La Justicia confirma el carácter privado de la isla viguesa de los ricos

La paradoja es que una sentencia que preserva de nuevas construcciones la paradisíaca Toralla se basa en su carácter privado. La isla favorita de los vigueses, una de las más turísticas de la ciudad, es en realidad un coto privado, con una caseta y un guardia de seguridad que impiden el paso a los no residentes. El evidente anacronismo, coronado por una torre de 70 metros que desluce el paisaje, ha servido al Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) para zanjar una nueva tentativa inmobiliaria, en este caso un chalé promovido por un conocido empresario de Vigo. El islote es privado, sus viales no son públicos y, por lo tanto, las parcelas carecen de la condición de solar, sostiene el fallo.

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La sentencia del alto tribunal gallego pone nuevamente de actualidad las peculiaridades de Toralla, adonde aún no ha llegado la Ley de Costas de 1988. En sus 10 hectáreas de superficie no hay dominio público ni servidumbres de paso, y las normas las marca una comunidad de propietarios y una sociedad, Toralla SA, con concesión sobre el territorio hasta 2064. Una treintena de propietarios, en su mayoría de la élite empresarial de la ciudad, disfrutan de selectos chalés que alcanzan hasta donde rompen las olas, sin que se llegara a hacer efectivo jamás el paseo perimetral prometido por distintos ministros de Medio Ambiente, que formaba parte del proyecto de recuperación del dominio público marítimo-terrestre. Todo ello se retrasa año tras año, a pesar de que tanto el Ayuntamiento como el Congreso de los Diputados vuelven periódicamente a la carga con reclamaciones de normalización.

No es la primera vez que el TSXG se pronuncia de la misma manera. En esta ocasión, lo ha hecho para confirmar una sentencia del juzgado de lo contencioso-administrativo número 1 de Vigo, que da la razón a las autoridades municipales en la denegación de licencia para levantar una casa en la zona. Los razonamientos se basan siempre en un argumento principal: el carácter privado de la isla. La Ley del Suelo de Galicia establece que, para merecer la condición de solar, una finca debe tener acceso desde un vial público, y las calles interiores de Toralla no lo son, ya que la comunidad de propietarios siempre se negó a cederlas al Ayuntamiento. De hecho, desde el puesto de control ubicado en un extremo del puente de unión con la costa solo se permite el paso a los residentes y sus invitados.

Hace apenas seis meses, el alto tribunal gallego se pronunciaba en términos muy similares para prohibir la construcción de otro chalé

Hace apenas seis meses, el alto tribunal gallego se pronunciaba en términos muy similares para prohibir la construcción de otro chalé, este, promovido por el presidente de Toralla S.A., la sociedad creada en pleno desarrollismo de los años setenta y que obtuvo los permisos para construir el puente, la torre de apartamentos y las 34 parcelas en las que se construyeron los chalés. En el juicio, el arquitecto Antonio Cominges, autor del proyecto, defendió que existe una “cesión tácita de los viales al Ayuntamiento”, pero el juez rechazó esta interpretación.

Además de la titularidad de los viales, el Tribunal de Justicia subraya que el municipio no presta en la zona los servicios urbanísticos de alumbrado, abastecimiento de agua, alcantarillado ni conservación ni mantenimiento de las vías, de los que se encarga la comunidad de vecinos, Centro Turístico Residencial Isla de Toralla. La existencia de un puesto de control y una valla es para los magistrados esclarecedora del carácter privado de la zona, por lo que fallan a favor de las autoridades municipales.

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La finca en la que se pretendía levantar una nueva construcción es una de las dos únicas que siguen sin edificar, tal y como especifica el impulsor de la demanda, que contrapuso el rechazo a conceder licencia con otros permisos autorizados en la isla, “lo que entraña un cambio de criterio por parte de la administración que exige una motivación”. Entre ellos, el concedido para la creación de la Estación de Ciencias Marinas, un edificio-laboratorio de la Universidad de Vigo que constituye la única dotación pública del islote. El terreno, añadía, tributa tanto para la recogida de basuras como el Impuesto de Bienes Inmuebles.

La sentencia apunta en sentido contrario

Frente a estas argumentaciones, la sentencia confirmada por el Superior de Xustiza apunta en sentido contrario. Los jueces reconocen que actuaciones municipales precedentes respecto de otras edificaciones en la isla no repararon en el carácter privado del vial “con la precisión que lo hizo en esta ocasión la resolución denegatoria de la licencia de parcelación”. Precisan además que el reglamento de la comunidad de propietarios establece que el tránsito interior está restringido a los miembros de la comunidad, una norma que no ha sido impuesta por administración pública alguna, “lo que resulta revelador del carácter privado del vial al que da frente la parcela”.

El promotor se amparaba en la primera Ley de Suelo de España, aprobada en 1956, y en un proyecto de urbanización que data de 1968

Para conseguir licencia, el promotor se amparaba en la primera Ley de Suelo de España, aprobada en 1956 y objeto de sucesivas reformas y modificaciones, y en un proyecto de urbanización que data de 1968. El TSXG le corrige al advertir que las peticiones de licencia han de resolverse con arreglo a la legislación y el planeamiento vigentes en el momento de su otorgamiento.

Aunque la sentencia confirma el carácter privado, el alcalde de Vigo, Abel Caballero, se muestra satisfecho con un criterio judicial que confirma la prohibición de culminar las edificaciones en la zona. “Nos avala en nuestra pretensión de salvar lo que se pueda en este momento en Toralla”, declara. Es, añade, un razonamiento “muy importante” para preservar los espacios que aún no han sido urbanizados, mientras insiste la recuperación del dominio público: “Estamos dialogando con Costas para ver cómo conseguimos el máximo de permeabilidad en la isla a los ciudadanos que no viven en esa zona; a ver si somos capaces de hacer un proyecto abierto a toda la ciudad”.

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Antes de que en los años sesenta la actual concesionaria tomara la isla, esta era un bello paraje que mantenía su aspecto original, a pesar de que la presencia humana allí se remonta a casi 3.000 años antes. Antiguo castro, con la llegada de los romanos fue empleada como cementerio. Con el paso del tiempo se convertiría en propiedad del Obispado de Tui, hasta que la Desamortización la dejó en manos de Francisco Javier Martínez Enríquez, Marqués de Valladares, y posteriormente de Martín de Echegaray, un emigrante que regresó rico de Argentina, que se la compró a principios del siglo XX. Serían sus herederos quienes la venderían en 1965 a la familia que constituyó Toralla SA, que disfruta de una concesión de 99 años a la que aún le restan 33.