Audiencia de Barcelona
El cuñado de Torra, condenado a cuatro años y medio de prisión por fraude fiscal
El tribunal atribuye a Josep Morell los delitos de fraude a Hacienda e insolvencia punible
J. G. Albalat
Redactor
Ha trabajado en el Diario de Barcelona, El País y AVUI. Desde hace años en El Periódico cubriendo los acontecimientos judiciales. Premios Ortega y Gasset, Save the Children, Ramon Barnils y Josep Maria Planes por la investigación del 'caso Maristas' sobre abusos sexuales en los colegios. En el 2016, mención honorífica de la Generalitat en el Día de la Justicia. Colaborador de publicaciones jurídicas. Profesor asociado Master de Criminología de la Universitat de Barcelona.
La Audiencia de Barcelona ha condenado a Josep Morell Vázquez, cuñado del 'expresident' Quim Torra, a cuatro años y seis meses de prisión por un delito de fraude a Hacienda y otro de insolvencia punible, según la sentencia a la que ha tenido acceso EL PERIÓDICO. El tribunal de la Sección 10 ha impuesto la misma pena, que también comporta multas, una de ellas de 170.000 euros y otra de menor cuantía, a un hermano de este empresario y a una tercera persona. Los tres deberán pagar a la Agencia Tributaria de forma solidaria 169.923 euros. Josep Morell es el marido de Montse Torra, la hermana del exjefe del Govern. La defensa ha presentado recurso, según las fuentes consultadas.
La sentencia, que recoge las tesis de la fiscalía, declara probado que, en 2009, los dos hermanos condenados cerraron por "la mala situación económica y financiera" la empresa Piensos Suprem, de la que eran administradores, y decidieron vender las siete parcelas donde se ubicaba la fábrica en Santa Coloma de Farners, que eran propiedad de otra sociedad, Can Roure, también de la familia.
Los jueces sostiene que los dos hermanos, "sabedores" de que la operación generaría para Can Roure importantes plusvalías por las que se deberían pagar impuestos, "decidieron ejecutar un plan, encaminado, por un lado, a ocultar" a Hacienda la obtención de esos beneficios y, en segundo lugar, "desvincularse aparentemente de la mencionada sociedad para eludir cualquier tipo de responsabilidad en el eventual supuesto de que se descubriese un fraude tributario".
A la vez, indicen los togados, proyectaron "despatrimonializar" la empresa para "frustrar" los posibles procedimientos administrativos o judiciales de ejecución de los créditos públicos por deudas tributarias no satisfechas.
Empresas pantalla y testaferro
Para "diseñar y ejecutar" ese plan, en el que "se iban a utilizar diversas sociedades pantallas o instrumentales", los hermanos Morell, relatan los magistrados, "contaron con la imprescindible y consciente colaboración" del tercer condenado, quien "articuló y coordinó la estrategia defraudatoria", utilizando para ello un testaferro, si bien este no era conocedor de que las operaciones "buscaban la finalidad fraudulenta perseguida" por los imputados.
La sentencia recoge las operaciones que se realizaron para estos propósitos. El primer paso fue el "ilícito proyecto" de desvincular "aparentemente" a los hermanos Morell de Can Roure, valiéndose de un entramado de sociedades. Los jueces consideran que la desvinculación no se produjo realmente, "ya que ambos continuaron siendo dueños" de la empresa y tenían "el efectivo control de la misma".
Por un lado, precisan, no llegaron a cobrar los 62.550 fijados como precio de venta de sus acciones y, por otro, se constituyó una hipoteca sobre fincas en la que se asentaba la fábrica para "garantizar las deudas por impago de salarios" a sus trabajadores, "en cuyo nombre y representación actuaron ambos acusados en calidad de dueños".
Siete solares
El precio por cinco terrenos vendidos en julio de 2010 fue de 880.391 euros más 158.410 euros de IVA. Los jueces estiman que, por el impuesto de sociedades, Can Roures debería haber pagado a Hacienda 169.957 euros y solo ingresó 34,07 euros. Fueron los hermanos Morell, "como verdaderos dueños y administradores de hecho en la sombra de Can Roure, quienes decidieron la ocultación y consiguiente defraudación", subrayan.
De otros dos solares se desprendieron meses antes, en diciembre de 2009, por 238.963 euros, no abonando 76.373 euros a la Agencia Tributaria. La resolución determina que los acusados también despatrimonializaron Can Roure con retiradas de fondo en efectivo y traspaso de dinero a otras compañías, vinculadas a la citada empresa, entre otras operaciones.
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