Semana de movilizaciones en defensa de la Sanidad y la Educación pública

Saturación en los centros médicos y altos ratios en las aulas. Este sería el resumen de la situación que se vive en dos servicios públicos esenciales. Situaciones que acarrean una serie de deficiencias para los sistemas y de dificultades para los profesionales médicos y personal docente, que ha llevado a estos dos sectores a una situación límite.

Madrid, Catalunya, Andalucía, Extremadura, Comunidad Valencia y Navarran verán a lo largo de esta semana movilizaciones del personal sanitario, y en el caso de Catalunya, además, del sector docente.

En el caso de la Sanidad Pública, como señalan desde FADSP (Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública), “la saturación y el maltrato justifican las importantes movilizaciones que se están por todo el país”.

El problema de la saturación tiene un dato revelador, y es el que objetivo del Ministerio de Sanidad tiene como objetivo que para el 2025 cada médico de familia tenga asignados, como máximo, 1.500 pacientes. En la actualidad más del 40% de profesionales tienen un número mayor de pacientes. Incluso un 3% alcanza los 2.000 pacientes en cartera, según datos de FADSP.

Es por ello que la Sociedad Española de Medicina de Familia y Comunitaria (Semfyc) ya avisaba a inicios del 2022 de que el Sistema Nacional de Salud necesita con urgencia unos 10.000 médicos de esta especialidad (de familia) para “garantizar el reemplazo por las jubilaciones y reorganizar la atención primaria”.

Precisamente saturación y falta de reemplazo son aspectos que van de la mano, como señalan desde Semfyc ““Tenemos una población asignada, pero luego hay una realidad que es la población que atiendes, que suele ser la tuya, y todos los imponderables, como las bajas, las vacaciones y las ausencias de compañeros. Un médico que tiene asignadas 1.500 tarjetas sanitarias individuales puede atender una población de 2.000 o 2.200 pacientes”.

No olvidemos que además esta situación de saturación sucede en los centros médicos después de la pandemia y de dos año siendo la primera línea para frenar la propagación del virus. Algo que está impactando en la salud física y psicológica de miles de profesionales sanitarios.

Este aspecto, que es tan solo el más destacado de las condiciones que se viven los centros sanitarios, tiene como una de las principales causas la infrafinanciación que sufre desde hace años el sistema sanitario público, una política de recortes llevada acabo por partidos políticos de todo tipo de color e ideología.

La Organización Mundial de la Salud fija la inversión en asistencia Primaria en, como mínimo, un 25% del presupuesto sanitario. Según datos del propio Ministerio de Sanidad, en 2020 estaba en torno al 17,7% del total. Con los datos de la Fadsp, que no recoge a todas las comunidades, la media se queda en 2023 en el 15,4%, diez puntos por debajo de la recomendación de la OMS. De hecho, el gasto global en Sanidad, no ya por área, también cayo 2022 vs 2021 un 9,88%.

Esta situación límite, con sus particularidades propias, también se vive en las aulas de Catalunya, por ello todo el personal docente se sumarán junto a las y los profesionales de Sanidad los próximos 25 y 26 de enero.

Las próximas movilizaciones educativas tienen denuncias y reclamaciones claras. Como señalan desde la CGT Enseyament: “”No avanzamos hacia el 6% (de inversión del PIB), no se deroga el decreto de plantillas, la democracia en los centros brilla por su ausencia, no se acuerdan unos currículos que garanticen el acceso al conocimiento para todos, no se reducen las ratios, estamos viviendo un proceso de estabilización del personal docente y educativo (concurso de méritos y oposiciones light) insuficiente tanto en número de plazas como en los criterios que están usando y que no garantizan la estabilidad de los trabajadores y trabajadoras en fraude de ley. Además, a lo largo de la negociación, no han sido escuchadas ni una sola de las reivindicaciones del Personal de Atención Educativa (PAE): estabilización de todas las trabajadoras, aumento de plazas y equipos PAE, nombramientos transparentes, garantizar cubrir todas las sustituciones, reconocimiento de sus funciones, etc.”.

La infrafinanción y el abandono de la educación pública por los diferentes Governs, desde el pujolismo, pasando por el Tripartito hasta el actual de ERC. Durante la crisis del 2009 y 2014, el recorte en educación en Catalunya, según fuentes del Ministerio de Educación y el Instituto Nacional de Estadística (INE), fue en Catalunya del 26,3%, mientras que el aumento de inversión, que se empieza a realizar en el periodo 2014-2018 es del 18,7%. Por ello, aunque en el último periodo los números sin contexto nos hablan de aumentos, lo cierto es que se hacen sobre unos recortes mucho mayores.

El último informe del Departament de Presidència de la Generalitat concluye que la inversión en educación en 2019, en relación con el PIB, alcanzó el 4,2%, muy lejos del 6% que exigen desde los sindicatos profesores y personal educativo. Además estas cifras juegan con la situación producto de la crisis que provocó la pandemia que se resumen con una caída del PIB.

Es decir, este ligero aumento en la inversión en educación respecto al PIB se apoya también precisamente en una caída del PIB, haciendo en términos absolutos que ese aumento sea totalmente insuficiente. Y es claramente insuficiente porque más allá de que se maquillen los números, el gasto por alumno del Departament d’Educació en el periodo 200-9-2019 cayó un 11,5% según precios corrientes (23,2% según precios constantes), lo que en términos absolutos pasar de un gasto por alumno de 4,490€ a 3.973€, tal como recoge el informe anual de la Fundació Bofill.

Ambos casos, con sus particularidades, responden en definitiva al proceso de privatización de los servicios públicos que sigue avanzando en el Estado español al calor de todos los gobiernos.

Asistiremos así esta semana a unas movilizaciones de las y los trabajadores de estos servicios públicos esenciales, unas movilizaciones que esperamos sirvan como primer impulso para una gran jornada de lucha y coordinación de los servicios públicos en todo el Estado español, con el objetivo de conseguir una Sanidad y Educación públicas que estén al servicio de todos y todas y no al servicio del negocio de unos pocos.