En plena polémica por la férrea defensa que la ministra de Igualdad, Irene Montero, hace de las que ha bautizado como "madres protectoras" -mujeres que, como María Sevilla, han sido condenadas por la Justicia por secuestrar a sus hijos para separarles de sus padres-, el Gobierno ha decidido borrar por primera vez los datos de sustracciones de menores del Informe Anual que publica el Centro Nacional de Personas Desaparecidas (CNDES).
Este organismo, dependiente del Ministerio del Interior, publica todos los años un informe en el que desglosa las desapariciones en función de su tipología, lo que permite saber cuántos secuestros parentales se perpetran en nuestro país. Desde el año 2010, la cifra siempre había rondado los 300 casos anuales, aunque en 2019 incluso rozó los 370.
En el año 2020, sin embargo, la pandemia del coronavirus y los sucesivos estados de alarma redujeron la cifra a 35, algo que el propio CNDES calificó de inusual. La sorpresa llega ahora tras la publicación del último informe, que recoge los datos de 2021, y que, por primera vez, ni siquiera menciona la sustracción de menores, sino que simplemente se limita distinguir entre desaparición "forzosa", "involuntaria", "voluntaria" o "sin catalogar".
"Antes, el Centro Nacional de Desaparecidos nos daba todo tipo de datos: género del secuestrador, datos por provincia, por regiones, por rangos de edad... La información era buenísima y exhaustiva, y nos servía como herramienta de prevención, pero ahora mismo la opacidad es total", denuncia Javier Somoza, presidente de la Asociación Niños Sin Derechos (NISDE).
El rapapolvo de La Haya
Lo primero que desapareció de las estadísticas fue precisamente el género, tal y como constató en 2018 el Centro Internacional para Niños Desaparecidos y Explotados (ICMEC, según sus siglas en inglés). Hace cuatro años, este organismo ubicado en La Haya publicó un informe en el que revelaba que 7 de cada 10 secuestros parentales son perpetrados por mujeres. La cifra había sido extraída de un pormenorizado análisis de los datos aportados por los distintos países, en el que, sin embargo, ya se abroncaba a España precisamente por su opacidad.
"El Gobierno central español fue incapaz de proporcionar información sobre la relación entre el secuestrador y el niño. En informes anteriores, la mayoría de las personas secuestradoras eran madres, representando el 67% en 2008, el 71% en 2003 y el 61% en 1999", rezaba el documento (página 116).
De acuerdo con los reproches del ICMEC, el género del secuestrador habría desaparecido así de los informes españoles, al menos, desde 2009, época en la que gobernaba José Luis Rodríguez Zapatero. Somoza asegura que el resto de datos (edad del menor, lugar de procedencia, etc) se empezaron a ocultar hace tres años, ya con Pedro Sánchez en el poder.
"Si uno tiene una enfermedad, lo mejor es conocer los síntomas y analizar todo para poder dar con la mejor solución, pero en este país parece que lo que se quiere es tapar esa enfermedad y así nunca la vas a curar", advierte el presidente de NISDE, que considera "vergonzosa" la última maniobra del Gobierno, evitando directamente que se desglosen los secuestros parentales.
Los datos en España
Somoza, que lleva años luchando para encontrar a su propia hija, asegura que, a pesar de los intentos por ocultar la realidad, "es evidente que la mayor parte de ellos son perpetrados por la madre". Es más, en el caso de su asociación, el porcentaje de casos en los que la secuestradora es la mujer se eleva al 92%.
Según denuncia, detrás de todos esos casos hay un mismo patrón. Los problemas empiezan por un quebrantamiento del régimen de visitas. "Desde 2015, esto ya no es delito, así que, si vas a la Policía, te dicen que recurras a la vía civil -explica el presidente de NISDE-. Yo tengo un compañero que acumuló hasta 27 denuncias. De repente, llega un momento en el que te avisan del colegio diciendo que el niño lleva sin ir un mes a clase. ¿Y cómo no me has avisado antes? Pues porque ella decía que tenía la custodia, te dicen. Y cuando te quieres dar cuenta, ya les has perdido la pista".
Tras el caso de María Sevilla, la Policía llegó a tomar declaración a más de 50 hombres, cuyos hijos habían sido secuestrados por sus exparejas siguiendo exactamente el mismo modus operandi que el de la presidenta de Infancia Libre. El testimonio de todos esos padres dio lugar a un extenso informe de más de 200 páginas en el que la Unidad Adscrita de la Policía Judicial de Plaza de Castilla concluye que dicha asociación -que asesoró a Podemos sobre abusos intrafamiliares y fue de la mano de la formación morada tanto al Congreso como al Senado- funcionaba, en la práctica, como una "organización criminal". Sin embargo, la Fiscalía de Pedro Sánchez frenó la investigación.