¿Puede la Unión Europea expulsar a sus miembros?

El Tratado de la Unión Europea (TUE) permite a un Estado miembro abandonar la organización, pero no contempla la posibilidad de expulsarlo si infringe las normas de la Unión. Cuando firmaron los acuerdos fundacionales, los Estados se comprometieron a respetar de buena fe los deberes comunitarios, pero es habitual que los incumplan.

Prueba de ello es la ley que Hungría aprobó en junio de 2021, que censura la visibilización de la homosexualidad en escuelas y medios de comunicación. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, avisó que revisarían la medida, y el primer ministro de los Países Bajos, Mark Rutte, fue más contundente: “Si no retira la ley anti-LGTBIQ, que se vaya. Hungría ya no tiene cabida en la UE”. Sin embargo, Bruselas cuenta con mecanismos de control ineficaces para estas extralimitaciones y entre ellos no está la expulsión.

El sistema de votación de la UE impide proteger sus valores

Cuando un país miembro viola derechos fundamentales de la UE —como el respeto a la democracia, la igualdad o el Estado de derecho— puede activarse el artículo 7 del TUE. Este procedimiento permite suspender los derechos políticos del infractor dentro de la organización, como su derecho a votar las decisiones comunitarias en el Consejo Europeo. Es el llamado “botón nuclear”, que nunca se ha llegado a aplicar. 

Si la violación del derecho es probable pero aún no se ha producido, el Consejo de la UE, la Comisión Europea o el Parlamento Europeo pueden votar a favor de que el Consejo estudie la situación. Este oye los motivos del país examinado y le ofrece una recomendación. Pero cuando la violación es flagrante, la respuesta es más contundente. Los jefes de Estado y de Gobierno de los veintisiete países, excepto el investigado, deciden por unanimidad si se han violado los valores europeos. De ser así, corresponde al Consejo de la UE suprimir los derechos del infractor en una votación por mayoría cualificada: el 55% de países miembros representando al 65% de la población.

La primera vez que el Parlamento recomendó aplicar el artículo 7 del TUE fue en 2017 para penalizar a Polonia por su reforma judicial, que atentaba contra el principio del Estado de derecho, pero la suspensión no salió adelante porque Hungría votó en contra. El Parlamento dio el mismo paso contra Hungría en 2018 ante su prohibición de acoger a migrantes irregulares y refugiados, pero esta vez fue Polonia la que lo vetó. El ataque de ambos países al Estado de derecho es frecuente y queda impune debido al requisito de la unanimidad, ya que los dos países se protegen entre sí.

Atacar el bolsillo, el castigo más eficaz

Ante la ineficacia para castigar a estos dos países y prevenir incumplimientos futuros, en 2020 la UE adoptó normas que permiten congelar los fondos a los Estados miembros que no respetan los valores democráticos. La Comisión Europea es quien propone la suspensión y el Consejo Europeo la somete a votación por mayoría cualificada. Este mecanismo todavía no se ha empleado. 

El tercer procedimiento de penalización es el de infracción. Se inicia en caso de que un Estado miembro incumpla las obligaciones de los tratados de la Unión, como no adoptar una decisión o transponer una directiva, o infringir la legislación en un ámbito concreto, como el de mercado único o medioambiente. En estos casos la Comisión estima si hay incumplimiento y emite un dictamen, a la espera de que el país interpelado cumpla las recomendaciones.

Si, pese a eso, el Estado no cumple, la Comisión o cualquier Estado miembro puede interponer un recurso ante el Tribunal de Justicia de la UE, que examina la cuestión y obliga al Estado a subsanar las deficiencias. Si la infracción persiste, la Comisión puede imponer una multa económica en función a la capacidad de pago del país. Los incumplimientos de normas de la UE son tan frecuentes que la Comisión elabora un paquete mensual de procedimientos de infracción.

La Comisión detectó 797 casos de infracción en 2019, especialmente en los ámbitos de medioambiente y mercado interior, industria y espíritu empresarial. Luxemburgo, Estonia y Lituania tuvieron el menor número de infracciones por transposición o aplicación incorrecta de la legislación comunitaria, mientras que Italia, Grecia y España tuvieron la cifra más alta. Esta última fue la principal infractora, con 85 expedientes abiertos.