"En defensa del estado descentralizado que pretende ser el Estado Español, la implicación pública que se demanda no puede ir ligada a una estrategia de recentralización y unificación; sino que debe potenciarse en todos los niveles de la administración. Para ello es necesario dotarles de instrumentos que garanticen la capacidad de decisión e intervención, potenciando la corresponsabilidad fiscal y la autonomía tributaria. Las propuestas defendidas en este informe permiten avanzar hacia este objetivo, otorgando capacidades normativas y de gestión a aquellas autonomías que deseen ejercerlas". El primer documento oficial que refleja la posición del nuevo Govern de Pere Aragonés respecto al siempre resbaladizo debate fiscal en Cataluña se aleja de la solución bilateral que planteaba el célebre 'Pacto Fiscal' de Artur Mas, que aspiraba a instaurar en Cataluña un sistema fiscal específico emparentado con los regímenes forales vasco y navarro; y se inclina por una solución federal, cuyo horizonte es ampliar al margen de maniobra fiscal de todas las comunidades autónomas para que sea cada una de ellas la que determine el grado de autonomía fiscal que quiere asumir.
El documento de aportaciones para la reforma fiscal presentado por la Generalitat de Cataluña al comité de expertos creado por el Ministerio de Hacienda, que lleva el membrete del Departamento de Economía y Hacienda dirigido por el conseller Jaume Giró, reivindica la ampliación del espacio fiscal disponible de todas las comunidades autónomas para impulsar su corresponsabilidad fiscal y su autonomía financiera, y aboga por hacerlo por dos vías. Por un lado, ampliando y respetando su capacidad normativa para fijar impuestos propios; y, por otro, habilitando "espacios de convivencia" en los que el Estado ceda la capacidad normativa a las comunidades autónomas en determinados ámbitos como la fiscalidad ambiental, que asoma como un campo crítico en los próximos años.
La propuesta de la Generalitat no menciona en ningún momento la habilitación de un régimen específico para Cataluña sino la ampliación del margen de maniobra fiscal de las comunidades autónomas, de modo que sean éstas las que decidan hasta dónde quieren llegar en la asunción de esa corresponsabilidad fiscal, en línea con los planteamientos federalistas que defienden no pocos miembros del comité de expertos y en los que muchos ven la solución al aparente laberinto sin salida de la financiación catalana.
El conseller catalán de Economía y Hacienda, Jaume Giró, ya lanzó un primer mensaje del cambio de posición de Cataluña respecto a los foros multilaterales de debate en torno al sistema fiscal con su presencia, después de cuatro años consecutivos de ausencias de consellers catalanes, en una reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera el pasado mes de julio. El desafío de Giró en este campo no es pequeño, ya que debe intentar conciliar las posiciones encontradas dentro del nacionalismo catalán entre los que abogan por un marco de financiación específico para Cataluña y los que transigen con una solución federalista con la mirada puesta únicamente en que Cataluña tenga un mayor margen de maniobra fiscal.
Armonización fiscal...con matices
La clave que se adivina en la propuesta de reforma fiscal de la Generalitat para conciliar ambas posturas es lo que han dado en denominar como 'modelos de convivencia de espacios fiscales' entre el Estado y las comunidades autónomas. Cataluña lo plantea, por ejemplo, para la fiscalidad ambiental, donde observa una inclinación recentralizadora que "no solo vulnera el principio de corresponsabilidad fiscal, sino que reduce la poca autonomía tributaria de la que disponen las CCAA y va claramente en contra del proceso de descentralización diseñado por la Constitución Española".
Ponen el ejemplo del impuesto estatal sobre residuos que pretende aprobar el Gobierno y cuya recaudación y capacidad para subir o bajar tipos se deja a las comunidades autónomas, algo que Cataluña estima insuficiente. El 'modelo de convivencia de espacios fiscales' que propone Cataluña pasaría por que el Estado dejara estar las figuras ya creadas por las comunidades autónomas que gravan los residuos, sin perjuicio de que se creara una figura estatal que se aplicaría de manera supletoria en las comunidades autónomas que no tuvieran un impuesto propio para garantizar que esa realidad se somete a imposición en todo el territorio nacional.
La propuesta de la Generalitat también enarbola ese modelo de convivencia de espacios fiscales para resolver la 'guerra del Impuesto de Patrimonio'. Cataluña propone la creación de lo que llama un 'impuesto dual', con una base estatal y una base autonómica tal y como ya sucede en el IRPF y en el que tanto el Estado como las comunidades autónomas tendrían plena capacidad normativa para determinar los elementos esenciales del impuesto. El margen de maniobra de las autonomías llegaría hasta el punto de dar la posibilidad de que los contribuyentes se deduzcan de la cuota a ingresar estatal la cuota líquida autonómica siempre que el resultado no sea favorable al contribuyente.
La Generalitat entiende que con este modelo se evita la desfiscalización del impuesto preservando la capacidad normativa de las comunidades autónomas, aunque ésta se limite al 50% del impuesto. También considera que es una mejor solución que el establecimiento de un tipo mínimo en el impuesto bajo los argumentos de que potencia la capacidad normativa de las autonomías, contiene los episodios de competencia fiscal a la baja e involucra a las comunidades autónomas en las funciones de gestión e inspección del Estado, que puede ser relevante, dice el Govern, ante la actitud pasiva de alguna Administración.
El govern catalán da por hecho en su documento que la competencia fiscal a la baja permitida en España - en referencia a la bonificación del 100% instaurada en la Comunidad de Madrid - ha mermado la capacidad impositiva de las comunidades autónomas y ha alimentado deslocalizaciones masivas de contribuyentes, dando por buenos los estudios que sugieren que desde 2015 la Comunidad de Madrid habría ganado 6.000 declarantes de Patrimonio al tiempo que el resto de comunidades han perdido contribuyentes a razón de 375 por autonomía.
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