La semana final de negociación del borrador presupuestario ha tropezado con escollos postreros que pueden obligar a intervenir al presidente Pedro Sánchez y su vicepresidente, Pablo Iglesias. Unidas Podemos considera que el documento debe ceñirse lo más posible al acuerdo de Gobierno firmado en enero, mientras el PSOE prefiere dejar algunos de los acuerdos de coalición para más adelante, informan fuentes de la formación morada. El obstáculo: fiscalidad y alquileres.
La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, quiere afrontar la reforma fiscal prometida cuando se hayan despejado dudas sobre el futuro de la economía, tal como aparece en el acuerdo de gobierno firmado en enero, que fijaba una subida del IRPF para rentas superiores a 130.000 euros. Montero es partidaria de mejorar la recaudación mediante los impuestos indirectos, aunque estos sean más regresivos, en la medida en que afectan a la población sin importar su renta.
Unidas Podemos, que ya en enero pretendía una subida de IRPF a partir de los 90.000 euros de ingresos anuales, y que se tuvo que conformar con que se limitase a los 130.000, cree que, a pesar de la pandemia, el ejecutivo debería comenzar por apretar a las rentas más altas, al menos desde los 200.000 euros (dos veces y media el sueldo del presidente del Gobierno).
El PSOE prefiere posponer la reforma fiscal y mejorar la recaudación con los impuestos indirectos
La otra dificultad radica en la intervención sobre los alquileres. Ya la pasada semana el vicepresidente Pablo Iglesias, tras reunirse con los sindicatos de inquilinos, anunció que presionaría para que la regulación de los arrendamientos en zonas urbanas donde se registren burbujas de precios –como ocurre en buena parte de Europa y aprobó el Parlament de Catalunya recientemente– entrase en el proyecto de Presupuestos Generales del Estado.
La respuesta la dio el lunes el ministro de Fomento, José Luis Ábalos, quien es partidario de que los alquileres –cuya regulación también estaba en el pacto de coalición firmado en enero–, sean regulados mediante una ley específica de vivienda más adelante, y no en los presupuestos. Pero Unidas Podemos no quiere esperar.
Sobre la legislación del mercado de la vivienda ambas formaciones ya están escaldadas, pues en la anterior legislatura, cuando el PSOE gobernaba en solitario y Unidas Podemos pactó un proyecto presupuestario con Sánchez, también se acordó esta regulación y el PSOE acabó llevando al Congreso un decreto que fue tumbado por los morados, en enero de 2019, por no atenerse a lo firmado cuatro meses antes.
Podemos ya tumbó un decreto sobre alquileres de Ábalos en enero de 2019 por incumplir lo pactado con ellos
Otros aspectos que los morados quieren que se resuelvan en el proyecto de presupuestos son las rentas para los más vulnerables. En particular, Iglesias quiere que la regulación del Ingreso Mínimo Vital, pactado en junio, sea modificada para resolver los problemas de acceso que está generando su aplicación, y también la actualización del Iprem.
Unidas Podemos y el PSOE esperan presentar el borrador de presupuesto de forma inminente, para comenzar la negociación de los apoyos parlamentarios, para la que ya se han producido contactos discretos. Las discrepancias en alquileres e impuestos son capitales para esta negociación posterior porque inclinarán el cariz del documento hacia la mayoría de la investidura o facilitando abrir el documento a un pacto con Ciudadanos.
Subir impuestos y regular alquileres en los PGE facilitaría el apoyo de ERC y dificultaría el de Ciudadanos, dado su ideario neoliberal
Regular los alquileres y subir los impuestos a rentas altas facilitan la negociación con esa mayoría de la investidura, en particular con ERC, pero a la vez son un sapo difícil de tragar para los postulados neoliberales de Ciudadanos, y ahí parece estar el motivo del conflicto.
No en vano, ayer el presidente valenciano, Ximo Puig, que gobierna con el apoyo de Compromís y Podemos, abrió negociaciones oficiales con el líder de la formación naranja en Valencia, Toni Cantó, un movimiento que no ha pasado inadvertido al socio minoritario del Consejo de Ministros.