Puebla no es el único estado en donde un gobernador ha propuesto jueces para el Tribunal de Justicia Administrativa hasta por 15 años, como parte de su armonización al Sistema Nacional Anticorrupción, lo anteceden al menos otras cuatro entidades con plazos similares o mayores, como Nuevo León en donde la permanencia de los magistrados contempla hasta 20 años.
Conforme una revisión que realizó CAMBIO en las reformas concretadas en ocho estados para dar paso a la creación de un Sistema Estatal Anticorrupción, verificó que aparte de Nuevo León, en Michoacán se estableció la permanencia de los jueces administrativos por cinco años con posibilidad de reelección hasta por dos periodos, lo que implica que estarían en el cargo hasta por 15 años como en Puebla –en caso de ser avaladas por el Congreso local las reformas propuestas por el gobernador Rafael Moreno Valle el miércoles pasado.
En Guanajuato se fijó un periodo por siete años con posibilidad de una reelección (14 años) al igual que en Jalisco.
Como parte de la reforma constitucional presentada por el Ejecutivo del estado el miércoles, entre otros puntos, propuso la creación del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado, un ente autónomo que se encargará de dirimir las controversias entre servidores públicos y particulares.
El Tribunal de Justicia Administrativa, solventa un vacío institucional en Puebla debido a que se había rezagado –junto con otros dos estados– en la adecuación de una instancia de este tipo con tareas específicas como ya se operaba en otros estados, pero con otros nombres como “Tribunal de lo Contencioso”.
Para esta tarea, la propuesta que hizo el Ejecutivo estatal contempla una Sala Superior con tres magistrados, mismos que serán elegidos por el propio Moreno Valle y permanecerán a lo largo de 15 años en su puesto siendo elegidos escalonadamente por primera y única ocasión.
Puebla empareja con sistema anticorrupción de otros estados
Aunque la iniciativa de Moreno Valle podría quedarse “corta” ante reformas de otros estados como Sonora, Jalisco, Estado de México y Guanajuato por no contemplar en su Sistema Estatal Anticorrupción la eliminación del fuero constitucional y obligar a los servidores públicos a presentar su declaración fiscal, empareja con otros en cuanto a los plazos fijados para un magistrado administrativo.
Nuevo León, a pesar de que desde 2012 cuenta con este órgano autónomo, tiene nombrados a tres magistrados designados para un periodo de 10 años por el Congreso del Estado fronterizo, pero tendrán opción a una reelección.
Otro ejemplo más es Michoacán, cuyos colegiados son designados por el Ejecutivo y ratificados por su legislatura para cinco años de ejercicio, sin embargo, podrán volver a ocupar el puesto dos veces consecutivas más, quedando en el Pleno por 15 años, al igual que en Puebla.
Por su parte, Guanajuato y Jalisco se equiparan, con 14 años de gestión derivado de hasta dos periodos de siete años, según la normatividad local.
Veracruz, ahogado en temas de corrupción a nivel gubernamental, cuenta con un Tribunal Administrativo ya añejo, y tiene magistrados nuevos cada década, mismos que son elegidos por el gobernador.
Sonora, que apenas está transitando a la conformación de la Sala Superior en esta materia, tendrá magistrados de apenas seis años sin opciones para un segundo periodo.
Hacen transformaciones como parte de la homologación
Actualmente en México, incluyendo Puebla, hay nueve estados que tienen sobre la mesa o han aprobado la creación de su Sistema Estatal Anticorrupción, el cual, como parte del mandato federal de armonización con el esquema federal, exige la conformación de un Tribunal de Justicia Administrativa, no obstante, el método de designación de los magistrados se mantiene abierto e indistinto para cada entidad.
Por esta razón, los estados están convirtiendo sus Tribunales de lo Contencioso-Administrativo en Tribunales de Justicia Administrativa, al cual le dotan nuevas facultades para imponer sanciones a particulares que incurran en faltas graves en tareas emanadas de la administración pública.