El titular del Juzgado de lo Mercantil número 16 de Madrid, Carlos Nieto Delgado, ha ordenado el cierre por quiebra del bufete de Gonzalo Boye, el mediático abogado del expresidente del Govern Carles Puigdemont. Se trata del despacho Boye-Elbal & Asociados, que también defendió al 'expresident' Quim Torra.

El juez ha tomado esta decisión y la de cancelar todos los asientos registrales tras constatar la insuficiencia de masa activa, es decir, porque la firma de abogados carecía de bienes de ningún tipo para afrontar sus deudas con los acreedores.

Boye fundó el bufete en 2012 junto a su pareja, la también letrada Isabel Elbal, quien era la administradora pública desde principios de 2020 tras la renuncia del abogado, y solicitó el concurso de acreedores el 29 de septiembre por insolvencia, señala 'La Información'.

La pareja de Boye ha rechazado explicar por qué solicitó el concurso de acreedores para la compañía y por qué el juez ha ordenado su extinción. La letrada sí que ha asegurado que los abogados siguen defendiendo a sus clientes por su cuenta.

Prisión

Cuando Boye comenzó a representar a Puigdemont, se hixo público que al letrado se le vinculó en su juventud con ETA y fue condenado en 1988 a 14 años de cárcel por colaborar en el secuestro del empresario Emiliano Revilla.

El 30 de octubre de ese año, Revilla fue liberado, tras 249 días de cautiverio y después de que su familia pagase mil millones de pesetas (unos 6.010.121 de euros en la actualidad).

Boye, además de a prisión, fue condenado a indemnizar al empresario con 200 millones de pesetas (unos 1.202.024 de euros en la actualidad), pero no pagó la indemnización. Revilla la reclamaría de nuevo en 2019.

Un año después, la Audiencia Nacional ordenó embargar los bienes del abogado para indemnizar al empresario y este mes de septiembre, Elbal solicitó el concurso de acreedores.

Boye renunció al cargo de administrador solidario tan solo tres semanas después de la orden de la Audiencia Nacional para poder hacer frente a los 1,2 millones de euros que adeuda por el secuestro de Revilla y, ahora, el juez ha decidido cerrar su despacho.

Blanqueo por narcotráfico

En enero de este año, la juez de la Audiencia Nacional María Tardón comunicó a Boye su procesamiento junto a otras 45 personas, entre ellas el narcotraficante José Ramón Prado Bugallo, "Sito Miñanco", en una causa por presunta participación en un entramado criminal para blanquear el dinero del narcotráfico.