El Tribunal Constitucional prohíbe por unanimidad la investidura a distancia de Carles Puigdemont
Puigdemont: "Incluso el Constitucional rechaza el fraude de ley que pretendía La Moncloa"
El Gobierno se apresuró esta noche, tras una jornada de nervios e incertidumbre, a «celebrar» la decisión del Tribunal Constitucional de prohibir la celebración de un Pleno por delegación o por vía telemática para investir a Carles Puigdemont. Algo que sería, recalcaron fuentes del Ejecutivo, «fraudulento.
En realidad, el Alto Tribunal no procedió, como quería Moncloa, a admitir sin más su recurso pidiendo la anulación de la candidatura del prófugo. Lo que sí hizo tras un larguísimo debate fue imponer severas condiciones a la celebración del Pleno de investidura anunciado por el presidente del Parlament, Roger Torrent, para el próximo martes día 30. En definitiva, Puigdemont sólo podría ser investido si acude en persona a la Cámara y con autorización del juez puesto que sobre él pesa una orden de búsqueda y captura e ingreso en prisión.
El Gobierno, con esta decisión alambicada del TC logra, tal y como se señaló desde Moncloa, que se «ponga en valor» el propio Reglamento del Parlament frente al «fraude que supondría la investidura a distancia». Por ello, las fuentes gubernamentales insistieron en felicitarse por el hecho de que los magistrados «hayan evitado una burla a la ley, al propio Parlamento de Cataluña y al resto de grupos políticos cuyos derechos», añadían, «serían claramente vulnerados con una investidura sin presencia del candidato».
Moncloa afirma que el TC impide la celebración de una investidura fraude
Además, hacían especial hincapié en la advertencia hecha por el Constitucional de que en ningún caso podrá procederse a la investidura del candidato «sin la pertinente autorización judicial, aunque comparezca personalmente en la Cámara».
Con esta decisión, el Ejecutivo ha conseguido entorpecer al máximo las posibilidades que tenía el prófugo de ser investido pero no ha logrado que preventivamente se anule su candidatura puesto que ello habría supuesto conculcar sus derechos políticos. Ha habido por tanto victoria, pero ha sido pírrica.
La iniciativa de impugnar la candidatura de Puigdemont in extremis partió de Vicepresidencia del Gobierno. La Abogacía del Estado buscó una rendija legal para lograrlo, pero la base jurídica con la que pretendía sustentar su argumentación era débil, tanto que el Consejo de Estado en su dictamen preceptivo la rechazó de plano calificándola de mera hipótesis y tachando de preventiva la impugnación que se perseguía.
Pese al varapalo, el Ejecutivo decidió seguir adelante con la presentación del recurso ante el Tribunal Constitucional. El riesgo que se corría era mucho, pero también era trascendente el objetivo final que se jugaba: cortar de raíz la posibilidad de una investidura show, con el candidato compareciendo a través de un plasma o por persona interpuesta, y retransmitida por las televisiones, las radios y la prensa escrita de medio mundo.
Fue en estas condiciones en las que Rajoy optó por dar cauce a la propuesta de Sáenz de Santamaría y su equipo de abogados del Estado. El desafío adquirió tintes preocupantes cuando el magistrado ponente del TC, Juan Antonio Xiol, presentó sus argumentos en contra. La jornada se hizo eterna a la espera de una decisión que a todas luces no sería nítidamente favorable a las tesis gubernamentales aunque finalmente le permita salvar jurídicamente los muebles.
Tras la decisión del TC, el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha publicado un tuit en la red social con el siguiente mensaje: "Todos los demócratas tenemos la obligación de respetar las decisiones de los tribunales".
Todos los demócratas tenemos la obligación de respetar las decisiones de los Tribunales. El Gobierno de España seguirá cumpliendo, además, su deber de defender la Ley y los derechos de los catalanes y del conjunto de los españoles. MR https://t.co/gxafFnjonI
? Mariano Rajoy Brey (@marianorajoy) 27 de enero de 2018
Rivera: la decisión del TC es "de sentido común"
El presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, considera "de sentido común" la decisión del Tribunal Constitucional (TC) de suspender la investidura de Carles Puigdemont como presidente de la Generalitat bajo cualquier fórmula no presencial.Quien no asista al pleno de investidura para huir de su responsabilidad penal ante la justicia no puede ser presidente, es de sentido común. https://t.co/Oo689KSTFo
? Albert Rivera (@Albert_Rivera) 27 de enero de 2018
"Quien no asista al pleno de investidura para huir de su responsabilidad penal ante la justicia no puede ser presidente, es de sentido común", ha escrito Rivera en su cuenta personal de Twitter tras conocer el acuerdo del pleno del TC.
La decisión del pleno del TC se trata de una medida cautelar acordada en respuesta al recurso del Gobierno contra la investidura -que contaba con el dictamen desfavorable del Consejo de Estado- y que irá acompañada de un requerimiento en el que el TC advierte de que su decisión debe ser obedecida, han señalado fuentes judiciales, informa Efe.