Estaba a punto de concluir el desayuno jurídico organizado este jueves por el Colegio de Abogados de Madrid (ICAM), cuando su decano, José María Alonso, pidió la palabra: "No estoy de acuerdo en que tengamos que tener una justicia feminista, como no estoy de acuerdo en que tengamos que tener una justicia machista; tenemos que tener una justicia independiente. Una justicia independiente, que no se incline ni hacia un lado ni hacia el otro", espetó ante la ministra de Igualdad, Irene Montero, invitada al evento. 

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Montero, que durante la jornada apeló a luchar contra la "justicia patriarcal" que asegura prevalece todavía en España, pidió hablar de nuevo para reprocharle sus palabras, invitándole a "reflexionar" sobre un asunto en que siempre han denunciado los movimientos feministas, que es la consideración de que el feminismo y el machismo son "dos proyectos igualmente legítimos".  

"El feminismo no está proponiendo lo contrario que el machismo, el feminismo está proponiendo que todos seamos iguales", subrayó la titular de Igualdad, recalcando entre aplausos de los presentes que "las mujeres no queremos ser más que nadie". 

Por su parte, José María Alonso ha querido finalizar dejando claro que el ICAM va a estar siempre "al lado de la igualdad, de la lucha contra la violencia de género, de la protección de las mujeres maltratadas y de la no discriminación"; pero incidiendo en que, como abogados, son también "los defensores del derecho de defensa" que, tal y como recoge la Constitución, debe brindarse tanto a las víctimas como a los presuntos autores de los delitos. 

Concluía así una jornada en la que el clima ha sido, en general, de entendimiento, y en el que se ha abordado la perspectiva de género en la justicia; pero también otras iniciativas impulsadas por el departamento de Montero, como la futura ley contra la trata y la explotación sexual, la ley trans o la reforma del aborto. Un acto en el cual el propio decano de la ICAM agradecía la asistencia de la ministra: "En este Foro ha generado cierto malestar en algunos compañeros, pero este Colegio está encantado de tenerte aquí, porque representas dos áreas absolutamente fundamentales no solo para la abogacía, sino para la sociedad civil", afirmó Alonso al darle la bienvenida. 

Montero urge a "deshacer la justicia patriarcal"

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Durante su discurso antes de empezar la ronda de preguntas, la ministra Irene Montero habló sobre la importancia de aplicar la perspectiva de género en la justicia y en mejorar la formación de sus profesionales en esta materia. Según denunció, en España prevalece todavía una "justicia patriarcal" que representa un "obstáculo para el acceso de las mujeres a la garantía de todos sus derechos". "Los sistemas judiciales y los ordenamientos jurídicos siguen siendo ciegos, en muchas ocasiones, a la desigualdad estructural que existe entre hombres y mujeres, y que subordina a más de la mitad de la población, privilegiando la posición masculina", aseveró.

Así, reconociendo el papel "fundamental" que la justicia cumple a la hora de asegurar que los derechos derivados de las leyes se hacen efectivos, Montero urgió a "identificar y deshacer la justicia patriarcal como una barrera que impide la protección eficaz de las víctimas, incluidas las niñas y los niños". 

El caso de la sentencia de 'La Manada', señaló, es un "buen ejemplo" de ello: "Nos permite comprender cómo la acción del movimiento feminista, denunciando esa justicia patriarcal, haciendo que en cada calle hubiese una mujer diciendo 'hermana yo sí te creo' y 'no es abuso, es violación', se ha convertido en el motor de una profunda transformación de la cultura sexual de nuestro país". Esa reivindicación destacó la ministra de Igualdad, se traduce normativamente en la "cercana aprobación" de la ley de libertad sexual, conocida como 'solo sí es sí', que, según valoró, "ha sido capaz también de dar la vuelta a una sentencia judicial que era injusta".

"Solo habrá protección efectiva de los derechos de las mujeres e igualdad real si avanzamos también hacia una justicia con perspectiva feminista y de derechos humanos", insistió, detallando que al hablar de justicia feminista se refiere a aquella que "no juzga en abstracto", sino que toma en consideración "las relaciones de género, de poder, que atraviesan todos los ámbitos de nuestra sociedad". Por el contrario, una "justicia patriarcal", según aseguró, "toma los prejuicios y estereotipos de género como la norma", lo que desemboca en "decisiones sesgadas" que contribuyen a la "impunidad" de los agresores y a la "revictimización" de las víctimas.

Por ello, desde su departamento consideran primordial y una de las medidas "más importantes" impulsadas con el Ministerio de Justicia, la de formar a todos los profesionales de la justicia en materia de perspectiva de género y violencia contra la mujer. Una formación que, según insistió, no debe impartirse únicamente a los operadores jurídicos que trabajen de forma específica en estos casos, sino a los que, de una manera o de otra, estén en contacto con víctimas de violencia de género, como es el caso de los abogados de familias. 

1.000 millones para la reinserción de las víctimas de trata

Preguntada sobre la futura Ley de trata, todavía en fase de negociación, Montero quiso mantenerse "muy prudente" en cuanto a los contenidos que se van a incorporar, pero adelantó que va a estar "muy centrada" en la explotación sexual y la trata con fines de explotación sexual; un tema que considera "ha recibido muy poca atención por parte de las políticas públicas e instituciones". En resumen, la futura norma aspira a "perseguir" la industria proxeneta y acabar con su "impunidad", según explicó la ministra de Igualdad. 

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Buscan también garantizar la protección "total" de los derechos de las mujeres víctimas, dándoles una oportunidad para reinsertarse en la sociedad. "Son procesos de recuperación, de formación, de acompañamiento psicológico que no son breves ni sencillos, y requieren una inversión económica alta", reconoció Montero, avanzando que prevén destinar una partida de 1.000 millones de euros para este fin. "Sin eso no va a haber erradicación", subrayó. 

Respecto a la Ley de Extranjería, que ya ha propuesto modificar en varias ocasiones para contemplar la extensión de la protección institucional a las mujeres víctimas que estén en una situación administrativa irregular, recalcó que es un debate "que tiene que darse", pues lo considera anclado al debate sobre la erradicación de la explotación sexual, ya que gran parte de las víctimas son mujeres o niñas inmigrantes.