Con este anteproyecto de ley, el gobierno intenta superar una asignatura en la que han embarrancado una sucesión de ejecutivos de todo color: poner en marcha unas políticas activas de empleo eficaces. Las políticas activas son medidas destinadas a ayudar a las personas en paro a encontrar una ocupación o que desean cambiar de empleo, y a pesar de que se les destinan casi 6.500 millones de euros al año, la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef) las critica por deficientes y por no dar resultados.
El anteproyecto aprobado esta mañana por el Consejo de Ministros cambia la estructura, la gobernanza y los objetivos de esta política. De entrada, substituye al actual SEPE (Servicio Público de Empleo Estatal) por la Agencia Española de Empleo, con más presupuesto, funciones añadidas y mayor margen de colaboración con las agencias privadas para la búsqueda de ofertas de trabajo.
Además, se establece el compromiso de disponer de 7.000 tutores para orientar de forma personalizada a un millón de desempleados, un despliegue que debe estar listo principios de 2024. La labor de estos tutores es la de ayudar de forma personalizada a las personas en desempleo a orientar su formación y a su búsqueda de una nueva colocación. Actualmente, hay unas 3.000 personas llevando a cabo labores parecidas, lo que supondría tener que más que duplicar el número.
Se crea la Agencia Española de Empleo
Tendrá más competencias y presupuesto que el actual SEPE
Sin embargo, desde el ministerio de Trabajo se subraya que además de los tutores oficiales, hay muchos orientadores actualmente en ayuntamientos y en distintas entidades que realizan labores parecidas, lo que facilitaría el aumento de la dotación.
Aunque en España haya tres millones de parados, desde Trabajo apuntan que no todos los desempleados necesitan este seguimiento individualizado, y que hay también guías que pueden ayudar a orientar a los trabajadores sin llegar a la atención personalizada continuada.
Otro de los grandes cambios es establecer un gran portal de información en el que se centralicen todos los puestos de trabajo disponibles, públicos y privados. La ley no establece el grado de obligatoriedad que tendrán las empresas de informar de sus vacantes al archivo central, es algo que se desarrollará a través de los reglamentos. Sin embargo, fuentes del ministerio apuntan que el objetivo es que las mismas empresas estén interesadas en comunicar sus vacantes al portal y que, además, no les impide que sigan buscando cubrir sus plazas a través de otras fórmulas.
Se trata de establecer un portal global que permita la gestión de vacantes en un mercado de trabajo transparente.Al mismo tiempo, disponer de esta información permitirá recoger información para saber a dónde dirigir el esfuerzo de formación.
La ley de Empleo
Intenta reformular las actuales e ineficaces políticas activas de empleo
El gobierno se fija como objetivo una intermediación laboral eficiente, que facilita la recolocación, para lo que se compromete a ofrecer una oferta adecuada a cada desempleado en un plazo máximo de un año. La oferta adecuada es la que corresponde con la profesión habitual del trabajador o la que se adapta a sus aptitudes físicas y normativas. El nuevo SEPE tendrá que justificarse si al cabo de seis meses no ha ofrecida ninguna oferta adecuada.
La filosofía detrás de esta propuesta es huir de una política de empleo demasiado amplia e ir a colectivos que requieren una atención prioritaria, como las personas de edad madura o los trabajadores de sectores en reestructuración.
El anteproyecto hoy aprobado por el Consejo de Ministros, inicia ahora su trámite parlamentario.
Participa en el Debate
