Tampoco habrá un proyecto de ley de Vivienda en marzo. Desde el Ministerio de Transportes asumen que no podrán tener la norma lista el martes de la próxima semana, cuando se celebra el último Consejo de Ministros del mes; de hecho, tanto la parte socialista del Gobierno como la de Unidas Podemos creen que la nueva ley de Vivienda no verá la luz hasta después de las elecciones autonómicas que se celebrarán en la Comunidad de Madrid el 4 de mayo.

El desarrollo de la norma ha convivido desde el principio con múltiples retrasos, fruto de los desacuerdos entre Transportes y la Vicepresidencia de Derechos Sociales, sobre todo en materia de regulación de alquileres; de hecho, lleva fuera de plazo desde hace dos meses. A finales de octubre, los socialistas y la formación morada firmaron un acuerdo para sacar adelante los Presupuestos Generales de 2021, y, en ese pacto, se acordó que la norma debería remitirse al Consejo de Ministros en tres meses; por lo que, atendiendo a ese plazo, el anteproyecto de ley debería haber visto la luz a finales del pasado mes de enero.

Sin embargo, cuando estaba a punto de vencer el plazo acordado en el pacto presupuestario, desde el departamento dirigido por José Luis Ábalos se asumió que no llegarían a tiempo, y se dieron un nuevo límite temporal: el mes de febrero, un límite que tampoco se cumplió. El propio ministro aseguró entonces que el nuevo objetivo era que la ley de Vivienda se remitiera al Consejo de Ministros antes de que finalizara marzo, un compromiso que la semana que viene se verá, como los anteriores, incumplido.

El historial de los plazos para aprobar la norma situaría el nuevo compromiso temporal en el mes de abril, pero en esta ocasión, tanto en el PSOE como en Unidas Podemos son conscientes de que será muy difícil sacar adelante esta legislación en medio de una campaña electoral en el que el asunto de la vivienda y la regulación de los alquileres va a marcar buena parte de las agendas y de los actos de los dos partidos.

El vicepresidente segundo del Gobierno y candidato de Unidas Podemos a las elecciones autonómicas, Pablo Iglesias, estrenó, de hecho, de manera informal su candidatura el pasado fin de semana con un acto en defensa del derecho a una vivienda digna. En el acto, Iglesias se refirió en varias ocasiones al "incumplimiento" de Ábalos del acuerdo de coalición por su negativa a fijar límites a los precios de los alquileres.

Por su parte, el candidato socialista, Ángel Gabilondo, ha anunciado este jueves que, si llega a presidir el Gobierno de la región, una de sus primeras medidas será la de prohibir la venta de vivienda pública a los fondos buitre. Estos dos movimientos dejan claro que el asunto de la vivienda será clave para ambas formaciones en los comicios, ya que ya está marcando agenda antes incluso del inicio de la campaña electoral.

El próximo lunes, los equipos del Ministerio de Transportes y de la Vicepresidencia de Derechos Sociales volverán a mantener una reunión para tratar de acercar posturas respecto a la norma. Los de Ábalos quieren llevar a ese encuentro una propuesta en materia de impuestos a las viviendas vacías, una exigencia que ha planteado Unidas Podemos desde el inicio de las negociaciones.

El Ministerio está trabajando en una propuesta para definir primero y de forma clara que se entiende como vivienda vacía y, luego, facilitar las actuaciones de los ayuntamientos para poder incrementar el Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) hasta el 50% en los casos que se determinen. En este aspecto, se considera que puede llegarse a un acuerdo con la formación morada.

Más difícil está el consenso en cuanto a fijar un precio máximo de alquiler en las llamadas zonas tensionadas, ni siquiera fijar una congelación de dichos precios, como parece que se barajó en las últimas reuniones entre ambas partes.

El Ministerio de Ábalos sigue defendiendo que la actuación más efectiva y más segura jurídicamente son los incentivos fiscales, los que también están dispuestos a negociar con la Vicepresidencia de Derechos Sociales.

Ambas partes culpan a la otra de querer retrasar la aprobación de la ley de Vivienda para poder utilizar esta discrepancia en la campaña electoral madrileña. En Unidas Podemos desconfían de que se puedan acercar posturas en materia de regulación de alquileres el próximo lunes y, la semana pasada, las negociaciones se enquistaron tras asegurar los de Pablo Iglesias que los socialistas se habían abierto a hablar sobre la intervención del mercado del alquiler, una posición desmentida por el Ministerio de Transportes.

Tras conocer que el Gobierno y la SAREB han llegado a un acuerdo para que el denominado banco malo ponga a disposición de comunidades y ayuntamientos 15.000 inmuebles en régimen de vivienda social, los de Iglesias insisten en que se debe conocer el dato de viviendas totales vacías propiedad de este organismo, que, a su juicio, debería aportar un 75% de su stock. "Para ampliar el parque público de vivienda no hay que construir más (somos el país con más viviendas vacías de toda Europa), sino aprovechar el inmenso stock de vivienda inutilizada que tenemos en instituciones como la SAREB", aseguró el vicepresidente segundo del Ejecutivo en sus redes sociales.

No obstante, fuentes del Ministerio insistieron en que se seguirá buscando el consenso y, aunque la reunión del lunes no será la última, se asegura que en cuanto sea posible se llevará la ley al Consejo de Ministros.