Borràs reta al Constitucional y contabiliza el voto delegado de Lluís Puig

La presidenta del Parlament, Laura Borràs, y la mayoría independentista de la Mesa han retado hoy al Tribunal Constitucional (TC) al contabilizar verbalmente el voto delegado del diputado de JxCat Lluís Puig en las votaciones del pleno, aunque sin que se sepa aún si constará oficialmente en el diario de sesiones. El pleno del Parlament arrancaba este miércoles con la expectativa de qué harían las fuerzas independentistas cuando se produjera una primera votación, después de la sentencia del TC, que revocaba la delegación de voto al exconseller, huido en Bélgica por el 1-O.

La mayoría independentista de la Mesa había acordado ayer por la tarde mantener la delegación de voto de Puig, a pesar de las advertencias al respecto del letrado mayor del Parlament. Desestimadas las cuatro peticiones de reconsideración presentadas por PSC, Vox, Ciudadanos y PPC, la validación de un decreto ley de integración de centros educativos ha sido la primera votación en el pleno que ponía a prueba la decisión de desoír al TC.

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Antes de producirse esa votación, Borràs ha expresado que "de acuerdo con el acuerdo adoptado por la mayoría de la Mesa, el voto de Puig será añadido al cómputo de votación en base al sentido de voto que fija la portavoz de su grupo parlamentario, que es quien tiene hecha la delegación de voto", en alusión a Mònica Sales. Borràs ha contabilizado verbalmente el voto delegado, al anunciar de viva voz que el decreto ha sido validado por 134 votos a favor; no obstante, dicho voto no se ha visto reflejado en el marcador electrónico de la Cámara, que mostraba solo 133 votos favorables.

El paso siguiente deberá ser la publicación de las votaciones de este pleno en el Boletín Oficial del Parlament y en los diarios de sesiones, algo que aún está en el aire, aunque fuentes de ERC y JxCat confían en que se producirá finalmente. Y es que el acuerdo de cuatro puntos suscrito ayer entre los miembros de ERC y JxCat en la Mesa no solo contempla mantener el voto delegado, sino que también emplaza a que la Mesa acuerde asumir la responsabilidad de la publicación definitiva de las votaciones, para así eximir así a los funcionarios de posibles consecuencias legales.

Pero este último aspecto todavía no está cerrado, ya que ERC y JxCat pactaron reunir nuevamente la Mesa del Parlament a lo largo del pleno para acordar definitivamente esta cuestión, algo que según fuentes parlamentarias podría producirse incluso al final de las votaciones de mañana jueves por la tarde. Quien advirtió ayer a los miembros independentistas de la Mesa de las posibles consecuencias penales fue el letrado mayor, Miquel Palomares, que tomó la palabra para alertar de la "ilegalidad" de dicho acuerdo, según han confirmado diversas fuentes parlamentarias.

Delito de desobediencia

Palomares avisó de que desoír al TC podía suponer un delito de desobediencia y de usurpación de funciones, con posibles penas de entre uno a tres años de cárcel, y añadió que éstas podrían verse incluso incrementadas si, además de mantener la delegación de voto, la Mesa asumía además la responsabilidad de la publicación oficial de las votaciones en el Boletín Oficial y los diarios de sesiones. Por parte de la CUP, en una intervención por la tarde, la diputada Laia Estrada ha considerado "fantástico" que la Mesa haya "defendido" los derechos de Puig, pero ha reclamado también "valentía" para hacer frente al Constitucional cuando "tumba leyes sociales" catalanas.

De momento, Vox ha anunciado que se querellará por desobediencia contra los miembros de la Mesa en el caso de que no se reconsidere la decisión de mantener el voto de Puig. Y Ciudadanos ha registrado un escrito ante el Tribunal Constitucional en el que piden que se deduzca testimonio, para que el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña pueda proceder, en su caso, a exigir responsabilidades por prevaricación y desobediencia contra Borràs y otros miembros de la Mesa.

Por otro lado, la sesión de control al presidente catalán ha estado marcada por la situación judicial de Borràs, quien está a un paso de juicio por adjudicar a dedo 18 contratos menores a un amigo cuando estaba al frente de la Institució de les Lletres Catalanes. Preguntado al respecto, Pere Aragonès ha esgrimido la separación de poderes para no posicionarse sobre si Borràs debe dimitir, pero ha sugerido que para preservar "la defensa y el prestigio de las instituciones, en el momento concreto en que se deban tomar decisiones", él está convencido de que "todo el mundo tomará la que más convenga a la vocación de servicio público".