Un complejo ‘fallido’ de lujo para funcionarios que costó 86 millones: la punta del iceberg de los cientos de inmuebles sin uso de la Seguridad Social
La Seguridad Social tiene un complejo en Pozuelo de Alarcón, Madrid, que ha costado 86 millones de euros y apenas ha tenido uso. El Tribunal de Cuentas lo señala como uno de los casi 900 inmuebles públicos que hay en desuso.
En Pozuelo de Alarcón, Madrid, frente a la sede de RTVE en Prado del Rey, hay un complejo de 24 mil metros cuadrados recubierto de pizarra negra. Se construyó en 2010 y en un principio se utilizó para impartir cursos y conferencias de la Seguridad Social y hospedar a sus funcionarios. La actividad en este inmueble siempre fue muy baja durante los 6 años que estuvo activo, tanto que terminó cerrando en 2019.
El Tribunal de Cuentas, en su último informe sobre la eficiencia en el uso de los inmuebles de la Seguridad Social, señala el caso de este complejo, ya que apenas ha tenido uso y ha supuesto un coste de 86 millones de euros en inversión y gastos de mantenimiento hasta octubre de 2020.
A día de hoy se ha reutilizado el espacio como un centro temporal de recepción de refugiados ucranianos, aunque según este informe, desde el ministerio de José Luis Escrivá se ha dado orden de volver a reactivar el sitio para que pueda utilizarlo la Seguridad Social. Este complejo es la punta del iceberg de los 874 inmuebles de este organismo que estaban vacíos y en desuso a finales de 2019 según el Tribunal de Cuentas y que han supuesto un quebranto económico a las arcas.
El Tribunal de Cuentas advierte de un quebranto de 125 millones en la Seguridad Social tras analizar 39 inmuebles de los casi 900 que tiene vacíos
El 14 de marzo de 2001 el Instituto Nacional de la Seguridad Social adquiere este solar de 24.773,52 m2 en Pozuelo de Alarcón (Madrid). El diseño del complejo que se iba a edificar en el solar se basaba en tres grandes edificios y se decidió por concurso público. Su ganador fue el arquitecto José Ignacio Cortés Bretón. Este arquitecto, junto a otro, Raúl Alfredo Montero, se encargaron de la redacción del proyecto básico a través de un contrato público de 2 millones de euros que se adjudicó por un procedimiento de negociado sin publicidad, sin concurso público.
Desde que se compra el terreno hasta que se le da uso pasan 12 años
Un año después, el 18 de febrero de 2002, el entonces ministro de Trabajo durante el gobierno de José María Aznar, Juan Carlos Aparicio, junto al secretario de Estado de Seguridad Social, Gerardo Camps, y el alcalde de Pozuelo, José Martín Crespo, dieron a conocer el trabajo de los arquitectos, presentando a la prensa la maqueta del futuro complejo, según apunta una publicación de El País de ese año.
Tal como justificaba Camps en ese momento, el complejo era necesario porque iba a ser más eficiente a la hora de organizar formaciones, para la plantilla de la Seguridad Social, en vez de en espacios privados. Aunque tal y como señala el Tribunal de Cuentas en su informe, nunca se aportó un documento donde se llegara a detallar tal justificación.
Su inauguración iba a ser en 2005, pero se retrasó hasta 2013
La inauguración, según anunció Camps, estaba prevista para 2005 e iba a costar 25,57 millones de euros, según el artículo de El País. Pero las obras no se autorizaron hasta el 20 de octubre de 2006, tras ser aprobadas por el Consejo de Ministros. Además, el valor estimado de las obras ascendió hasta los 39,8 millones.
El contrato de obras se adjudicó a FCC Construcción por un importe de 28,7 millones (IVA incluido). Los costes de la construcción no quedaron ahí, ya que, en 2010, se tuvieron que volver a adjudicar otros dos contratos más para realizar obras complementarias al complejo de edificios. Uno de 619.204 euros para los dos arquitectos mencionados anteriormente y otro de 7,7 millones de euros, ambos con IVA incluido, para FCC Construcción, adjudicados nuevamente por negociado sin publicidad.
El hotel del complejo tenía 151 habitaciones y 27 suites con sala de trabajo y vestidor
Las obras terminan en 2010, pero el edificio no empieza a funcionar hasta tres años después, en 2013, cuando se anuncia la licitación para la explotación de la residencia del complejo como “establecimiento hotelero y de restauración”. La adjudicación no está publicada, pero un portavoz del Ministerio de Inclusión y Seguridad Social detalla que el adjudicatario fue la compañía Gestión Hotelera Touractive. Durante este tiempo, el hotel llegó a abrirse al público, tal y como se puede comprobar en algunas webs de reservas de viajes y en su vídeo promocional colgado en Youtube.
Según el video promocional de Touractive, el hotel constaba de 151 habitaciones de “diseño y funcionalidad en materiales nobles”, 101 habitaciones dobles y 20 individuales, además de 27 suites con sala de trabajo independiente y vestidor. En el anuncio se menciona que los espacios son amplios y se pueden celebrar incluso bodas. En el restaurante (con terraza ajardinada incluida) había un chef que diseñaba menús según las exigencias del cliente.
Yoga, piscina climatizada e incluso cata de Gin Tonic para eliminar el estrés
Además del gimnasio donde realizar “yoga, pilates, fitness”, también añaden que para “eliminar el estrés”, se podían hacer “unos largos” en la piscina o participar en la cata de Gin Tonic o en el taller escuela de iniciación a la cata de vinos. La residencia del complejo principalmente estaba pensada para personal funcionario, pero según se plasmaba en los pliegos, se podían recibir visitantes privados siempre y cuando la Seguridad Social lo aprobara.
La relación entre Touractive y la Seguridad Social terminó ocho meses antes de que se cumplieran los tres años fijados en el contrato, ya que el 4 de febrero de 2016, el organismo público decidió resolver el contrato con la empresa por incumplimiento de sus obligaciones contractuales y demandó a la adjudicataria, solicitándoles las cantidades adeudadas. Un portavoz del ministerio aclara que esta demanda se estimó íntegramente en una sentencia de este año.
Entonces, la Seguridad Social sacó un segundo contrato de explotación de la residencia del complejo y se lo adjudicó a la empresa Catering 4 y 5. Este contrato, además de ser más barato, también eliminó la posibilidad de que el adjudicatario pudiera abrir el inmueble al público privado.
36 euros por alojarse y 10 por comer en el restaurante
Los precios de la residencia del complejo estaban pensados para ser económicos: el alojamiento y el desayuno costaban 36,30 euros (IVA incluido); el almuerzo en el restaurante 10,73 euros y la cena 12,10 euros, según una nota informativa de la Seguridad Social.
En 2019, ya con el Gobierno de Pedro Sánchez, la actividad del centro vuelve a verse paralizada, ya que la Tesorería General de la Seguridad Social decide no prorrogar el contrato y pone en venta el edificio, sacándolo a subasta pública. El tipo mínimo de licitación de la subasta, marcado por la institución, fue de 59.644.100 euros, lo que suponía una reducción de valor del 24,39 % sobre la inversión inicial, tal y como indica el Tribunal de Cuentas en su informe. A pesar de la bajada de precio, la subasta quedó desierta. Desde entonces, el edificio ha estado en desuso hasta 2022, que se ha reconvertido en un centro temporal para recibir a los refugiados ucranianos.
Durante los 6 años que estuvo operativo el complejo generó 97 mil euros en ingresos a la Seguridad Social
En todo este tiempo, el complejo estuvo operativo seis años y generó unos ingresos de 97 mil euros, según el Tribunal de Cuentas. En total, su coste fue de 86 millones de euros: 20,2 millones por la compra del terreno, 58,6 por la construcción y 7,6 millones de euros en gastos de mantenimiento, tal y como destaca el informe.
El Tribunal de Cuentas, además de medir el gasto del complejo, también evaluó el nivel de actividad que tuvo, destacando que les resultaba “significativo” que, a pesar de que la actividad en 2016 fue prácticamente nula, el importe de los gastos se mantiene inalterado.
Sobre por qué la Seguridad Social prefirió echar el cierre del sitio, en el informe del Tribunal de Cuentas se plantea que los motivos fueron fundamentalmente económicos, según reconoce la Seguridad Social. “La ocupación y aprovechamiento” del centro “era bajo”.
Desde la apertura del complejo, de media ha habido 65 cursos anuales, que corresponden con unos 1.700 alumnos, es decir, una media de 36 personas por semana o 12 personas por día. El Tribunal de Cuentas plantea que 12 personas por día suponían una ocupación del 2,76%, “lo que indica una manifiesta infrautilización del centro”. Para este cálculo, el órgano fiscalizador solo tuvo en cuenta los 3 días de utilización del centro a la semana (de martes a jueves).
Por otra parte, la Seguridad Social consideraba que el gasto de mantenimiento era elevado. Por ello, justifica el organismo público que era necesario «reducir la actividad del centro y proceder a la apertura de un proceso de venta del mismo».
La Seguridad Social pretende volver a reabrir el complejo
El Tribunal de Cuentas destaca que la Tesorería General de la Seguridad Social, hasta el momento de publicación del informe, no ha aportado los estudios sobre la necesidad de la inversión (ahorro de costes frente a otras alternativas en cuanto a alojamiento, transporte, alquiler de salas) “ni memorias o informes sobre la previsión de actividades a realizar y sus gastos estimados”.
Sobre el futuro del complejo, un portavoz del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social explica a Newtral.es que en el momento actual, el centro está siendo destinado a la atención integral de las personas desplazadas de Ucrania y no da más detalles.
No obstante, en el informe del Tribunal de Cuentas se advierte una aclaración de la Seguridad Social, donde afirma que ha recibido indicaciones desde el ministerio para volver a reactivar el centro. Para ello, señala que además de actualizar las instalaciones y los equipos informáticos, también preparará una estrategia de comunicación y tramitará un nuevo contrato de explotación de la residencia del complejo, aumentando así la millonaria factura del complejo.
Fuentes
Portal de Contratación
Boletín Oficial del Estado
Referencias Consejo de Ministros
El País | La Seguridad Social abrirá en Pozuelo en 2005 el primer centro para formar a sus funcionarios
Estuve en un curso en 2017 y ya entonces, la mitad del complejo estaba inutilizado y era un lujo en decadencia que no se aprovechaba, en medio de la nada y sin responsabilidad de nadie por el fracaso ni el dinero gastado. Actualmente, para opositar tienes que ir a Madrid y pagarte una estancia a precio de oro, y podría utilizarse, por ejemplo, a precios asequibles para las personas que acuden con ese propósito
Algún responsable? Alguien paga por el despilfarro? Quién controla? Claro que el dinero publico no es de nadie. Así nos va en este país. Alguien se habrá enriquecido con todo esto. Si fuera más joven emigraría a otro país donde hubiera menos mangantes impunes. Tiene que haberlo