La Abogacía del Estado se vuelve a posicionar de forma opuesta a la Fiscalía al respaldar la solicitud de Oriol Junqueras, líder de ERC, de salir de prisión el 17 de junio para recoger el acta de eurodiputado.

Ese día está fijada la fecha para el trámite de acatamiento de la Constitución, el primero que deben cumplir los electos en los comicios europeos del pasado 26 de mayo. Según confirmaron fuentes de la Abogacía, su escrito no tiene en cuenta las dificultades que podría entrañar la inmunidad de los europarlamentarios, a diferencia de lo que argumenta la Fiscalía, que rechazó este maretes el permiso.

La Abogacía considera que es a la Junta Electoral a la que corresponde valorar el cumplimiento de los requisitos establecidos por el derecho español que puede afectar a los candidatos electos y singularmente los efectos del artículo 384 bis de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, cuya aplicación supondría la suspensión de Junqueras también como europarlamentario.

En su escrito, pide que el traslado a la cámara se haga en las mismas condiciones de custodia y con las mismas limitaciones que el día de la constitución del Congreso y del Senado. Además, pide que se envíe a la Junta Electoral Central el auto de conclusión del sumario de la causa del 'procés' y la comunicación de la presidenta del Congreso Meritxell Batet por la que se declaró a Junqueras automáticamente suspendido como diputado español.

Los Servicios Jurídicos del Estado se posicionan así de forma opuesta a la Fiscalía, que se opone a conceder el permiso en un informe en el que advierte que, de obtener la condición de europarlamentario, ello obligaría a pedir un suplicatorio a la cámara europea para poder seguir avanzando en el procedimiento que causaría "interferencias absolutamente irrazonables" en el procedimiento judicial.

La Fiscalía dirigió el martes un escrito al Tribunal Supremo en el que se oponía a la concesión del permiso al líder de ERC para ir al Congreso de los Diputados a acatar la Constitución y adquirir así la condición de miembro de pleno derecho del Parlamento Europeo.

En su escrito, el ministerio público advierte al tribunal de que la adquisición de la condición de europarlamentario "produciría interferencias absolutamente irrazonables en el ejercicio de la función jurisdiccional", al convertir su inmunidad parlamentaria en un "privilegio".

Para culminar los requisitos que le convertirían en miembros del Europarlamento, Junqueras tendría que ser autorizado a salir de prisión para acudir el próximo día 17 de junio para acatar la Constitución. Eso sí, esto no asegura nada, puesto que el Parlamento Europeo podría pedir al Supremo la suspensión del exvicepresidente. La Eurocámara no es competente para suspender por sí misma.

La fiscal general del Estado, María José Segarra, consideró, por su parte, que a estas alturas del juicio del "procés" podría ser "perturbador" autorizar a Oriol Junqueras salir de prisión para acatar la Carta Magna y ser eurodiputado.

Segarra ha dicho que las discrepancias "son perfectamente admisibles", en referencia a que la Abogacía del Estado, a diferencia de la Fiscalía, no se opone a la salida de Junqueras de prisión, y se ha mostrado partidaria de "no hacer nunca jurídicoficción".