Por más que en el caso de España domine un mensaje más tranquilizador sobre las garantías de suministro de gas, la capacidad de producción de electricidad y el riesgo de que lleguen las restricciones por la guerra de Ucrania, el manual de ahorro energético que prepara la UE es la antesala de los racionamientos y limitaciones a que se verá sometido todo el Viejo Continente tras un corte del suministro de gas ruso (en cualquier momento) que meterá a todos los socios comunitarios, sin excepciones, en el cauce de una economía de guerra. La limitación de los aires acondicionados a 25 grados a pesar de tener el verano más tórrido de la historia, y la calefacción a no más de 19 cuando llegue la ola de frío, no es más que el inicio de lo que los expertos han venido a llamar “planes energéticos de racionalización”, que amenazan con condicionar la vida cotidiana de las personas y la actividad de las empresas antes de que llegue el otoño.
Es cierto que España apenas depende en un 10% del gas ruso, cuenta por el momento con la garantía de suministro del gasoducto de Argelia y goza de más capacidad que toda Europa para regasificar el GNL licuado que nos llega en barcos metaneros de mercados más estables, como Qatar, Nigeria o el mismo EEUU, lo que hace pensar que, de llegar, las restricciones al consumo energético serán menores o, al menos, se dejarán notar más tarde que en otros países de Europa, como Alemana, Italia o Francia, que dependen más directamente del ‘chorro’ ruso. Pero en el seno del Gobierno saben que ese hecho, derivado de la “isla energética ibérica”, no va a servir para saltarse unas imposiciones comunitarias que buscan responder de forma unificada y contundente al órdago ruso. La situación se podrá contener a corto plazo, mientras las cosas no vayan a más, pero a medida que se acerca el corte real de suministro de un gas del que depende el 40% de la producción energética europea, con las grandes economías europeas en jaque mate, la situación será distinta.
A la espera de que se reforme todo el mercado energético europeo, al albur de una nueva configuración de las fuentes de suministro, el hecho de que la Comisión lance un decálogo de ahorro energético de obligado cumplimiento deja claro que la excepción ibérica y el tope al gas son solo un parche para España y Portugal que no les va a librar de sufrir y afrontar las consecuencias de la escasez de gas que impone Putin. Es más, en el borrador que se ha conocido de ese paquete de condiciones se advierte que ante un previsible cese del suministro ruso habrá que proceder a un reparto conjunto en la UE del gas disponible, del que se derivarán las restricciones y los racionamientos que a cada país le correspondan, tanto o no topado el precio.
Limitaciones en el uso del agua caliente para ducharnos y para limpiar; restricciones en el consumo energético nocturno; capacidad del Estado para establecer ‘triajes’ energéticos por empresas, sectores y hasta comunidades; sanciones o recortes en el uso de energía a quien no cumpla con las mínimas condiciones de aislamiento o se salte los recortes impuestos; cambios en el encendido y apagado público; y hasta cupos en el consumo de combustible tanto para las empresas como para la movilidad urbana, son solo un mínimo ejemplo de la retahíla de opciones a las que se puede llegar en los momentos más serios de una economía de guerra provocada por la falta de suministro de gas.
La mayor parte de los economistas y analistas del sector energético han advertido ya que lo primero que se verá afectado en España será la industria básica, en sectores tan importantes como la automoción, la siderurgia y hasta la construcción naval y la máquina herramienta, dado que sin el soporte tecnológico y comercial que para ellos supone el mercado europeo, se verán obligados a frenar su actividad hasta límites imprevistos, en plena reconversión con la llegada de los fondos europeos. El Gobierno ya prepara planes de contingencia ante un escenario sin gas ruso a corto plazo (este mismo verano) que lleve al límite la situación. Incluso la ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, reclamaba esta semana a las grandes compañías energéticas que elaborasen sus propios escenarios y tomasen medidas, a la vista de que el conflicto con Ucrania puede durar muchos, años incluso, y su papel como generadores, distribuidores y comercializadores de electricidad es fundamental en España.
Sin salirse ni un ápice de este escenario, el gestor del mercado del gas, Enagás, lanzaba esta semana un mensaje tranquilizador con los datos disponibles “a día de hoy”, pero muy pendiente de lo que pueda ocurrir en apenas dos meses. España cuenta con reservas de gas subterráneo a más del 73% de capacidad y con gas licuado en los depósitos al 84%, una cantidad con la que se puede mantener el consumo energético nacional durante casi un mes en pleno invierno si la cosa se complica. Lo que no se descarta en el sector es que una parte de ese gas o lo que llegue a través de Argelia o de los metaneros deba ser aportado, en la medida en que se pueda, al resto de la UE para compensar el tremendo golpe que sería un corte ruso drástico y rápido.
De una forma o de otra, la crisis energética que se puede desatar ya este mismo verano, según las previsiones que manejan los estados de la UE en plenas labores de mantenimiento del gasoducto de Rusia con Alemania (Nordstream I), se va a complicar con la subida de los tipos de interés que prepara el Banco Central Europeo (BCE) para frenar la elevada inflación que han provocado los precios de la energía. Esa tormenta doble y conectada es la que se cierne sobre las economías europeas en otoño e invierno, con el único consuelo para España de que las restricciones llegarán más tarde, el turismo dará una tregua en verano y a final de año todavía creceremos, aunque no se sepa por cuanto tiempo.
