El Gobierno socialdemócrata rumano celebrará este domingo una sesión extraordinaria para retirar el polémico decreto ley que despenaliza ciertos delitos de corrupción, y cuya aprobación ha generado la mayor oleada de protestas en el país balcánico desde la caída del régimen comunista del Nicolae Ceaucescu en 1989.
Pese al anuncio de la derogación, ayer sábado, unas 300.000 personas se manifestaron y por quinto día consecutivo. “Mañana vamos a celebrar una sesión de Gobierno extraordinaria para derogar el decreto”, dijo el primer ministro, Sorin Grindeanu, en una declaración a los medios. “Todos los argumentos no se transmitieron de manera correcta, lo que creó confusión, por lo que el Ministerio y el ministro de Justicia asumen las consecuencias”, agrego.
Todos los argumentos no se transmitieron de manera correcta, lo que creó confusión, por lo que el Ministerio y el ministro de Justicia asumen las consecuencias”
El primer ministro prometió que pactará con la oposición un nuevo proyecto de ley que cuente con el máximo apoyo parlamentario posible. En la noche del martes el Gobierno aprobó por vía de urgencia y por sorpresa un decreto ley que despenaliza los casos de corrupción si causan pérdidas al Estado por debajo de 44.000 euros, lo que desató una indignación tal que pronto se tradujo en la mayor oleada de protestas desde la caída del comunismo en 1989.
El decreto iba acompañado de un indulto a 2.700 presos por delitos menores, también por corrupción, y que el Ejecutivo justificó por la necesidad de vaciar las abarrotadas cárceles rumanas. Pese a que la retirada del decreto desató la alegría entre los manifestantes, unas 200.000 personas han seguido concentradas en Bucarest ante la sede del Gobierno entre gritos de “ladrones” y “traidores”.
El primer ministro Sorin Grindeanu anuncia la retirada del decreto polémico
Muchos de los que protestan demandan la dimisión del Ejecutivo y nuevos comicios, pese a que el Partido Socialdemócrata (PSD) lleva apenas un mes en el Gobierno tras las elecciones parlamentarias de diciembre. En otras ciudades rumanas se reproducen las manifestaciones, que desde el martes han sacado a las calles del país a una media de 250.000 personas por noche.
El decreto había recibido las críticas de la oposición, del presidente, Klaus Iohannis, la magistratura, la Fiscalía Anticorrupción, la Comisión Europea y de países como Alemania y Francia. Uno de los beneficiados de la despenalización era Liviu Dragnea, el líder y auténtico hombre fuerte del PSD, y que con la nueva normativa no debería responder ante un tribunal por un delito de corrupción valorado en 24.000 euros.