Sánchez anuncia la supresión del IVA de alimentos básicos y rebaja de aceite y pasta

Pedro Sánchez ha anunciado esta mañana la supresión del IVA en los alimentos básicos con tipo superreducido y la rebaja del 10 al 5% del aceite y la pasta. Una de las principales medidas incluidas en el nuevo paquete anticrisis que entrará en vigor a partir del 1 de enero y que se complementa con otras como la limitación de los alquileres o los descuentos en el transporte público. En total, el decreto movilizará 10.000 millones de euros, en línea con el anterior paquete que superó los 9.100 millones. El jefe del Ejecutivo, en su tradicional comparecencia antes de final de año para hacer balance, ha puesto en valor medidas como la "solución ibérica", que ha cifrado en un ahorro medio de 150 euros en las facturas de los hogares; la reforma laboral, haciendo hincapié en la evolución del empleo, y en términos generales la lucha contra la inflación al situar a España en una tasa del 6,8% frente a la media europea del 11,1%.

El discurso económico y los brotes verdes se están priorizando en la agenda de la Moncloa con vistas al ciclo electoral de 2023. En este punto se enmarca el tercer gran paquete anticrisis con medidas sociales frente a las consecuencias económicas de la guerra, del que también ha dado cuenta Sánchez durante su comparecencia destacando tres ejes: "proteger a la clase media, trabajadores y tejido productivo; un reparto de las cargas más equitativo, para que quienes más tienen arrimen el hombro, y, finalmente, aumentar la soberanía energética del país". "Avanzar y proteger", ha repetido Sánchez como idea fuerza y leitmotiv electoral.

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El decreto anticrisis aprobado este martes en el Consejo de Ministros elimina el descuento universal a los carburantes para limitarlo al sector del transporte, la agricultura y la pesca. La supresión de la ayuda de 20 céntimos por litro de gasolina con carácter general se compensa con nuevas acciones orientadas a reducir el precio de la cesta de la compra. Para ello se suprime el IVA en alimentos seleccionados y se extiende el cheque de 200 euros hasta alcanzar a 4,2 millones de familias vulnerables. Se destinará a aquellos con renta inferior a 27.000 euros y que no perciban el ingreso mínimo vital o sean pensionistas. Esta medida movilizaría más de 1.300 millones de euros.

El tope del 2% a la subida del precio de los alquileres que se revisen anualmente en función del IPC y el incremento del 15% para las pensiones no contributivas, que perciben cerca de 400.000 personas, se mantendrán, al igual que otras ayudas directas a empresas con dificultades. Como novedad, se añade la extensión durante seis meses, en las mismas condiciones, de los contratos que vayan a expirar antes del 30 de junio. Una medida que supone la congelación de precios durante medio año en la renovación del contrato de alquiler.

En la Moncloa, se muestran satisfechos con los efectos en los precios de la energía de medidas como la denominada solución ibérica y la bajada del IVA en el gas y la electricidad. Una contención de precios que ahora han logrado complementar con un acuerdo en Bruselas para topar el gas. De ahí que ahora, para seguir luchando contra la inflación, se ponga la alimentación en el punto de mira, al tratarse del nuevo gran motor del IPC.

La gratuidad de los abonos para trenes de cercanías y media distancia también se prorrogará. En los presupuestos de 2023, se ha incluido una partida de 700 millones de euros en esta línea. A partir de enero, serán igualmente gratuitos los abonos para los autobuses de larga distancia que formen parte de la red de concesiones del Estado.

Los flecos del texto se cerraron de madrugada entre los socios de la coalición y esta mañana se ratificaron en una reunión entre el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz.

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La bajada del IVA en la alimentación fue una de las propuestas empujadas por el Ministerio de Agricultura y su titular, Luis Planas. Desde la cartera de Economía, que dirige la vicepresidenta Nadia Calviño, y también en Hacienda se habían puesto objeciones en un principio a una actuación sobre el IVA de la alimentación, al considerar que el margen fiscal era escaso. Estas resistencias se fueron reduciendo al rechazarse una bajada generalizada y por el convencimiento de que otras acciones no son técnicamente aplicables, como utilizar el modelo de descuento de 20 céntimos en el litro de carburantes para la alimentación o topar los precios. Ambas medidas han servido para reducir la inflación del gas, la electricidad y los carburantes, según destacan desde el Ejecutivo, aunque, en el caso de la cesta de la compra, solo encajarían otras también implantadas en la luz y el gas, como la bajada de impuestos.

El tope del precio de los alimentos chocaría con las reglas de libre competencia, mientras que un descuento, como en el caso de los carburantes, es una fórmula compleja si no se quiere dejar fuera al comercio de proximidad. De hecho, también han quedado fuera de este decreto otras fórmulas como buscar acuerdos con grandes superficies de alimentación y distribuidoras para pactar rebajas en la cesta de la compra o implementar una tasa sobre los beneficios de las distribuidoras de alimentación, como se reclamó desde Derechos Sociales.

La reducción del IVA en los alimentos es una de las medidas en que ha insistido el líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo. Fuentes del Gobierno ironizan que, si se la apropiase, como en el caso de la bajada del IVA de la luz que también reclamó en su día y acabó incorporando el Ejecutivo, el PP debería garantizar su voto a favor de la convalidación.