Cuando Sergio se enteró del asesinato de la pequeña Olivia se le hizo un nudo en la garganta. Otra niña de 6 años, prácticamente de la misma edad que su hijo, había muerto por la maldad de una madre, sí, pero también por culpa de la pasividad de una administración cegada por la ideología de género. "Tanto mi caso como el suyo podrían haberse evitado si se hubiera actuado contra las mujeres con la misma contundencia que se actúa contra los hombres. La Justicia no actúa igual contra ellas y este es el resultado", lamenta con la voz entrecortada, al recordar cómo su exmujer asfixió a su hijo en 2019 para evitar que se hiciera cargo de él.
Sergio y Eugenio —el padre de la niña asesinada en Gijón— habían denunciado a sus parejas previamente: uno por maltratar a su hijo y el otro porque su exmujer había secuestrado a la suya. La Justicia acabó concediéndoles la custodia de sus pequeños. Sin embargo, no se tomaron medidas cautelares, y el desenlace fue desgraciadamente el mismo: apenas unos días después de conocer la decisión judicial, ambas madres asesinaron a sus hijos con el fin de hacerles el mayor daño posible.
"Antes de dejarla con él, la mato", cuentan que advirtió la de Olivia. "O es mío o no es de nadie", dijo la del pequeño Sergio. "Si sabes que le vas a dar la custodia al padre y que puede haber una represalia por parte de la madre, que siempre la hay de una manera o de otra, intenta tomar medidas y hacerlo rápido", subraya el padre de Almería, sin esconder la rabia que siente ante la actuación judicial.
La doble vara de medir
Tal y como recordaba Libertad Digital, el particular viacrucis del padre de Almería comenzó cuando su exmujer le denunció por malos tratos. "Finalmente, me absolvieron, pero me tiré prácticamente dos años viendo a mi hijo en un punto de encuentro. Perdí la custodia por el mero hecho de tener una denuncia en vigor, mientras que nadie hizo nada cuando yo la denuncié a ella por acosarme y por maltratar a mi propio hijo, a pesar de que incluso aporté los audios de WhatsApp que el niño envió a su abuela diciéndole que le pegaba, que no le daba de comer y que por favor le ayudara porque no quería estar con ella".
En la sentencia que condena a Ana María Baños por el asesinato de su hijo, también se incluye una pena de cuatro años y seis meses de prisión por los delitos de lesiones psíquicas que él mismo sufrió. Sin embargo, ella no perdió la custodia cuando Sergio puso la denuncia, ni tuvo que ver a su hijo bajo vigilancia. Ahí está la gran discriminación que introduce la Ley de Violencia de Género.
"Yo solo podía verle en un punto de encuentro, donde eran unos profesionales los que valoraban que el niño estaba bien. ¿Por qué no se hace eso con las mujeres? —se pregunta indignado—. Yo tenía que llegar media hora antes para no cruzarme con ella, pero si ella no se presentaba y me dejaba allí toda la tarde esperando no le pasaba nada. Ella incumplía su parte, pero daba exactamente igual".
Desde el primer momento, Sergio podía demostrar que el supuesto día en el que, según su exmujer, la había maltratado, él ni siquiera estaba en casa. "Estaba fuera, en un curso, y así lo demostré con fotografías, con testimonios y con todo, pero da igual, porque hasta que me absolvieron pasaron dos años y, mientras tanto, yo tenía que ir a ver a mi hijo a escondidas para no cruzarme con nadie porque la gente ya te cuelga el cartel de maltratador", lamenta.
Nadie cuestiona a las mujeres
La otra gran discriminación —o una de las más importantes, porque hay muchas más— tiene que ver con la actitud de todas las administraciones cuando a quien se pone en cuestión no es a un hombre, sino a una mujer. "Seis meses antes de que pasara nada yo empecé a poner denuncias, a llamar a todas partes, y no se actuó en ningún sitio: ni por parte de Asuntos Sociales, ni en el colegio, ni en la Guardia Civil… Nadie hizo nada. Y, al final, pasó lo que pasó", lamenta Sergio.
De todo lo que ha vivido, lo que más le duele es recordar precisamente el trato de la Benemérita: "Cuando denunciaba que no le llevaba al colegio, me decían que igual es que estaba malo. Cuando decía que me acosaba, que mejor no denunciar porque ya estaba en un proceso de separación muy complicado y lo mismo me quedaba sin ver al niño. Y cuando les llevé los audios de mi propio hijo diciendo que su madre le pegaba, me decían que seguramente era una jugarreta. Te ponen mil excusas".
Así, Sergio pone de manifiesto la doble vara de medir de las fuerzas de seguridad a la hora de abordar las denuncias de un hombre y de una mujer. "A nosotros nos mandan una patrulla a la primera de cambio, pero a mi mujer nunca le mandaron una a su casa para comprobar lo que yo decía, ni siquiera cuando les enseñé los audios del niño", recrimina a los agentes.
A todo ello, se suma la lentitud de la Justicia. "Hace ya tres años que mi hijo falleció y todavía sigo sin saber qué pasa con alguna de las denuncias que puse. Es una vergüenza. Y al final cumplirá la más grave, que es la de matar al niño, pero si la hubieran puesto en su sitio desde el primer momento, igual no estábamos así", lamenta Sergio, que insiste en que "la Justicia que es lenta no es justa".
El mensaje a Irene Montero
Con todo, el almeriense se dirige especialmente a la ministra de Igualdad, Irene Montero, para recordarle que, a pesar de su empeño en calificar de "madres protectoras" a todas las mujeres, "hay personas que no se pueden calificar ni como madres ni como nada, porque lo único que hacen es utilizar a sus hijos para chantajear a la otra persona". Por eso, reclama al Gobierno que acabe de una vez por todas con la ideología de género que parece impregnarlo todo.
"Y encima les ponen los medios para que ellas tengan una Justicia gratuita, mientras tú te tienes que gastar el dinero, porque si te cae un abogado de oficio te pueden condenar el primer día y ya te han buscado la ruina para el resto de tu vida", lamenta Sergio. Su advertencia hila con algo que llevan años denunciando muchas asociaciones: los letrados del turno de oficio de violencia de género están obligados a recibir una formación que, en su mayoría, es impartida por colectivos feministas, mientras que aquellos que defienden a los hombres carecen de los mismos recursos.
Al igual que Eugenio, Sergio tiene claro que la maldad no tiene género. Por eso, su objetivo no es arremeter contra las madres, sino contra una guerra de sexos a la que nos ha arrastrado el Gobierno —y muy particularmente la ministra Irene Montero— y de la que nadie parece salir indemne: ni hombres, ni mujeres, ni los niños, los que, por desgracia, tal y como atestiguan los últimos filicidios, pagan el precio más alto.