Empresas públicas, ecologistas y expertos del sector han recibido como un mazazo la apuesta decidida que ha hecho el presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno Bonilla (PP), a favor de la privatización del saneamiento integral del agua. Esa defensa cerrada de una mayor eficiencia de las empresas privadas se produce, además, justo en la semana en la que el Consejo de Gobierno andaluz ha suprimido el canon que pagan los usuarios en el recibo del agua para financiar las infraestructuras de depuración en la comunidad con más incumplimientos de la normativa europea.

En el foro con el presidente andaluz que organizó el lunes en Madrid el Grupo Joly, Juanma Moreno destacó que había empresarios del sector del agua en la sala antes de decir lo siguiente: "Yo no puedo entender que nos pongan problemas con la colaboración público privada. ¿Por qué yo no puedo hacer una desaladora de colaboración público privada, por qué no puedo hacer un saneamiento integral del agua a través de empresas privadas, si son más rápidas, son más eficaces y tienen un principio, además, de especialización, si va a dar un servicio a la sociedad y le vamos a ahorrar dinero al erario público? (...) Yo estoy convencido de que van a ser mucho más eficientes ellos gestionándolo que la administración autonómica".

La afirmación categórica del presidente de la Junta ha sido recibida con estupefacción en los sectores que defienden una gestión pública del ciclo integral del agua, en los que se desconoce, además, en qué datos está fundamentada. Miguel Ángel García, profesor titular del Departamento de Economía Aplicada e investigador del Instituto del Agua de la Universidad de Granada, autor de varios estudios sobre esta materia, concluye: "No se puede hacer una aseveración así, porque no está apoyada en datos ni en evidencia científica. Es un posicionamiento ideológico".

Según los últimos datos recabados por este profesor para un estudio que está haciendo sobre la tarificación del suministro en los municipios andaluces, la depuración es precisamente la parte del ciclo integral del agua en la que la gestión pública aún es mayoritaria en esta comunidad, con un 51%, mientras que las empresas privadas ya gestionan el 62% de los servicios de abastecimiento y el 69% de alcantarillado de los ayuntamientos de la comunidad que superan los 50.000 habitantes. "Parece que el tema no es casual", apostilla.

Hace años, Miguel Ángel García hizo su tesis doctoral sobre la eficiencia de las empresas públicas y privadas en la gestión del agua. Su conclusión fue que las públicas tenían una eficiencia "ligeramente superior", sin embargo, a su entender, ahí no se encuentra el quid de la cuestión; lo importante, precisa, no es determinar quién es un momento dado mejor o peor gestionando un servicio. Lo importante, a su juicio, sobre lo que sí hay unanimidad de los expertos, es el marco normativo legal que regula estos servicios, el marco que puede propiciar que unos sean más eficientes que otros, más transparentes o más opacos, y que establece un control de su funcionamiento. Como ejemplo pone al Observatorio del Agua, un órgano que, a su entender, serviría para asesorar, homogeneizar e introducir ""cierto orden" y transparencia en este campo, pero que aún no se ha creado doce años después de la ley andaluza que dispuso su constitución.

Empresas que no contestan a la Cámara de Cuentas

La falta de transparencia de las empresas privadas del agua que dice haberse encontrado este profesor para hacer sus investigaciones sobre el funcionamiento del sector es la misma con la que se topó la Cámara de Cuentas de Andalucía al elaborar un informe de fiscalización del análisis operativo de las entidades que prestan servicios de abastecimiento y depuración de aguas en Andalucía, publicado en febrero de 2020. Tres empresas privadas que abastecen al 18% de la población andaluza, una de ellas, la multinacional Aqualia, con presencia en 66 municipios con más de 1,2 millones de habitantes, se negaron a facilitar total o parcialmente la información que les solicitó este órgano, con sede en el Parlamento autonómico, encargado de fiscalizar el gasto de los fondos públicos.

En ese mismo informe, la Cámara de Cuentas concluye que el modelo de gestión (público, privado o mixto) "no es relevante para asociar un comportamiento eficiente o ineficiente de las entidades prestadoras", una consideración que contrasta con la afirmación del presidente andaluz sobre la mayor eficacia y rapidez de las empresas privadas en el saneamiento del agua.

La organización Ecologistas en Acción elabora anualmente desde 2013 un informe sobre el estado del saneamiento y la depuración en Andalucía con los datos del Plan de Seguimiento de las Estaciones Depuradoras de Aguas Residuales (EDAR) urbanas de más de 2.000 habitantes que la Junta luego comunica a la Comisión Europea. El último, el de 2021, refleja un descenso del 4% de las depuradoras que funcionan conforme a la normativa comunitaria, lo que ha roto la tendencia creciente positiva que se daba desde 2016 en estos informes.

De acuerdo con ese estudio, Córdoba sigue siendo la provincia andaluza con un mayor porcentaje de cumplimiento de la normativa sobre depuración de aguas, con un 88%, seguida de Huelva, con un 85%, y Sevilla, con un 80%.

Precisamente, esas son las tres provincias donde las empresas públicas que gestionan el ciclo del agua urbana tienen una mayor implantación, entre el 86 y el 92% de los municipios, según datos de la Asociación Española de Operadores Públicos y Abastecimiento (AEOPAS). Por el contrario, Málaga, Almería y Granada, tres provincias con un menor porcentaje de presencia de compañías públicas, son las que registran los peores datos de cumplimiento de la normativa.

El responsable de ese informe y coordinador del área de Agua de Ecologistas en Acción Andalucía, Antonio Amarillo, se ha quedado muy "sorprendido" con las declaraciones del presidente de la Junta, claramente favorables a la privatización del saneamiento. "Me parece sorprendente –dice- que un gestor público haya denostado el papel de la administración pública, de los servicios públicos, y que prefiera que esos servicios se externalicen a una empresa privada".

Y lo que más le llama la atención a Antonio Amarillo es que esa defensa a ultranza de la eficiencia de las empresas privadas se haya hecho justo cuando se suprime el canon de mejora que la Junta cobra como impuesto propio en los recibos del agua desde que se aprobó su aplicación con la Ley de Aguas de 2010 con el fin de financiar las infraestructuras hidráulicas del ciclo integral. "El canon se tiene que dedicar a esto, y también a obras de abastecimiento, a construir las depuradoras en los municipios que aún no cuentan con tratamiento de aguas residuales, a corregir, ampliar o mejorar las infraestructuras que están en mal estado. Porque si eso se hace desde lo privado, llevará a sobrecostes, retrasos, dependencia económica de los ayuntamientos...", advierte el portavoz de Ecologistas.

Un negocio que acaparan dos grandes empresas

Los operarios públicos del agua también están que trinan con las declaraciones de Moreno Bonilla. Luis Babiano, gerente de AEOPAS, asegura que sus empresas de capital público son "una garantía de disfrute del derecho humano al agua frente a otros tipos de gestión basados en la obtención de beneficios a corto plazo". Y según sus datos, la gestión a través de empresas mixtas o completamente privadas supone ya el 50% del sector en España, gestión que acaparan dos empresas: Agbar (perteneciente al grupo multinacional francés Veolia) y Aqualia, propiedad de Fomento de Construcciones y Contratas. "En la práctica, podemos decir que estamos gestionando un derecho humano en auténtico régimen de oligopolio, donde no hay competencia", se lamenta Babiano.

La privatización del saneamiento que ahora propugna el presidente de la Junta de Andalucía sería, a juicio de Aeopas, un paso más en la mala dirección. "El elefante en la habitación es el cambio climático –explica su gerente-. Los efectos de la emergencia climática son una realidad en las ciudades andaluzas, con inundaciones y olas de calor cada vez más frecuentes, y afectan directamente a la calidad y disponibilidad del agua. Necesitamos un modelo público que garantice la calidad del servicio, reduzca las pérdidas en las redes, aumente las inversiones y garantice la asequibilidad y la accesibilidad. El desafío es mayúsculo y no se puede afrontar sin la participación de los ciudadanos en la gestión del agua".

La experiencia de la pandemia de la covid-19 es un ejemplo también a seguir en las decisiones políticas sobre la gestión del agua, a juicio de Luis Babiano. "El virus –señala- nos ha dejado múltiples lecciones para aprender. La más contundente, sin duda, es la de la sanidad pública. Hoy, ni los más fervorosos neoliberales hablan siquiera de la bondad de los recortes en sanidad pública para favorecer la expansión de hospitales, clínicas y seguros de salud privados. Sería bueno reflexionar también sobre los servicios de agua y saneamiento, porque son una clave esencial de esa salud pública que queremos fortalecer".

Lo cierto es que la privatización es mucho más frecuente que el proceso contrario, la remunicipalización de la gestión del ciclo del agua que se halla en manos privadas. Casos como el del ayuntamiento de Valladolid en 2017 o el más reciente del consistorio de Alcázar de San Juan, en Ciudad Real, que llegó a recuperar el control del ciclo integral del agua tras una dura y larga batalla judicial con Aqualia, son todavía la excepción que confirma la regla, entre otras razones por las grandes dificultades legales y económicas que entraña revertir una concesión municipal.

Un responsable del agua con larga experiencia en la privada

Las palabras de Juanma Moreno alabando la mayor eficiencia del sector privado han llegado en los primeros compases de la nueva legislatura tras haber obtenido el PP una mayoría absoluta en Andalucía y después de que el presidente decidiese residenciar las competencias del agua en la Consejería de Agricultura, la misma que ha de lidiar con las demandas de más regadío del sector agrícola, y no en la de Sostenibilidad y Medio Ambiente, como era habitual. Para hacerse cargo de esas políticas, el Consejo de Gobierno nombró como responsable de la Secretaría General del Agua, con rango de viceconsejería, a Ramiro Angulo, ingeniero agrónomo con una larga trayectoria en dos de las empresas privadas más importantes del sector del agua, Agbar y Suez España, donde ha ejercido como director de Alta en los últimos ocho años.

El Consejo de Gobierno andaluz también ha adoptado una importante decisión esta semana, al aprobar un decreto ley con modificaciones fiscales cuyo objetivo es combatir los efectos de la inflación. Entre esas medidas, se incluye la supresión del canon del agua "sólo durante el año 2023", que supondrá, según la Junta, un ahorro global de 140 millones de euros a las familias y empresas de esta comunidad. El canon obliga a cada usuario a pagar un euro al mes de cuota fija, más una variable en función del consumo, lo que supone un gasto medio de entre 25 y 40 euros por hogar en todo el año. En 2021, la Administración andaluza ingresó 139,5 millones de euros con este impuesto, según su Estadística de Recaudación Tributaria, una cifra que supera los 1.000 millones desde que entró en vigor este impuesto.

No obstante, la Junta asegura que la supresión temporal del canon "no va a afectar a la ejecución de las infraestructuras hidráulicas en marcha e incluso se podrán licitar nuevas actuaciones, gracias al remanente de recaudación de 551 millones generado durante las legislaturas anteriores a la llegada de Juanma Moreno a la Presidencia de la Junta de Andalucía, en las que los ejecutivos precedentes no invirtieron las cantidades recaudadas por este concepto", explica la Administración autonómica en la referencia de las resoluciones del Consejo de Gobierno de este martes.

Sin embargo, hay quienes sostienen, como el profesor e investigador del Instituto del Agua de la Universidad de Granada Miguel Ángel García, que la supresión del canon "es una medida populista" más que efectiva, en primer lugar porque representa un gasto muy pequeño en el recibo del agua de un hogar y, en cambio, supone una cuantía considerable todo el dinero que recauda la Junta por ese concepto. "Hace unos años estimé en un estudio que renovar las redes de abastecimiento en España, para evitar pérdidas de agua, podría suponer un montante de unos 30.000 millones de euros. Y eso se podría pagar a través de las tarifas. Pero aquí, paradójicamente, la Junta ha eliminado ahora el canon", subraya.

Los operarios públicos de Aeopas tampoco ven razonable suprimir el canon de mejora en un periodo de grave sequía, además. "Andalucía es una de las zonas más afectadas por la sequía –advierte Luis Babiano-. Parece claro que estas razones motivan la necesidad de solicitar un incremento de los créditos para poder afrontar las nuevas licitaciones que vamos a necesitar programadas. Y parece importante hacer un uso responsable y eficiente del canon de mejora autonómico, todo lo cual contrasta con la decisión de eliminarlo en 2023".

Precisamente hace una semana, el pasado día 16, la Consejería de Economía, Hacienda y Fondos Europeos aprobó una transferencia de créditos en el departamento de Agricultura de la Junta por importe de 7,1 millones de euros para cubrir las necesidades de gasto de la programación de infraestructuras hidráulicas a fin de cumplir la directiva comunitaria y "limitar el alcance de los procedimientos sancionadores de la Unión Europea por el incumplimiento de los objetivos de saneamiento y depuración".

En la memoria justificativa de la transferencia de créditos, a la que ha tenido acceso Público, se refiere que Andalucía tiene abiertos cuatro procedimientos sancionadores, "con un total de 301 aglomeraciones urbanas por incumplimiento de la Directiva Europea" y que "de hecho esta Comunidad ya ha sido sancionada por el incumplimiento de las aglomeraciones de Alhaurín el Grande, Coín e Isla Cristina y está pagando sanciones por ello".

En el mismo documento se alega que aunque la Junta ha hecho en los últimos años "un importante esfuerzo" en la ejecución de infraestructuras hidráulicas, con la licitación de algo más de 668 millones en contratos de obras y 67 millones en contratos de servicios, para "contribuir a un mejor seguimiento y control presupuestario de los ingresos derivados del canon" se hace necesario tramitar una modificación presupuestaria.

Paga millones por incumplir las normas de depuración

Andalucía es, con diferencia, la comunidad autónoma española con más núcleos urbanos sancionados por el incumplimiento de la directiva europea 91/271/CEE sobre depuración de aguas residuales, ocho de un total de 17. Esos incumplimientos dieron lugar a una sentencia del Tribunal de Justicia de la UE que condenó al Reino de España en 2018 a abonar las sanciones y una multa coercitiva por cada semestre de retraso en la aplicación de las medidas que debía haber tomado para dar cumplimiento a una anterior sentencia de 2011 sobre una directiva aprobada en el año 1991.

Y en marzo de 2020, el Ministerio de Política Territorial y Función Pública publicó una resolución en el BOE que obligó a la Junta de Andalucía, y a otras comunidades autónomas, a pagar su parte correspondiente de la multa, cuya cuantía total ya había adelantado el Gobierno central. El ejecutivo de Moreno Bonilla, en un recurso previo, intentó que fueran los ayuntamientos los que pagasen las sanciones, pero finalmente ha tenido que hacer frente al desembolso de algo más de 5,5 millones de euros, con una multa coercitiva añadida de casi 2,2 millones de euros por cada semestre que pase sin haber solventado los incumplimientos de la directiva comunitaria sobre depuración de aguas residuales urbanas en Alhaurín el Grande y Coín, en la provincia de Málaga, e Isla Cristina, en la de Huelva, según figura en la resolución.

Andalucía tiene otras aglomeraciones urbanas que incumplen la normativa sobre depuración: Barbate, en la provincia de Cádiz, San Pedro de Alcántara y Nerja, en la de Málaga, y Matalascañas, en la de Huelva, todos enclaves costeros y turísticos, pero en esos casos el sujeto responsable es el Ministerio para la Transición Ecológica, según el dictamen del Gobierno central.

El Círculo de Empresas Andaluzas de la Construcción, Consultoría y Obra Pública (CEACOP), que representa a más de 250 compañías del sector, colgó el pasado lunes en su página web una información al completo del diario Abc con el siguiente titular: Europa nos multa con 1,2 millones al año por no depurar las aguas. En la información se señala que "a las urgencias de la sequía se añade en Andalucía otra no menos importante en lo que respecta a las infraestructuras hidráulicas, como es el retraso que acumula la ejecución de obras de saneamiento y depuración de aguas en la comunidad".

En el artículo colgado por la patronal en su web se añade que "a pesar de las moratorias que en su día otorgó la UE durante más de una década, la incapacidad de anteriores gobiernos a desbloquear administrativamente y ejecutar proyectos de depuradoras en muchos municipios andaluces ha obligado a pagar hasta 12 millones de euros en sanciones desde 2011".