En menos de seis semanas, el Gobierno estrenará un nuevo impuesto en España. Se trata del Impuesto Especial sobre los Envases de Plástico no Reutilizables y su implantación ya está trayendo de cabeza a los asesores fiscales.
Así lo denuncia el Grupo de Expertos de Asesores de la Asociación Española de Asesores Fiscales (AEDAF), que vaticinan "graves problemas a partir del 1 de enero de 2023, tanto en las empresas como en las aduanas, que no han podido adaptarse a estas nuevas exigencias tributarias dada la existencia de un vacío legal". El motivo fundamental es que "las empresas no tienen forma de obtener de sus proveedores extranjeros la información relativa a la naturaleza del plástico de sus envases y/o embalajes y su peso" aseguran.
"Las empresas no han podido adaptar sus sistemas para procesar este tipo de información a tiempo, ni tienen capacidad de exigir esta información a todos sus proveedores extranjeros ni de certificar el origen del plástico, como declaración responsable o a través de una certificación expedida por un tercero independiente, por cada adquisición de producto realizada" afirman.
Amenaza a la alimentación y a otros sectores
El Gobierno lleva intentando gravar los plásticos desde los Presupuestos de 2021, aunque no fue hasta el pasado mes de abril cuando introdujo este tributo en la "Ley de Residuos y Suelos Contaminantes para una Economía Circular". A día de hoy, los "criterios de sostenibilidad" amenazan con convertirse en un coladero para justificar la imposición de todo tipo de tributos a empresas y ciudadanos. Es por eso que el Ejecutivo de Pedro Sánchez se escuda en la Directiva Europea y en la llamada "fiscalidad verde" para su implantación.
Sin embargo, en plena crisis inflacionista, un impuesto que afecta directamente al sector alimentario y de bebidas, al farmacéutico, al cosmético etc, y por ende, al consumidor final, no podría resultar más inoportuno. El Gobierno quiere recaudar otros 491 millones con su puesta en marcha.
Los expertos critican la voracidad recaudatoria de un impuesto que resulta "absolutamente expansivo" con la fórmula del Gobierno. Y es que, aunque ya hemos dicho que el nuevo tributo ha sido bautizado como "Impuesto Especial sobre los Envases" afecta "a los embalajes de todo tipo que envuelven cualquier tipo de producto" asegura AEDAF. Es decir, a todos los productos de plástico que permitan cerrar, comercializar o presentar los propios envases (en la medida que sea no reciclado). "No se conocen precedentes en otros países que graven el plástico incluido en los propios embalajes" señalan los expertos.
Además, afecta no sólo a fabricantes –que es probable que repercutan el gravamen al consumidor final- "sino a cualquiera que efectúe importaciones o adquisiciones intracomunitarias de bienes". Esta extensión del hecho imponible es "implanteable sin un marco normativo internacional que ampare jurídicamente la solicitud de información sobre productos y embalajes que contienen plásticos, a terceros no residentes" afirman los asesores fiscales.
"En la práctica, será difícil encontrar a una empresa del sector secundario que no se encuentre sometida a este impuesto por el mero hecho de adquirir fuera del territorio español cualquier tipo de mercancía que venga embalada en alguna medida en plástico no reciclado y que este suponga más de 5 kilogramos al mes" afirman.
La base imponible del impuesto es la cantidad de plástico no reciclado, expresada en kilogramos y el tipo impositivo es de 0,45 euros por kilogramo. En materia de exenciones, hay que destacar la que aplica a las importaciones y adquisiciones intracomunitarias de envases cuyo contenido de plástico no reciclado no exceda el umbral de 5 kg en un mes. A juicio de AEDAF, impone un "límite exento bajísimo" de 5 kg/mes. "Reino Unido, por ejemplo, establece un límite igual a 10 toneladas/año" remarcan.
También critican que el impuesto de Sánchez "no establece exclusiones en aquellos casos en que el envase y/o embalaje sea realizado con material parcialmente reciclado".
"De imposible cumplimiento"
Sobre las obligaciones formales, aseguran que son de "muy difícil o imposible cumplimiento, especialmente para adquirentes/importadores, como son las de "certificar" el origen y cantidad de plástico no reciclado de cada adquisición/importación (con independencia del país de residencia del proveedor y su voluntad de cooperar o no en proporcionar esta información), la llevanza de una contabilidad de existencias de plásticos en sede de la Administración Tributaria, etc".
"Quizás un fabricante español podría tener mayor facilidad para identificar el tipo de plástico no reciclado que está produciendo (aunque no necesariamente conoce la composición del material que está utilizando) y, con base en ello, liquidar el impuesto", pero para, por ejemplo, una empresa en España que importa unas piezas metálicas para la fabricación de un automóvil de China, y las piezas vienen en un palé envuelto en plástico, indentificar el tipo de plástico que está adquiriendo es una utopía.
Otro obligación "imposible de gestionar para los que no son fabricantes de envases de plástico" es el sistema de estimación directa del impuesto por kg. de plástico fabricado o adquirido. En definitiva, estamos ante "un impuesto de gestión casi imposible en la práctica". Los asesores coinciden en que "los costes de gestión administrativa del impuesto excederían en la mayor parte de los casos el importe a recaudar por parte de la Administración Tributaria".