Gran Bretaña está geográficamente a mitad de camino (más o menos) entre Suecia y España, y también en lo que a la estrategia de la pandemia se refiere. Empezó jugando con la idea de que el virus caminara a sus anchas para estimular la inmunidad de grupo, y luego pasó al cierre de la economía y un confinamiento blando. Al final se ha quedado con un pie en cada lado, entre la aproximación liberal y la autoritaria, con consecuencias desastrosas.
El número de muertos por la enfermedad, según cifras oficiales reveladas ayer por la Oficina Nacional de Estadísticas (ONS) y que actualizan los fallecimientos en geriátricos, sobrepasa ya los cuarenta mil, prácticamente la mitad que Estados Unidos con menos de una quinta parte de la población del gigante norteamericano, y supera claramente a España, Italia, Francia y Alemania. A pesar de que el Gobierno dice que lo peor ha pasado y ya se está bajando la montaña, los científicos calculan que siguen infectándose unas 20.000 personas al día.
Presiones económicas
Y a pesar de ello, la Administración Johnson se ha empeñado en desescalar, presionada por los agentes económicos y los donantes del Partido Conservador. A partir de hoy van a abrir los centros de jardinería, y se van a flexibilizar las reglas para hacer ejercicio y utilizar los espacios públicos, aunque en la práctica las autoridades nunca lo han controlado (excepto algunas policías locales que pecaron al principio de exceso de celo), y todo el mundo ha hecho lo que ha querido. El Gobierno está buscando la manera de crear “burbujas” de familiares y amigos que puedan juntarse, siguiendo el ejemplo de otros países.
El modelo británico no está funcionando ni a escala sanitaria ni tampoco económica, con lo que se ha anclado en el peor de los mundos. A la alta mortalidad se añade el pronóstico del Banco de Inglaterra de que la economía perderá alrededor de 500.000 millones de euros, el PIB se desplomará a niveles desconocidos desde la Segunda Guerra Mundial y el desempleo alcanzará el 9%, estadísticas estremecedoras.
El ministro de Finanzas, Rishi Sunak, anunció ayer la prolongación hasta Octubre del programa en virtud del cual el Gobierno paga un ochenta por ciento de los salarios de los empleados (una cuarta parte de la fuerza laboral) de empresas que se han acogido al equivalente británico de un ERTE. La iniciativa está costando a las arcas del Tesoro unos 17.000 millones de euros mensuales, lo mismo que todo el presupuesto de la sanidad pública.
Hasta agosto, el Estado seguirá pagando hasta un máximo de 2.800 euros al mes, pero ha advertido que a partir de entonces las empresas habrán de hacerse cargo de una parte. El programa, que se lanzó en marzo, ha salvado por el momento siete millones y medio de puestos de trabajo. Aunque no se sabe si lo ha hecho de verdad, o los está manteniendo con vida mediante un respirador artificial.