El antiguo Deshio Nippon Express ha tenido una vida de lo más ajetreada. La que fuera fábrica y almacén de ropa del ejército japonés fue uno de los escasos edificios que sobrevivieron con apenas unos rasguños a los devastadores efectos de Little Boy , la bomba atómica lanzada sobre la ciudad de Hiroshima aquel funesto 6 de agosto de 1945. Tras servir en un primer momento como hospital de campaña improvisado, con el tiempo hizo las funciones de centro educativo, almacén para una empresa de reparto y, finalmente, de residencia para estudiantes universitarios.
Pero ahora, cuando sus fatigados muros de hormigón cubiertos de ladrillo eran carne de cañón de recinto museístico o de memorial de guerra, el paso del tiempo y la escasez de fondos para su mantenimiento amenazan con lograr lo que no consiguieron los casi 16 kilotones de potencia explosiva caídos desde el cielo. Una tragedia griega –o nipona en este caso– contra la que se ha rebelado parte de la población local, que aspiran a preservarlo como un recordatorio al natural de las maldades intrínsecas al armamento nuclear.
Su tarea reivindicativa no se vislumbra sencilla. En la actualidad, del complejo erigido en 1913 a apenas 2,7 kilómetros del epicentro de la explosión, tan sólo siguen en pie cuatro edificios, tres de los cuales pertenecen a la prefectura y un cuarto al Gobierno central. Hace dos años, una inspección rutinaria reveló que su estructura no resistiría el impacto de un fuerte terremoto, habituales en el archipiélago nipón. “No teníamos más opción que tomar medidas, ya que su derrumbe podría dañar a los residentes del vecindario”, confió un funcionario anónimo a France Press.
La cupula Genbaku, convertida en símbolo por la paz
La administración local calcula que para preservar los tres bloques de su propiedad necesitaría una inversión de unos 8.400 millones de yenes (unos 68,6 millones de euros). Para evitar semejante gasto, propusieron demoler dos de los edificios para el año 2022 y preservar el tercero, una operación que les saldría por entre 1.400 y 3.100 millones de yenes (11,5 y 25,3 millones de euros respectivamente).
Pero su decisión no gustó en la ciudad, donde todavía escuece el recuerdo de lo sucedido. Iwao Nakanishi, de 89 años, tenía sólo 15 cuando la explosión de la primera bomba atómica lanzada contra una población civil le sorprendió en el interior de uno de los edificios que ahora peligran. “Considerando la importancia histórica de contar la tragedia a las generaciones futuras, no podemos aceptar su demolición. Nos oponemos firmemente”, subrayó al diario local Mainichi este hombre, que encabeza el grupo de resistentes contra las excavadoras. “Las instalaciones pueden utilizarse para promover la abolición de las armas nucleares”, añadió.
Su propuesta goza de cierto predicamento en una ciudad que vio como hasta 140.000 de sus vecinos morían a consecuencia del artefacto americano, y en tan sólo unos pocos días ya ha sido capaz de recoger 15.000 firmas de apoyo (y subiendo). “Estos son edificios valiosos que nos cuentan el horror que supuso la bomba atómica. Quiero que se conserven todos”, explicó un turista de 69 años que visitaba el lugar.
En la actualidad, sólo 85 edificios construidos antes del lanzamiento de la bomba permanecen de pie en un radio de cinco kilómetros de la “zona cero”. El más famoso y significativo de todos es la cúpula Genbaku, una edificio de estilo europeo de 25 metros de altura que fue reconocido como patrimonio mundial de la Unesco en 1996 y que ahora preside el parque de la Paz.
Por su simbolismo, este lugar ha sido escenario de visitas históricas en las que el ritual aconseja lanzar mensajes pacifistas. Hace tres años, por aquí mismo pasó Barack Obama, el primer presidente estadounidense en visitar la localidad que arrasaron las tropas de su país hace siete décadas. Más recientemente, el papa Francisco también recaló por estos parajes en su primera visita al país nipón, donde se reunió con algunos de los supervivientes de la masacre y reiteró que “el uso de la energía atómica para la guerra es un crimen”. Un mensaje que coincide con el de los vecinos que reniegan del derribo pese al gran coste que puede suponer para las arcas locales.