Anticorrupción archiva la investigación por el contrato covid del hermano de Ayuso

Comunidad de Madrid

El fiscal señala que la investigación practicada "permite descartar la existencia de conductas penalmente relevantes"

El 3% por unas mascarillas

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, en una imagen de archivo

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, en una imagen de archivo

EP

La Fiscalía Anticorrupción ha dado carpetazo a las diligencias abiertas al hermano de la presidenta madrileña por intermediar en un contrato de mascarillas de 1,5 millones de euros en plena pandemia por el Covid-19. En el decreto ,el fiscal jefe concluye que Isabel Díaz Ayuso no participó de ninguna manera en la adjudicación del contrato y, por tanto, debe quedar ajena a cualquier investigación al respecto.

Varios partidos de la oposición madrileña denunciaron a la líder ‘popular’ de un posible delito de tráfico de influencias. El fiscal Alejandro Luzón concluye que según diversas testificales ninguno de los funcionarios que participaron en la adjudicación del contrato recibieron ninguna indicación, llamada, recomendación o sugerencia de autoridad o funcionario interesándose por la contratación de la empresa Priviet, para la que medió Tomás Díaz Ayuso.

“No consta intervención directa ni indirecta de la presidenta de la Comunidad de Madrid en este expediente como tampoco de la mediación en su nombre de Tomás Díaz Ayuso ante funcionario o autoridad alguna”, recoge el decreto. El fiscal explica que durante estos meses se ha analizado la documentación remitida por los denunciantes pero la investigación “no ha confirmado la referida hipótesis delictiva ni permite avanzar más en ella”.

Luzón da, por tanto, por zanjado este asunto y acuerda comunicárselo a la Fiscalía Europea con la que tuvo un encontronazo precisamente a raiz de este asunto. Aunque la Fiscalía General del Estado entendió que Anticorrupción debía ser la competente para investigar estos hechos, la europea consideró que había en juego fondos europeos e insistió en seguir con su investigación, que se encuentra tutelada por la Audiencia Nacional, que ahora mantendrá sus diligencias abiertas. Respecto del hermano de la presidenta, el decreto de archivo recuerda que éste ya venía trabajando en el mercado sanitario desde el siglo pasado. Y por esa razón, en marzo de 2020, en plena pandemia, propuso al propietario Priviet, al que conocía, una oportunidad de negocio para vender mascarillas.

"Cacería injustificada"

Para el fiscal, la versión del hermano de la presidenta sobre la manera de lograr el contrato y sobre el precio de las mascarillas le parece “coherente” y por tanto considera que no hay indicios para presentar una querella contra él. “Su relato no queda ensombrecido por las hipótesis planteadas por los denunciantes que no han superado el umbral de las meras sospechas o conjeturas que no permiten avanzar, siquiera sea provisionalmente, en una tesis inculpatoria”. Tras conocer el archivo, Díaz Ayuso ha hablado de “cacería injustificada de la izquierda contra ella.

La noticia se ha conocido pasada las 13.30 horas, minutos antes de que la propia Ayuso compareciera en el pleno semanal de la Asamblea de Madrid para informar de su mínima modificación de su equipo de Gobierno. Y la presidenta regional no ha perdido la oportunidad de comenzar su intervención haciendo referencia a este archivo y a la "cacería injustificada" que, a su juicio, ha emprendido durante todo este año la izquierda.

"Señorías de la izquierda, ya van 20 veces, 20 contadas, que me han llevado a los tribunales y 20 veces que la justicia, jueces y fiscales, han dicho que son todo falsedades. Han utilizado el Parlamento y las instituciones para manchar mi honor 20 veces, será que la justicia es de extrema derecha, será que el sistema está corrompido, pero son 20 veces donde se ha demostrado el uso torticero que están haciendo ustedes de la justicia".

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Archiva por tanto la investigación en lo que se refiere a los delitos de tráfico de influencias, prevaricación, negociaciones prohibidas a los funcionarios, fraude y falsedad, si bien no se pronuncia sobre posibles delitos de malversación, fraude a los intereses financieros de la UE y cohecho, "en escrupuloso respeto" de las competencias de la Fiscalía Europea, que mantiene abiertas sus pesquisas.

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