de otra. Las actuaciones del acusado han sido confirmadas no solo por compañeras de la policía, sino incluso por una psicóloga del departamento de Interior.
El Tribunal Superior de Justícia, la máxima instancia judicial de Catalunya, aprovecha la ocasión para dar un tirón de orejas a la Generalitat. “Es insólito que en un cuerpo policial como los Mossos d’Esquadra, donde las mujeres están infrarrepresentadas, y de forma más aguda lo estaban cuando se produjeron los hechos, no se siguieran escrupulosamente los controles de prevención de riesgos”.
Yo no tengo la culpa de que tu marido te haya abandonado”
Los investigadores de Asuntos Internos no actuaron hasta que la psicóloga dio el aviso, cuando la denunciante ya había iniciado el tratamiento y había “hasta cinco personas” en parecida situación. La conclusión es tajante: el departamento de Interior ignoró “las exigencias de protección de la ley para la igualdad efectiva entre mujeres y hombres”. Para la sala de apelación civil y penal del TSJC este es un acoso laboral de manual.
La resolución confirma la indemnización para la denunciante y los seis meses de condena para el denunciado. El subinspector no ingresará en prisión, pero durante ese medio año no podrá ejercer como policía y debería reflexionar sobre sus desprecios “de carácter sexual y con claro contenido humillante”. A otra integrante de la unidad de investigación le llegó a decir: “Yo no tengo la culpa de que tu marido te haya abandonado”.