La batalla judicial que las plataformas digitales de reparto mantienen con un buen número de sus 'riders' otorgó una nueva victoria a estos últimos el pasado lunes.

El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) se convirtió en el tercero de este nivel en fallar que la relación de una plataforma, en este caso Glovo, con sus repartidores es laboral y que, por tanto, se trata de falsos autónomos.

“Me decían a donde tenía que ir, cómo tenía que ir, me daban información al inicio dela actividad, me facturaban ellos, me daban una tarjeta de crédito para que pudiese yo comprar, me presentaba como Glovo no como mi propia empresa. Se daban todos los supuestos habidos y por haber”, declara Juanjo Lavergue, el ex repartidor de Glovo que consiguió que el TSJC declarase que su “desconexión” fue un despido improcedente..

“La compañía quiere formar parte de la solución y lamenta que España sea el único país en el que se están judicializando los casos, en lugar de optar por una legislación fruto del diálogo”, señaló Glovo, a través de un comunicado.

A la espera del Tribunal Supremo

Se trata solo de un paso más en el camino judicial que lleva, en última instancia, al Tribunal Supremo, que fijará jurisprudencia y decidirá si el modelo de empresas como Glovo o Deliveroo, que se presentan como meros intermediarios entre clientes y repartidores autónomos, es legal o contraviene las legislación laboral española, tal y como defiende Inspección de Trabajo.

“Se está viendo la luz al final del túnel”, declara Lavergue. “Hemos calculado desde Riders X Derechos -la asociación sindical de mensajeros a la que pertenece- que en menos de dos años tendría que llegar al Supremo”.

Entre tanto, el Gobierno de coalición PSOE-Unidas Podemos planea ya una ley que regule el sector y la ministra Yolanda Díaz ya anunció su intención de “ impedir que nuevas fórmulas de negocio de la economía de plataformas se conviertan en nuevas formas de explotación".

“Una cosa no quita la otra”, declara Lavergue sobre la doble vía judicial y legislativa que se ha abierto contra el modelo laboral de las plataformas digitales. “No quita el histórico del fraude a la Seguridad Social durante estos últimos seis años es muy grande, empresas como Deliveroo y Glovo deben muchos millones de euros, y también retornos a los repartidores”.