Laura Molinilla Marcos, la madre de Palencia condenada por secuestrar a su hijo durante 7 años, acaba de solicitar el indulto al Gobierno, tras recibir el auto del juez que la insta a entrar voluntariamente en prisión antes del próximo domingo, 27 de noviembre. A tal fin, la exmujer de Javier Avellaneda ha iniciado, además, múltiples recogidas de firmas para recabar apoyo ciudadano, con la esperanza de que la ministra de Igualdad, Irene Montero, impulse la concesión de una medida de gracia que ya aplicó en su día a Juana Rivas o a María Sevilla, la expresidenta de Infancia Libre.
Según Molinilla, ya lleva recogidas más de 3.000 firmas. Sin embargo, la primera campaña publicada en change.org fue retirada por la persona que la había impulsado, tras comprobar que la exmujer de Avellaneda había vertido en ella todo tipo de falsedades, tal y como demuestran las sentencias. "Cerramos esta petición de firmas, porque no se corresponden los hechos narrados con la realidad de los mismos", escribió el autor después de que su exmarido le facilitara toda la documentación del caso.
A pesar de que en esta ocasión no existe ninguna condena contra el padre, la mujer se aferra ahora a que, una vez divorciados, el menor "se negaba a ir con su progenitor, alegando situaciones de abandono, maltrato psicológico, amenazas, y negación reiterada a sus necesidades básicas". Además, asegura que su exmarido "se prostituía".
Lo que dicen las sentencias
Nada de eso consta en ninguna de las sentencias a las que ha accedido Libertad Digital y que, sin embargo, la condenan a ella tanto por sustracción de menores, como por abandono de familia, al no llevar al menor al colegio para evitar que el padre lo recogiera cuando le correspondía. De hecho, tanto el Juzgado de lo Penal nº 1 de Palencia como la Audiencia Provincial cifran el absentismo escolar del menor en el 84,52%, algo que le valió una condena de siete meses de prisión.
En cuanto al secuestro, en estos momento ya hay dos sentencias firmes del Tribunal Supremo -la última, del pasado mes de septiembre-, que la condenan a un total de cuatro años de cárcel. Tras recibir la primera de ellas, los juzgados de Palencia dictaron la ejecutoria de la misma, procediendo a retirarle la patria potestad del menor primero e instándole a ingresar voluntariamente en prisión después.
El intento frustrado de recuperar al menor
Por ahora, sin embargo, nada de eso ha sucedido. El pasado lunes, el padre se presentó en el domicilio del menor para que le fuera entregado el niño "de forma inmediata". Según la madre, ella propuso que la entrega se hiciera en el Punto de Mediación, pero su hijo -que hoy ya tiene 14 años- amenazó con atentar contra su vida si le obligaban a irse con su padre, por lo que ella se negó en rotundo y organizó una concentración para llamar la atención de los medios de comunicación sobre su caso.
Avellaneda, por su parte, ha calificado de "circo" la mencionada concentración, que finalmente se ha celebrado este martes, y ha recordado a los asistentes que están apoyando a "una delincuente". Aunque reconoce que su exmujer está en su derecho de pedir el indulto, insiste en que no puede hacerlo apoyándose en falsedades. En este sentido, ha subrayado que el menor siempre había querido estar con él y que hasta hace poco existía entre ellos una relación de cariño, ahora rota por "el daño psicológico" al que le ha sometido la madre durante los últimos 7 años.
El origen de los problemas
Los hechos se remontan a la Navidad de 2015. "Laura siempre había querido la custodia para ella sola, pero porque lo que perseguía era que yo le pagase una pensión y, al ser compartida, no recibía nada, así que, tras intentar recurrirla sin éxito, empezó a amenazarme con que aquellas navidades no me devolvería a mi hijo", relataba hace unos meses el propio Avellaneda a LD. El 31 de diciembre de 2015, su exmujer cumplió sus amenazas e inició su particular secuestro.
La última vez que Javier vio a su hijo Alejandro tenía 7 años. En todo este tiempo, está convencido de que la madre ha ido sometiéndole a un proceso de alienación parental que ha dado como resultado la negativa del menor a vivir con su padre, tal y como dictaminan las sentencias. Por eso, reclama a los medios que no se dejen llevar por lo que digan unos y otros, sino por los hechos probados en las múltiples sentencias ratificadas por el Tribunal Supremo.