La Fiscalía abre diligencias penales por el caso del máster de Cifuentes

La Fiscalía de Móstoles ha abierto diligencias para investigar la denuncia presentada por las asociaciones de estudiantes a causa de las presuntas irregularidades en el máster que Cristina Cifuentes habría cursado en la Universidad Rey Juan Carlos. La apertura de las diligencias se produce después de que la Fiscalía Provincial de Madrid, que dirige José Javier Polo, haya remitido la denuncia. A todo ello se une que en la tarde de este jueves el centro universitario también ha decidido trasladar el caso al Ministerio Fiscal, "ante la aparición de informaciones que pudieran ser constitutivas de delito" en el marco de la investigación abierta en la universidad. El rector, Javier Ramos, comparecerá ante los medios para dar más detalles sobre el asunto este viernes a las 13:30. Fuentes fiscales explican que la comunicación oficial todavía no ha llegado y, por eso, el Ministerio Público aún no ha abierto diligencias de investigación penal.

La URJC movía ficha este jueves por la mañana tras la primera intervención pública de la presidenta de la Comunidad de Madrid —este miércoles y este jueves en el pleno de la Asamblea— en la que la presidenta regional afirmó haber cursado el máster y haber defendido personalmente su trabajo final, negando cualquier "falsedad o falsificación" por su parte. Eso sí, dejó en más de una ocasión la pelota en el tejado del centro universitario al decir que las posibles irregularidades administrativas tendrán que ser explicadas por la universidad. "Como alumna yo no lo puedo aclarar, debe ser la propia universidad", fueron sus palabras. En todo caso, la primera reacción de la universidad fue emitir un comunicado en el que expresa su compromiso de llegar "hasta las últimas consecuencias" en la investigación abierta. Más tarde, la universidad ha transmitido que pone en manos de la Fiscalía la investigación ante la posibilidad de que existan actos delictivos.

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La universidad también informaba en esa misiva de que trabaja "intensamente" para aclarar todo lo relativo al máster realizado por la presidenta regional, "poniendo a disposición de la Inspección de Servicios todos los recursos humanos, materiales e informáticos necesarios para verificar los procedimientos documentales y telemáticos relacionados con el caso". El centro universitario que dirige el rector Javier Ramos sí insiste en que "no puede ni debe hacer más declaraciones hasta que la investigación finalice y tenga en su poder todas las pruebas que avalen las conclusiones de la misma".

Precisamente este jueves estaban llamadas a declarar las tres profesoras que figuran en el acta de lectura del trabajo de fin de máster de Cifuentes, Alicia López de los Mozos (presidenta), Clara Souto (vocal) y Cecilia Rosado (secretaria), además del director del propio máster y del Instituto de Derecho Público (IDP), el catedrático de Derecho Constitucional Enrique Álvarez Conde. Esa investigación fue iniciada hace días por la Inspección de Servicios de la universidad, con el apoyo de dos observadores externos de la Conferencia de Rectores de Universidades Españolas (CRUE). Las declaraciones de las profesoras podían constituir un elemento clave tras la información publicada por este periódico en exclusiva, que ponía de manifiesto cómo el acta fue fabricada horas después de que estallara el escándalo y al menos dos de las tres firmas estaban falsificadas (como ratifica también el informe caligráfico publicado en El Confidencial).

Sobre todo porque la presidenta madrileña insistió en su primera aparición pública tras el escándalo —dos semanas después— en su versión de que el máster que realizó fue "perfectamente legal" y la información hecha pública (en esta ocasión, con los sellos oficiales de la universidad) "acredita" que lo cursó en 2012. Aseguró que ni daría por válida ni desmentiría la documentación publicada por este diario, al entender que son fallos administrativos o irregularidades que ella sufrió como alumna y que quien debe aclararlo es la propia universidad. Declaraciones que han sentado muy mal en gran parte de la comunidad universitaria de la URJC, que ven degradada la imagen del centro y de los títulos que a día de hoy cursan miles de alumnos entre sus paredes.

Las aclaraciones de Cifuentes en torno al funcionamiento del máster en su caso particular tampoco dejan en muy buen lugar a la URJC, que prácticamente adaptó el programa a las circunstancias de la ahora presidenta de la comunidad. Cifuentes se pronunció sobre la cuestión de que ninguno de sus compañeros recuerde haberla visto en clase pese a que el máster era presencial. "Eso significa únicamente que las clases no son telemáticas", insistió, para reconocer después que llegó a un acuerdo con su tutor, que le permitió no asistir a las clases y hallar otra manera de evaluarla y hacer su seguimiento, ya que también reconoció que no hizo los exámenes como el resto de alumnos.

La investigación en la universidad

La CRUE anunció hace unos días que aceptaba la solicitud del rector de la Universidad Rey Juan Carlos para designar a un observador externo en el proceso sobre el máster de Cifuentes. Atendiendo a esta solicitud del rector, la CRUE designó como observadores externos a José Ángel Contreras, director del Servicio de Inspección de la Universidad de Burgos, y a Carmen Ruiz, jefa del Área de Inspección de Servicios de la Universidad de Murcia. Ambos profesionales, miembros del Grupo de Trabajo de Inspección de Servicios de la CRUE, supervisarán el procedimiento de información reservada abierto por la Rey Juan Carlos con el objetivo de ofrecer la máxima transparencia en el proceso administrativo relacionado con el Máster Universitario en Derecho Público del Estado Autonómico cursado por la presidenta regional.